Igualdad de trato para la pesca

China es, con más de 13,2 millones de toneladas declaradas —son registros oficiales de la FAO—, el país del mundo con más capturas anuales de pescado. Es también un agente comercial mayúsculo: exporta cada año productos del mar por casi 8.800 millones de euros, con importaciones por otros más de 15.000 millones, de acuerdo a los registros actualizados de la ONU. Si pensamos que Europa es deficitaria en esta proteína —no podría abastecerse de pescado con su propia capacidad extractiva—, la industria pesquera del gigante asiático resulta un actor indispensable en materia alimentaria y socioeconómica. Nadie puede poner esto en cuestión.

Lo que sí ha de ser discutible y discutido es el modo en que compite con los medios de producción del resto del globo y, singularmente, los de capital gallego. Y no solo discutido: las malas prácticas deben ser investigadas, reprobadas y castigadas, porque tienen que tener consecuencias punitivas directas, por más grande que sea China en todos los aspectos de la geopolítica mundial. A la Administración le compete una actitud proactiva en esa indagación y, eventualmente, la imposición de medidas de castigo y correctivas. Es evidente que no lo está haciendo.

«Las malas prácticas deben ser investigadas, reprobadas y castigadas, porque tienen que tener consecuencias punitivas directas, por más grande que sea China en todos los aspectos de la geopolítica mundial»

El pasado octubre FARO publicó que entre los buques pesqueros chinos autorizados oficialmente a comercializar sus capturas en la Unión Europea había más de media docena de embarcaciones sancionadas por pesca ilegal, además de otras cazadas operando en aguas prohibidas. Fue el resultado de una compleja investigación, cruzando los códigos IMO de cada embarcación —eran en aquel momento 584— con las bases de datos de buques INDNR (siglas para pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) de todas las organizaciones regionales de pesca. Este periódico divulgó sus nombres, sus DNI —el IMO es un código intransferible y solo se anula con la baja definitiva, ya sea por naufragio o desguace— y los códigos concedidos por Bruselas para vender sus capturas. En total, enumeró siete pesqueros de China y dos congeladores de pabellón coreano.

Los eurodiputados populares Francisco Millán Mon y Gabriel Mato registraron una iniciativa parlamentaria en base a este trabajo a fin de obtener un pronunciamiento oficial del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis. «¿Conocía la situación denunciada por FARO DE VIGO? ¿Qué medidas adoptará para garantizar que todos los productos se verifiquen conforme al Reglamento INDNR?», preguntaron por escrito con fecha del 4 de noviembre. Kadis respondió el día 13 de enero: «La Comisión es consciente de la situación comunicada por FARO DE VIGO», constató.

El cambio de nombre de los barcos chinos, y un acuerdo bilateral sin detalles entre China y Estados Unidos, permitió su retirada de la lista INDRN de la organización regional de pesca del Pacífico Norte (Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC), abundó el comisario. Las siete embarcaciones detectadas constaron como «ilegales» entre 2017 y 2024 en esa lista negra.

Como FARO ha publicado después, los técnicos de la NPFC no avalaron este cambio, como consta en su informe oficial del año 2024. En su literalidad, indicaron que «no propusieron retirar ningún barco de la lista». De modo que, en esencia, los buques han sido legalizados para vender en Europa pese a haber figurado durante años como ilegales y sin ninguna medida correctora, más allá de un cambio de nombre. Kadis no anunció ninguna medida para corregir esta situación.

Con toda razón, el sector pesquero en pleno ha exigido acciones a Bruselas, habida cuenta no solo del evidente trato discriminatorio para con esta flota asiática, sino por la vulneración clara de los principios de competencia justa o level playing field. La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca) y la Organización Productores Asociados Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) han compartido el clamor.

El control efectivo sobre las flotas para el cumplimiento de cualquier iniciativa que permita la explotación sostenible de los recursos es inexcusable, y debe formar parte de un objetivo compartido entre los sectores extractivo y la administración. Pero de nada sirve su aplicación si, en paralelo, la máxima autoridad para toda la Unión Europea en materia de pesca no exige los mismos protocolos a Estados de otro pabellón. Llámese China o cualquier otro. Una vez más, la pesca constata y evidencia su indefensión, sometida además a una draconiana estrategia de reducción de posibilidades de pesca—recordemos que el veto a la pesca de fondo se adoptó sin evaluar el impacto real del palangre en los ecosistemas demersales o sus consecuencias socioeconómicas— que no hace más que incrementar la dependencia del continente de la importación de pescado. FARO ha demostrado cómo las grietas de la institución, o su dejadez, están permitiendo a esos buques la comercialización de sus capturas en nuestros supermercados, con licencia oficial. Activa a día de hoy, por cierto.

El empeño que hemos puesto, y seguiremos poniendo, para aflorar esta oscura realidad tendrá recompensa si se adoptan decisiones reales y eficaces, resoluciones positivas para un sector clave de la economía y, por extensión, para el conjunto de la sociedad.