El callejón sin salida de la financiación autonómica

Cuando las promesas caducan de forma sistemática es misión imposible esperar de los ciudadanos la confianza en que esta vez sí se va a cumplir el nuevo compromiso anunciado. Pese a ello, nuestros gobernantes insisten machaconamente en regalarnos promesas, con plazos incluidos, quizá en la convicción de que somos ingenuos, desinformados o amnésicos. Y no es así, entre otras razones porque para eso estamos precisamente los medios de comunicación, para recordar incumplimientos, aplazamientos y olvidos. Para explicar el contexto que invalida la promesa.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, recuperó la semana pasada un compromiso que a estas alturas se ha convertido en un clásico que destila olor a naftalina: a principios de 2026 presentará a las comunidades una propuesta de financiación autonómica. Si no fuese por la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de sacar unos presupuestos generales; si no fuese porque el Ejecutivo carece de apoyos mínimos para aprobar una sola ley desde hace meses por el descuelge de Podemos y la fuga (otra más) del Junts de Carles Puigdemont; si no fuese por el rechazo de las once autonomías que preside el Partido Popular; si no fuese porque en los próximos meses habrá elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León, Andalucía y quizá Aragón; si no fuese porque en los comicios andaluces será la propia ministra la que encabece la candidatura socialista... Si no fuese por todo este cúmulo de circunstancias, entre otras, el anuncio de María José Montero debería recibirse como una buena noticia.

Como se aprecia, los motivos que abonan el escepticismo, sino el descreimiento, son múltiples y difíciles de rebatir. Estamos, con toda probabilidad, ante una nueva oportunidad perdida. Y es una lástima. Porque actualizar el modelo de financiación autonómica es una prioridad. El actual sistema data de 2009 y a nadie se le escapa que ese escandaloso desfase inflige un flagrante perjuicio a las administraciones regionales a la hora de atender su obligación en asuntos tan básicos y tan próximos al ciudadano como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

El compromiso adquirido en 2009 exigía una actualización cada cinco años, pero desde entonces no se ha vuelto a tocar el reparto de fondos. Ningún gobierno, aunque gozase de una mayoría absoluta que hoy es una quimera, se ha atrevido a afrontar una cuestión de tal calado. Ni Partido Popular ni Partido Socialista, curiosamente por razones similares, han querido abrir un melón ante el temor a los daños electorales colaterales. Así que durante casi tres lustros el modelo de financiación se ha movido entre la parálisis y los parches.

Reformar un modelo de financiación es lo más parecido que puede haber en política a la cuadratura del círculo. Se trata de aportar más recursos a todas las administraciones regionales para mejorar su eficacia, pero en ese loable empeño las fricciones y las diferencias entre las comunidades son insalvables. Porque todas se ven merecedoras de un trato mucho más favorable. En esta batalla la solidaridad y la generosidad brillan por su ausencia. No estamos ni siquiera ante una pugna entre bloques ideológicos (izquierda/ derecha), porque entre las propias comunidades gobernadas por un mismo partido las discrepancias son sustanciales, hasta el punto de que hay más afinidades entre las regiones de Galicia y Asturias (lideradas por PP y PSOE, respectivamente) que entre Galicia y Valencia (las dos populares) o Asturias y Cataluña (ambas socialistas).

La actualización del modelo, ya de por sí complejísima tanto desde el punto de vista técnico como político, ha encontrado un nuevo factor que la hace en la práctica inviable: la exigencia de los independentistas catalanes (ERC-Junts) asumida por el president socialista Salvador Illa de una negociación bilateral Cataluña-Estado. En este mismo espacio editorial hemos denunciado el sinsentido, incluso la dudosa legalidad, de convenir con una parte de España para luego negociar con el resto. Sería la expresión más acabada de un Estado con autonomías de primera —Cataluña se sumaría al grupo de País Vasco y Navarra, que ya gozan del privilegio foral— y de segunda. Más que negociación, estaríamos ante un mercadeo con el dinero de todos.

Sin embargo, da la impresión que esa negociación está en marcha desde hace tiempo. Eso explicaría que la consejera de Economía de Cataluña, Alicia Romero, haya puesto cifras a lo que su comunidad recibiría con el nuevo modelo: entre 3.800 y 5.000 millones más. Además, ha dado por hecho que incluirá el principio de ordinalidad —que limita el de la solidaridad al garantizar a las comunidades ricas su renta por habitante— y suficiencia financiera —que permite a las regiones disponer de todos los recursos necesarios para cumplir con sus deberes—, dos aspectos que en público el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado hasta ahora a admitir.

Aun sin conocer los detalles, ni siquiera los titulares gruesos, del nuevo modelo de financiación, instituciones económicas de prestigio han apuntado a Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía como las grandes beneficiarias del reparto de fondos. Galicia se quedaría prácticamente igual, con un ligero aumento que de ninguna forma le serviría para afrontar los déficits que padece. Además, los criterios que defiende de envejecimiento y dispersión poblacional tampoco serían esenciales en la distribución de recursos.

La ministra Montero, sin embargo, mantiene, como si estuviésemos ante el milagro de los panes y los peces, que habrá fondos suficientes para todos; que las aspiraciones y reivindicaciones de unos y otros —algunas incompatibles— serán oportunamente satisfechas; que se tratará de un sistema justo, equitativo y equilibrado; que el modelo contribuirá a reducir las brechas, algunas sangrantes, entre territorios... Todo suena a un canto celestial.

Nadie discute de la urgencia de actualizar el modelo de financiación diseñado hace quince años, un sistema que es inútil y perjudicial. Pero es innegable que no se dan las mínimas condiciones para sacar adelante un gran pacto de Estado entre autonomías. Así las cosas, la ministra Montero, o quizá la candidata Montero, debería tener más cautela en su empeño en generar expectativas abocadas al fracaso. Porque ni ella ni el Gobierno del que forma parte gozan de una mínima estabilidad. Si su desafío real es salvar el día a día parece utópico pensar en que tenga autoridad para sentar los pilares con los que edificar la España plural de los próximos diez o quince años. El anuncio de la ministra, en definitiva, más que desbrozar un camino imprescindible hacia la igualdad y la solidaridad entre territorios parece conducir de nuevo hacia un callejón sin salida.