Estamos trabajando en ello...

Es la socorrida frase con la que cualquier personaje público suele responder cuando se le formula una pregunta acerca de un asunto para el que no tienen respuesta convincente.

El asunto es que, en este país, próximo a cincuenta millones de habitantes, el acceso a una vivienda digna y asequible en alquiler, para una persona que la necesite, es una utopía. El problema no ha parado de crecer, adquiriendo en la actualidad dimensiones dramáticas, sin que se hayan dado las respuestas adecuadas o puesto empeño suficiente en solucionarlo.

Contextualizando el hecho se advierten varios rasgos que paso a comentar como puede ser el magma de la gran desigualdad subyacente en nuestra sociedad: la gran mayoría que cada vez tiene menos, frente a una minoría que no cesa de incrementar su patrimonio con una corrosiva ambición, a la que no escapa la vivienda como suculento campo de pingües beneficios.

El espejismo de la macroeconomía. En nuestro territorio se dan unas cifras de crecimiento puntero cuya bonanza no llega a los hogares comunes que se siguen moviendo en la precariedad: contratos temporales incluso en sanidad pública; empleos estables con muchas más horas trabajadas que las consignadas; multiempleo como respuesta a las retribuciones insuficientes que hacen desaparecer la conciliación familiar; falsos autónomos economía sumergida, explotación mano obra inmigrante. Está claro que los beneficios no llegan aquí, se queda mucho más arriba.

Citando los beneficios están las grandes corporaciones tecnológicas muchas de ellas made in USA, con China siguiendo la estela. Consentimos que nos monopolicen haciéndonos peligrosamente dependientes. Somos usuarios-mercancía. Trafican con nuestros datos (¡es una aplicación gratuita!, decimos). Los inmensos beneficios apenas tienen retorno fiscal. Evaden descaradamente impuestos con sedes en paraísos fiscales.

Ahora todo es poco para invertir cantidades astronómicas en Inteligencia Artificial que previsiblemente será el próximo sunami que nos barra con sus dictados protocolos y algoritmos.

Y qué decir de la banca cuyas cuentas de resultados para este año rondan en su conjunto y hasta este septiembre alcanzan los 25.000 millones de euros. Los accionistas deberían estar agradecidos por nuestra contribución haciéndoles parte del trabajo de gestión desde las aplicaciones que nos ´invitan´a utilizar y de paso ponen fuera de juego a los mayores.

Otro rasgo contextual es el consumo en la alimentación. Los precios de los productos que nos llevamos a casa, tienen en origen un costo tan bajo que desespera a los productores. A lo largo de la cadena de distribución se multiplican desproporcionadamente. Sólo explican esta anomalía los movimientos especulativos que están detrás. Si ahora nos informan de las enfermedades de las aves, su carne y huevos por las nubes. Cuando pasa la alarma bajan unos céntimos y el alza se consolida.

El consumidor, el mismo que aspira a usar una vivienda, se ve obligado a buscar sustitutorios: como los ultraprocesados. Empobrecen la calidad de la dieta, con repercusión en la salud. Últimamente nos sorprenden con el bonito juego de la reduflación: menos cantidad por el mismo precio. ¿Dónde está el control a estos abusos?

Los otros atolladeros están en educación y sanidad en donde la tendencia es a debilitar lo público en favor de lo privado. El sistema se precariza y desgasta progresivamente. Por lo común se sobrecarga el trabajo de los profesionales, docentes o sanitarios, cuya respuesta responsable suple muchas carencias, hasta que la cuerda se tense tanto que se rompa.

En este panorama la adquisición de viviendas nuevas está solo al alcance de unos pocos, jóvenes los menos. Se ofrecen ayudas autonómicas para acceso en propiedad. Se recurre a la formación de cooperativas como fórmula de reducir costos. Las de segunda mano son otro objetivo codiciado. En este campo persisten las dificultades.

A mucha distancia están las oportunidades de acceso a la vivienda en alquiler cuando son una parte muy importante de la demanda. Figuran en el próximo presupuesto de la Xunta de Galicia entre las medidas de mejora de la vivienda con un apartado al alquiler. Su presencia no va a tener ningún efecto equilibrante en un mercado tan distorsionado.

