Galicia solo acepta una AP-9 libre

El debate político es sano y connatural de la buena salud democrática de un país. Una dialéctica entendida como la contraposición constructiva de ideas, propuestas, también de críticas y censuras, pero no como manifestaciones que se recrean en un lodazal de vulgaridades. Así que es muy lícito que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, critique las posiciones y errores históricos del Partido Popular respecto a Audasa y la concesión de la AP-9, y que sea mordaz y vitriólico en sede parlamentaria con el Gobierno que aprobó su prórroga hasta 2048. Lo que no es a estas alturas edificante ni aceptable es que ese debate político pretenda desviar, ocultar, arrasar la legítima reivindicación de una ciudadanía que está agotada, pero no rendida, de sufrir el agravio de esta autopista. Porque no son los senadores ni los diputados populares los que tienen que pagar los peajes más abusivos de la red de carreteras del Estado: son el conjunto de los gallegos que la utilizan —sin alternativa, porque no existe una vía de alta capacidad a la que recurrir para evitar la AP-9— y los que incluso no lo hacen los que han de sufragarla con sus impuestos, ya sea con peajes en sombra, bonificaciones o hipotecas a largo plazo.

En una entrevista concedida antes de acabar el año a Prensa Ibérica, grupo editor del Decano, Puente fue expeditivo, en ese estilo popularecho y provocativo que le caracteriza, al ser cuestionado por el rescate de la autopista. “Voy a decirlo en castellano para que se entienda. Me sorprende el morro que le echa la Xunta y el PP en este tema […] Es que si hay alguien que no puede decir una palabra sobre este tema es el Partido Popular”. Debería saber el ministro Puente que la ciudadanía es plenamente consciente, entre otras cosas porque en FARO lo hemos repetido hasta la saciedad, quién residía en La Moncloa en el momento en que se prorrogó la concesión a Audasa, cuando todavía restaban más de dos décadas para su extinción; una prórroga que ha atado a Galicia de manos y pies a la empresa hasta dentro de 22 años y medio. Está en su legítimo derecho el ministro de recordarlo, pero no puede menospreciar el clamor que exige su liberalización solo por el hecho de que, en efecto, fuese José María Aznar quien plasmó su firma en aquella decisión que, a la postre, ha sido considerada contraria a derecho por la Comisión Europea. Lo volvemos a repetir: la prórroga de la concesión firmada por el Gobierno de Aznar fue ilegal, y aquella rúbrica explica buena parte, pero no todo, del problema actual. Dicho esto: ¿acaso esa firma impide de por vida a la Xunta y al Partido Popular criticar la mala gestión del ministro sobre la AP-9? ¿Y también ha de sepultar la innegociable exigencia ciudadana sobre la anulación de dicha prórroga?

No debe olvidar Puente, además, que la participación de los gobiernos socialistas fue indispensable para blindar las paradisíacas condiciones de las que goza la concesionaria, ahora en manos de fondos de inversión de Países Bajos y Suiza, vía Luxemburgo. Porque fue un Real Decreto de 2011, en plena crisis –con nubarrones de default sobre la economía española–, el que armó las condiciones para la ampliación de Rande, habilitando a Audasa a incrementar un 1% extra los peajes durante dos décadas y creando una deuda pública con la empresa, denominada saldo de compensación, que se actualiza con la inflación y que asciende ya –con datos a 30 de junio de 2025– a 366,5 millones de euros. Más claro todavía: fue el consejo de ministros en vigor, por decisión de la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien se negó a pagar de una tacada el saldo de compensación que hubiese evitado que la deuda siga medrando: desde aquel “no” de Montero (2022), esta partida ha crecido en casi 28 millones de euros. Su decisión se tomó contra el criterio de responsables del entonces ministerio de Transportes. Y, por cierto, esto tampoco lo pagarán en exclusiva los senadores y diputados socialistas, sino el erario público, el dinero de todos.

«El problema, más allá de las batallas políticas, es que es a los ciudadanos a quienes se ha torturado con la gestión de esta infraestructura»

El problema, de nuevo y más allá de las batallas políticas, es que es a los ciudadanos a quienes se ha torturado con la gestión de esta infraestructura; fueron ellos los que empezaron a pagar ese 1% extra en los peajes cuando las obras en Rande estaban sin rematar, con Mariano Rajoy en La Moncloa, en este caso; son ellos los que han sufrido las evasivas respecto a las medidas de protección contra el ruido, y lo siguen haciendo en áreas de población como la de Teis; son ellos los que están pagando el kilómetro a 24 céntimos, el doble de lo que cuesta ir a Madrid; es a ellos a los que les han subido las tarifas un 4,68% desde el día 1 de enero, frente al 3,64% de alza del conjunto de viales que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT); son ellos los que han visto cómo, sin mayores contratiempos, el Consejo de Ministros acaba de aprobar la liberalización de peajes en una autopista, la AP-7 de Alicante, cuya concesión expiraba en 2040.

La reclamación por una autopista sin peajes tiene, a mayor abundamiento y por si fuese necesario, unos sólidos cimientos jurídicos. No es un capricho. Es que desde instituciones europeas se ha determinado ya en tres ocasiones que la prórroga fue ilegal, que no se hizo ningún trámite preceptivo de concurrencia competitiva, que se alargó la concesión para incrementar el precio de la privatización. Que aquel procedimiento lleve estampada la firma de uno u otro líder, de uno u otro color político, no va a hacer más digestivo este tarifazo ni los que vendrán. De las manifestaciones del Gobierno actual, taxativo en su rechazo al rescate de la concesión, solo nos quedaría confiar en un procedimiento judicial en Bruselas que será irremediablemente largo, aunque los precedentes son favorables a la liquidación de la AP-9 tal y como está concebida a día de hoy. Pero, para que se entienda, la ciudadanía ha demostrado con creces que se sabe justa en sus reclamaciones y que tiene fuerza para mantenerlas sin desmayo. Porque le asiste la justicia.