La callada de la AP-9

Las administraciones públicas, todas, son especialistas en demorar cualquier trámite, por pequeño que sea, hasta la eternidad. Siempre falta algo, aunque sea un detalle nimio, que te obliga a volver una y otra vez al punto de partida, en una especie de rueda de ratón en la que puedes llegar a morir de desesperación. Y si el trámite en cuestión afecta a dos administraciones enfrentadas o de distinto color político, los proyectos, como por arte de magia, vuelven una y otra vez al cajón, se cronifican y la mayoría fracasa.

No, este artículo no va sobre la larga lista de obras frustradas o al ralentí en la que participan dos o más administraciones en Vigo (así a bote pronto: túneles, la ETEA, la antigua estación de autobuses…), aunque el argumento es exactamente el mismo. Va del ultimátum que la Xunta ha dado al Ministerio de Transportes, que pilota —por ahora, no está claro cuánto podrá aguantar— Óscar Puente, para que le entregue las alegaciones presentadas a la Comisión Europea a raíz del dictamen que insta claramente al Estado español a rescatar la concesión de la AP-9 porque, como todo el mundo sabe, se extendió hasta 2048 de forma ilegal, a dedo, cuando debería haber salido a concurso público.

Dijo el presi Rueda el lunes que le daba un mes de plazo para que remitiesen toda la documentación o llevaría el tema a los tribunales. Me parece muy bien, pero yo iría ya al juzgado para no perder el tiempo, porque está claro que Transportes va a imponer la ley del silencio. De hecho, es la estrategia que ha aplicado desde los primeros avisos de Bruselas tras la denuncia de En-Colectivo (esta gente se merece un monumento; como mínimo, Vigueses Distinguidos). Tanto es así que ni siquiera le han dicho que «no» al dictamen europeo de abril del año pasado, negativa que permitiría a la Comisión activar la vía judicial en el TJUE. Han intentado resolver el tirón de orejas, una vez más, con la callada por respuesta, con un «¿por qué no lo hablamos otra vez?», alargando el proceso sine die y obligándonos a los gallegos a seguir pagando al monopolio de Audasa. Con descuentos —menos mal— y peajes en la sombra, todo hay que decirlo.

Porque mientras España no diga que «no» a Bruselas, el caso seguirá en punto muerto: sin rescate y, por supuesto, sin transferencia de la AP-9 a Galicia. Así que ese mes de cortesía para algo que sabemos que no harán, mejor ahorrárselo, ¿no? El Gobierno, este, pero también los anteriores, no quiere saber nada de un posible rescate multimillonario hasta que no tenga más remedio que acometerlo, obviando que saldrá mucho más caro mantener la concesión hasta 2048 como está previsto.

Porque de eso va todo esto: de ganar tiempo, de mirar para otro lado y de confiar en que el problema lo herede otro. Un clásico de la política española. Mientras tanto, la AP-9 seguirá siendo una anomalía europea, un negocio blindado por decisiones ilegales y un agravio cotidiano para miles de gallegos que pagan por circular por una autopista que debería ser pública desde hace años. Así que sí, ultimátums, plazos y buenas palabras quedan muy bien en titulares, pero la experiencia dice que aquí solo se mueve algo cuando hay jueces de por medio. Todo lo demás es burocracia, silencio administrativo y otra vuelta más en la rueda del ratón. Y esa, precisamente esa, ya nos la sabemos de memoria.