El colectivo que intenta acceder a la vivienda de alquiler se encuentra con una espiral de subida de precios que no se detiene, estimulada aún más por la tendencia de los que abandonan el interior de la comunidad para llegar a las ciudades en busca de mejora de sus condiciones de vida. El vacío que dejan mina a los pequeños ayuntamientos que se ven incapaces para dar servicios a los pocos que quedan, generalmente mayores.

Se ven afectadas todas las etapas vitales de la persona: desde los jóvenes que no consiguen alojamiento fácil para poder realizar sus estudios, hasta aquellos que ya han conseguido una formación con tropecientos máster y supuesta autonomía económica.

Las soluciones, todas insatisfactorias a mi juicio, van desde la permanencia en casa paterna o de familiares a las incómodas fórmulas de vivienda compartida en sus múltiples variedades. El precio de alquiler de uno de estos recintos hoy es el que tenía un apartamento antes de la pandemia. En cualquier caso representan casi el 50% de los gastos de una retribución media. ¿Cómo se puede sentir una persona,incorporada a una actividad laboral, con una habitación como único espacio privado propio?

Con tales parámetros los valientes que se atreven a formar una familia, o lo hacen tarde o incluso renuncian a la paternidad. Los bajísimos índices de natalidad y subsiguiente envejecimiento poblacional y falta de relevo generacional, son otra deriva que ya venimos padeciendo. Da pavor el incierto horizonte a donde apuntan, al imaginar los hoy jóvenes llegando a su edad de jubilación.

Y qué decir de aquellos que llevan buena parte de su recorrido vital integrados en un barrio o lugar y son expulsados por maquinaciones especulativas de fondos de inversión u otros depredadores que disparan los precios de alquiler hasta el punto que les impiden continuar en, lo que ha sido su casa.Es muy duro el desenlace del desahucio. ¿A dónde van, si sobreviven?

La fiebre de lo turístico, el recurso jaleado desde todas las instancias de poder, también tiene sus sombras. Se sabe de personas que trabajan en hostelería utilizando caravanas como alojamiento porque es lo que su retribución le permite ante alquileres imposibles.

La transformación de viviendas en apartamentos turísticos que proliferan por doquier, muchas rozando el umbral de la inhabitabilidad, siguen recortando posibilidades al alquiler estable. ¿Dónde está el control?

Tras este repaso cabe preguntarse ¿qué tiene que pasar en este país para que sus residentes tengan acceso a un techo apropiado y asequible a sus condiciones existenciales?

Aún sabiendo que se requiere tiempo, los poderes públicos no han dado con la respuesta adecuada, pese a la gran cantidad de medidas adoptadas o que dicen adoptar, algunas meramente cosméticas y otras que quizá puedan mejorar algunos aspectos, sin llegar a la raíz.

Hay un importante vacío en el campo de la promoción estatal estable de vivienda para alquiler. Me refiero a la vivienda de alquiler de propiedad pública que, en ningún caso, ni ahora ni en el futuro, se transfiera a privados y menos a sociedades, sino que son usuarios hasta que dejan de necesitarlo y así otros puedan pasar a ocupar su lugar, siendo titular el Estado. El mercado inmobiliario tal y como está no se equilibra de hoy para mañana. Por tanto debería ser una acción constante, prolongada en el tiempo que debiera notarse en el medio plazo.

Según datos consultados, España tiene entre un 1 y 1,5% del parque de vivienda destinada a alquiler. Mientras que Holanda supera el 20%, seguidas por Austria y Dinamarca que están en esa cifra. Finlandia y Francia se mueven entre el 10-19% Si nos vamos al promedio europeo,se sitúa entre el 7-8%. Sobran comentarios.

La acción estatal la entiendo imprescindible. Mucho mejor si se coordina con las CC AA y Ayuntamientos. No obstante, estamos ante un panorama político sembrado de una fuerte crispación y polarización alimentadas a diario por los medios y redes sociales, donde triunfa la falsedad y lo trivial. Nuestros representantes públicos pasan horas debatiendo cuestiones muy distantes y distintas de lo que interesa a la gente.

Aún así, hay realidades de colaboración que están ahí y no deben quedar ocultas por el ruido informativo. Sin ir más lejos el Consorcio del Casco Vello de Vigo que rehabilita edificios del núcleo histórico de Vigo.

