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Opinión | ¿y tú qué opinas?los lectores tienen la palabra

Marián garcía míguez

Libertad y seguridad: nuestro modelo frente a la violencia machista

Durante años, Galicia ha construido uno de los sistemas más sólidos, amplios y tecnológicamente avanzados para luchar contra la violencia de género. Lo ha hecho a través de legislación pionera, instituciones especializadas, recursos estables y una voluntad política que, con altibajos, se ha mantenido en el tiempo. En un momento en el que parte del debate público intenta reducir esta cuestión a un enfrentamiento ideológico, conviene recordar algo fundamental: España es, objetivamente, uno de los países más avanzados del mundo en prevención, protección y lucha contra la violencia machista. Y lo es por decisión consciente y continuada. Sin embargo, reconocer este liderazgo no implica negar la existencia del problema, ni minimizar el sufrimiento de las víctimas, ni mucho menos caer en el conformismo. Al contrario: solo desde un análisis honesto y basado en hechos podremos conservar y mejorar un modelo que otros países europeos—algunos con cifras de víctimas muy superiores como Alemania, Francia o Italia— aspiran a imitar. O los tan bien queridos países nórdicos donde escuchamos cansinamente sus buenos ejemplos a seguir y la prevalencia de la violencia física y/o sexual es tremenda: en Dinamarca es del 32 %, en Finlandia del 30 % y en Suecia del 28 %, frente a un 13 % en España. Se ha levantado, con paciencia institucional y una determinación poco habitual en nuestra política, un entramado de protección frente a la violencia contra las mujeres que hoy se estudia en otros países. No se trata de vanidad ni de autocomplacencia, sino de constatar un hecho: nuestro país figura entre los que presentan índices más bajos de crímenes machistas en Europa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué responsabilidad implica estar en esa posición?

La clave fue la apuesta temprana por un enfoque integral. Cuando muchos Estados europeos reaccionaban con parches y protocolos dispersos, España aprobó una norma que unificaba criterios, especializaba juzgados y daba estabilidad presupuestaria. Esa ley —que varios juristas comparan con los grandes consensos sociales del constitucionalismo europeo— abrió la puerta a un sistema que combina educación, investigación policial, apoyo psicológico y actuación judicial. Como recordaba Ulrich Beck, “la modernidad solo es eficaz cuando reconoce sus riesgos y los gestiona con inteligencia colectiva”. Esa idea encaja perfectamente con lo que se ha intentado construir aquí. Sin embargo, sería un error interpretar estos avances como un punto de llegada. Cada asesinato cuestiona la eficacia del sistema, nos obliga a revisar decisiones y plantea una pregunta incómoda: ¿estamos haciendo todo lo que deberíamos para adelantarnos a conductas que cambian con rapidez, especialmente en el entorno digital? La violencia ya no se manifiesta únicamente en el ámbito íntimo; adopta formas nuevas que requieren actualización constante y recursos adicionales.

El mayor peligro quizá no provenga solamente de los fallos técnicos, sino del clima social. La crispación erosiona cualquier política pública y reduce los debates a consignas que nada tienen que ver con la realidad. Conviene recordar que este modelo —mejorable, pero valioso— ha sido fruto de acuerdos amplios, del diálogo entre especialistas y de la continuidad de esfuerzos a lo largo de distintos gobiernos. Despreciarlo por razones partidistas sería irresponsable.

España ocupa una posición respetada en este ámbito porque ha sabido actuar con rigor, continuidad y sensibilidad. Los datos así lo indican, en 2021, la tasa fue de 2,37 víctimas por cada millón de mujeres, la más baja desde que se empezó a llevar registro, lo que supone una caída del 39,5 % desde 2003. Mantener ese lugar exige proteger lo que funciona, corregir lo que falla y no convertir la seguridad de las mujeres en un instrumento de confrontación. Secundo el planteamiento del sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas: «¿Hemos construido un espacio público capaz de sostener consensos duraderos frente a un problema que exige responsabilidad colectiva?». Juzguen ustedes mismos.

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