Año electoral

Mientras Donald Trump se propone reescribir la gramática del poder para el siglo XXI, España entra en un largo ciclo electoral del que se sabe cuándo empezó –el pasado mes de diciembre en Extremadura–, pero no exactamente cuándo terminará. Podría ser en las autonómicas de mayo de 2027 o incluso después, si Pedro Sánchez logra evitar el adelanto de las generales. Esto nunca puede asegurarse, porque las fuerzas en acción son múltiples, discordantes y a menudo opuestas. Sabemos lo que sabemos y poco más. Que el PIB crece impulsado por el estímulo de la inmigración y por los esteroides del dinero fácil, y que este incremento favorece el relato de éxito de nuestro presidente. Sabemos que la corrupción acorrala al gobierno y que la financiación apunta hacia el corazón del Partido Socialista; pero no ignoramos que el presidente resistirá en la Moncloa mientras los partidos que le dan apoyo parlamentario sigan creyendo que les resulta más conveniente mantenerlo que sentenciarlo. Se trata de una lógica del poder oculta bajo una multiplicidad de máscaras, más o menos nobles, más o menos confesables. Sabemos que hay fuertes tendencias en marcha, desplazamientos del voto que benefician a determinados partidos por encima de los demás, y que esto también tiene consecuencias en la toma de decisiones. Lo que unos pierden lo ganan otros y no hay mucho más.

Pero esto no quita que hayamos entrado ya en un periodo electoral intenso y rápido, en el cual los errores se pagan y los aciertos no siempre dan resultado. Un mensaje equivocado, un presupuesto fallido, una activación insuficiente de las bases, un exceso –o falta– de contundencia verbal, el miedo a determinados sectores marcarán quizás irrevocablemente estos meses venideros. Será interesante observar si los grandes consensos que hicieron posible la prosperidad española en este último medio siglo se mantienen o si nos adentramos en un periodo distinto que responde a reglas de juego también diferentes. Hay –y ha habido– consensos políticos en nuestro país que han dificultado una modernización más rápida y, sobre todo, más efectiva. Uno de ellos –entre los más graves y perniciosos– ha sido la mala regulación de la vivienda, tanto pública como privada. Y no es el único.

Balears tampoco supone una excepción y Prohens deberá medir sus movimientos en este último año que le resta en el poder. Juega a su favor el declive estructural del PSOE nacional con sus afecciones territoriales, al igual que la momentánea ausencia de líderes fuertes en el nacionalismo insular. En cambio, juegan en su contra los vientos de cola propicios a Vox a nivel nacional –a pesar del caos interno que ha caracterizado al partido en las islas–. En medio de una coyuntura política y social complicada, a lo largo de estos tres años Prohens ha optado por una gestión prudente, a veces demasiado poco atrevida para la sensibilidad actual de su electorado. O, al menos, de una parte del mismo. No olvidemos que las vigencias ideológicas tienen mucho de reacción temperamental y que las emociones son por definición volátiles y contradictorias. Rebajar mucho más los impuestos, desregularizar los excesos burocráticos que frenan el crecimiento e impulsar decididamente la construcción –y la rehabilitación– de vivienda parecen medidas imprescindibles para un gobierno que se considera de centroderecha, sin olvidar que el invierno demográfico exige adecuar el Estado del bienestar a sus nuevas necesidades. Mirar a largo plazo es mucho más urgente que atender a lo inmediato. Y es que ninguna virtud política subsiste aislada. La prudencia requiere a su vez del coraje y de la inteligencia, de la voluntad y de cierta visión.

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