Con la participación inicial de Zona Franca y el Concello de Vigo luego fue la Comunidad Autonoma a través del (Instituto Galego De Vivenda y Solo, IGVS) quien ha intervenido. Es de resaltar su ya larga trayectoria de recuperación del núcleo, con el acierto de asentar inmuebles de servicio público en medio de las áreas residenciales, que ayudan a fijar y consolidar una población esencialmente joven.

Poner en marcha la promoción pública de viviendas en alquiler es una tarea que debe vencer grandes inercias, comenzando por la acción descoordinada de administraciones. Con la fragmentación se pierde eficacia y eficiencia.

Por lo general en Galicia las ayudas públicas para acceder a la vivienda en propiedad han quedado en manos de iniciativa privada. Las regulaciones a su venta, rebasado su tiempo límite pasaron a bienes libres. Para el alquiler las ayudas autonómicas se refieren a bonificaciones en el arrendamiento.

La habilitación de suelo para poder edificar es otro gran escollo. Tropieza aquí con el planeamiento urbanístico. No cabe duda que es un sistema muy garantista. No obstante, no es eficaz. No se pueden emplear 10 años en la redacción y aprobación de un planeamiento cuya rigidez convierte las actualizaciones en secuencias temporales que se vuelven a medir en lustros. Con el planeamiento secundario la escala de tiempos no difiere tanto.

Hay intentos loables de cambiar esta dinámica. Mientras esto no sucede es la acción estatal la que tiene que tomar el mando para vencer todas estas resistencias y llegar a resultados concretos. Una primera bolsa de suelo debe estar en el patrimonio municipal obtenido por cesión del 10% de suelo a los ayuntamientos, en la gestión urbanística.

Si el ente público estatal interviniera, se abriría un área de oportunidad para conseguir soluciones creativas a un complejo y distinto panorama de necesidades y composiciones familiares que ha cambiado enormemente en los últimos tiempos. La aportación de los profesionales, arquitectos, ingenieros, es imprescindible para dar calidad material y formal a las nuevas realizaciones.

Un apunte al margen, en cuanto al sistema de contratación del estado. Tanto en las obras como en los proyectos la adjudicación a la baja, como comúnmente viene haciendo la administración, es una muy mala praxis que no consigue beneficios en el resultado, sino pérdidas de calidad incluso con ulteriores incrementos económicos y alargamiento de plazos. En suma, el efecto contrario al supuestamente pretendido. Y desde luego no es por no haberlo manifestado reiteradamente en distintos foros.

El impulso estatal dinamizaría el sector con una buena forma de manifestar el retorno de recursos provenientes de políticas recaudatorias. La construcción tradicional cada vez se hace más cara y con palpable falta de operarios cualificados. Como alternativa se están realizando edificaciones con nuevos sistemas con materiales industrializados-prefabricados, basados en la «construcción seca» bien sea en hormigón o con entramados metálicos y paneles multicapa. Están llamados a sustituir a los procedimientos actuales.

Sería un excelente campo de aplicación de la iniciativa pública estatal para estos sistemas con controles fiables en taller y plazos de ejecución sensiblementemás cortos, manteniendo una buena calidad constructiva.

Volviendo al comienzo y enlazando con la situación de precariedad en que está sumido el ciudadano que con el producto de su trabajo no puede conseguir un lugar en que vivir dignamente, ¿Se puede consentir esto en un país que se califica como democrático?

Me viene a la cabezauna situación muy grave que hemos vivido en 1997: Miguel Angel Blanco concejal de Ermua. Secuestro con trágico final. Clamor popular de repulsa a ETA en distintos puntos de España. Fue el comienzo de su final.

Sanfermines 2016. Violación de un grupo de varios individuos a una joven. Sentencia condenatoria contestada ampliamente a nivel popular, de forma civilizada. Rectificación de los tribunales cambiando a una condena más dura.

Inundaciones en Valencia, hace un año. Rechazo del pueblo valenciano en distintas ocasiones al presidente de la Comunitat por su irresponsable conducta en la gestión de la catástrofe. Con poca dignidad, se acaba de ir.

La sanidad andaluza pasa por momentos delicados. La respuesta contundente de las afectadas moviliza a sus dirigentes en la búsqueda de soluciones.

Para intentar cambiar este país habrá que hacerse oír…

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