La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)

Existe una verdad tan elemental que resulta incómodo enunciarla: un hospital existe única y exclusivamente para curar enfermos. No sirve para dar empleo ni para justificar organigramas. Tampoco para alimentar burocracias ni para experimentar teorías organizativas. Existe para que un ser humano enfermo salga de él menos enfermo o, al menos, habiendo recibido el mejor tratamiento posible.

De esta premisa se deriva una consecuencia lógica que el sistema sanitario español parece empeñado en ignorar: en ese proceso de curación solo hay dos figuras absolutamente imprescindibles. El paciente, que es la razón de ser de todo el edificio, y el médico, que posee el conocimiento para conducir ese proceso. Todo lo demás —y esto no es desprecio, sino taxonomía— es estructura de apoyo. Necesaria, valiosa, a menudo heroica, pero auxiliar.

El médico es el único profesional capaz de realizar el acto nuclear que justifica la existencia del hospital: diagnosticar la enfermedad y establecer el tratamiento. Sin diagnóstico no hay dirección posible. Sin indicación terapéutica no hay acción con sentido. Un celador traslada al paciente, pero es el médico quien determina adónde y por qué. Una enfermera administra medicación, pero es el médico quien decide cuál, cuánta y cuándo. Un técnico realiza una prueba, pero es el médico quien la indica y quien interpreta su resultado.

Esta jerarquía funcional no es una convención social ni un privilegio heredado: es consecuencia directa de la formación. Seis años de carrera más cuatro o cinco de especialización MIR producen un profesional capaz de integrar conocimientos de anatomía, fisiología, patología, farmacología y mil disciplinas más en una síntesis diagnóstica que ningún otro profesional sanitario está entrenado para realizar.

Hay una prueba empírica irrefutable de esta asimetría: la intercambiabilidad. Un médico puede, en caso de necesidad, realizar las funciones de cualquier otro profesional del hospital. Puede empujar una camilla, canalizar una vía, extraer sangre, tomar constantes —en Alemania estas funciones las realiza habitualmente el médico—. La inversa no es cierta. Un celador no puede diagnosticar una neumonía. Una enfermera no puede indicar una intervención quirúrgica. El médico puede suplir a cualquiera; nadie puede suplir al médico.

El reconocimiento de esta realidad no implica desprecio hacia nadie. Los cuidados de enfermería son esenciales. La labor del celador permite que el flujo hospitalario no se detenga. Todos merecen respeto y retribución justa.

Pero el respeto a la dignidad personal no puede confundirse con la equivalencia funcional. En un quirófano, el cirujano no vale más como ser humano que el auxiliar; pero su función es insustituible de un modo en que la del auxiliar no lo es.

Esta distinción, obvia en cualquier otro ámbito, se ha convertido en tabú en la sanidad española. El igualitarismo ambiental ha conseguido que una verdad funcional evidente se perciba como ofensa moral.

La pirámide invertida

Lo que ocurre en la sanidad española contemporánea es un fenómeno digno de estudio antropológico: se ha invertido la pirámide de la autoridad mientras se mantiene intacta la pirámide de la responsabilidad.

Al médico se le exige responder ante el juez, ante el colegio profesional, ante la dirección del hospital, ante el paciente y ante la sociedad por cada decisión clínica. Cuando algo sale mal —y en medicina las cosas salen mal con una frecuencia estadística medida e inevitable— el médico está solo ante el expediente, solo ante la demanda, solo ante el titular de prensa.

Sin embargo, a ese mismo profesional se le ha despojado sistemáticamente de la autoridad correlativa. Una enfermera cuestiona la indicación con tono de fiscalización. Un celador decide que el traslado puede esperar y se ausenta. Un técnico rechaza hacer una placa porque «no ve clara la indicación». Y el médico, que acaba de sopesar quince diagnósticos diferenciales, debe justificarse ante quien no tiene formación para comprender la complejidad de lo que se está decidiendo.

El ejemplo más sangrante proviene del estamento administrativo. El gerente que prohíbe utilizar determinado implante porque hay otro más barato, sin entender que el más barato tiene una tasa de fracaso tres veces superior. El protocolo que limita resonancias magnéticas mensuales, como si la patología debiera adaptarse al presupuesto. Ocurrió con la artroscopia de hombro en sus inicios, vetada porque «el instrumental y los implantes eran muy caros»: la decisión sobre qué técnica quirúrgica emplear quedaba en manos de quien no distinguía un artroscopio de un otoscopio.

El mensaje es demoledor: tu criterio clínico está subordinado a mi criterio económico. Tu conocimiento vale menos que mi hoja Excel.

Y está la degradación de la firma médica. Se firma todo: partes, solicitudes, informes, consentimientos, facturas. Esto da lugar a una pérdida de valor de la firma, la banaliza. Pero es una banalización selectiva: cuando la firma implica responsabilidad, se exige con rigor; cuando debería implicar autoridad, se ignora. El médico firma una indicación quirúrgica y el gestor la pospone. Firma una solicitud de material y el administrativo la rechaza. La firma sirve para que te condenen, no para que te hagan caso.

El patrón es invariable: el médico firma, responde, carga con las consecuencias. Pero no decide, no manda, no tiene la última palabra.

Próxima entrega: «El marco perverso»

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