Un acuerdo que acerca Medicina a la Galicia real

La Universidad de Vigo impartirá el segundo ciclo completo de la titulación de Medicina. El acuerdo sellado esta semana por los rectores de Santiago, Vigo y A Coruña con la mediación —en realidad, habría que hablar de palanca impulsora— de la Xunta permitirá a la institución viguesa compartir con las otras dos gallegas la docencia teórica y práctica de los cursos cuarto, quinto y sexto en el curso 28/29. La noticia es innegablemente buena por cuanto supone una notable mejora de la situación actual, un statu quo que beneficiaba exclusivamente a la Universidad de Santiago de Compostela, confortablemente instalada en los privilegios que otorga el monopolio.

El parto no ha sido fácil. Ha debido pasar más de medio año para que haya cristalizado. Fue en mayo cuando el rector de A Coruña, Ricardo Cao, el verdadero motor del cambio, agitaba las mansas aguas universitarias, ya prestas a tomarse las vacaciones estivales, con el anuncio de que su universidad impartiría el grado de Medicina. Es más, Cao se daba dos años para iniciar la titulación. Su declaración, lejos de recibirse como un brindis al sol, fue rápidamente secundada por las fuerzas vivas de la capital coruñesa, con su alcaldesa socialista Inés Rey a la cabeza e incluso con el apoyo del Partido Popular local, que se desmarcaba así de la posición oficial del Gobierno gallego. El aviso de Cao cobró rápidamente una nueva dimensión cuando desde Vigo su regidor, Abel Caballero, y actores relevantes de la ciudad recogían el guante y reclamaban exactamente lo mismo: una facultad de Medicina propia. Por cierto, esta demanda podría calificarse de cualquier forma menos de novedosa. Porque la primera vez que se expresó y tramitó oficialmente fue en los años 90 del pasado siglo, coincidiendo con el proceso de segregación de la Universidad de Vigo de la de Santiago.

La única forma de sofocar el fuego de la rebelión por Medicina era rescatar la promesa de descentralización —compartir el segundo ciclo de la titulación— formulada en 2015 y que permanecía arrumbada en un cajón de la Xunta, para alegría de los profesores de la facultad de Santiago y de los jefes de servicio del hospital compostelano, una suerte de casta médica que domina la docencia universitaria, ejerciendo un control férreo sobre la facultad con una visión irracionalmente centralista (otro tipo de localismo), en la convicción de que todo lo que es bueno para Santiago lo es para Galicia. En esa identificación —Compostela es igual a Galicia— radica precisamente uno de los mayores problemas, no solo en el ámbito académico, que arrostró durante décadas la gestión pública y la visión política dominante. Porque esa concepción lleva implícito otro discurso: lo que se reclama desde fuera de la esfera capitalina, extramuros de Santiago, en especial cuando las reclamaciones proceden del sur de Galicia, es un rancio localismo. Siguiendo ese razonamiento, Vigo sería local y Santiago de Compostela sería gallego. Y no.

El acuerdo sellado por los tres rectores es un paso obligado. Y la Xunta se merece su cuota de éxito por su perseverancia. A falta de conocer toda la letra pequeña —en no pocas ocasiones en la letra pequeña se esconde el diablo— las instituciones deberían tener asignados un máximo del 50% del nuevo profesorado y admitirá el 25% de los alumnos matriculados. Además, los hospitales y los centros de investigación sanitarios deberán estar vinculados a las universidades de sus territorios.

Superado el inmovilismo de la Universidad de Santiago —que todavía no ha podido vencer el rechazo de su propia Facultad de Medicina— el tiempo demostrará que el reparto lejos de perjudicar, como se auguraba desde posiciones anacrónicas y endogámicas, redundará en una mejora de la formación de los estudiantes y en un mejor servicio a la sociedad que financia con sus impuestos las instituciones académicas.

El pacto corrige una situación insostenible y vuelve a poner — no olvidemos este detalle que no es menor para relativizar la magnitud del avance— el reloj en el año 2015, cuando ya se había llegado a un acuerdo similar. Ahora está por ver si el documento rubricado por los tres rectores se trata de un alto el fuego o de una paz permanente. De hecho, desde la universidad coruñesa —porque la viguesa desde el primer minuto ha adoptado una posición más complaciente, en un movimiento de yenka, un pasito hacia adelante, otro hacia atrás— ya ha deslizado que el acuerdo de ningún modo supone la renuncia a pedir en el futuro la titulación. Y hace bien.

El convenio nunca puede entenderse como un cheque en blanco. La UVigo, involucrada en un proceso preelectoral una vez que Manuel Reigosa está a meses de agotar su segundo mandato, haría bien en adoptar todas las cautelas y tener todos los mecanismos activados —la penúltima noticia es que creará un grupo de trabajo con la vista puesta en una facultad propia— por más que considere su actual responsable que este acuerdo satisface sus modestas aspiraciones. Y sería mejor aún que el rector Reigosa y los tres candidatos anunciados hubiesen consensuado su posición sobre una cuestión tan importante para el devenir de la institución. Más aún cuando se da la circunstancia de que los tres aspirantes defienden que en 2029 la UVigo ponga en marcha la creación de un grado propio.

Toda prevención es poca. Mucho más a la vista de que otras comunidades han decidido impulsar nuevas titulaciones de Medicina —ya sea por iniciativa pública o privada— para afrontar la demanda de los estudiantes y la exigencia del mercado laboral, lastrado por un déficit de facultativos, unas listas de espera que no dejan de crecer y un aumento de las necesidades, entre otras razones, por el envejecimiento de la población.

Sin ir más lejos, en Castilla y León, comunidad vecina que también gobierna el Partido Popular, tendrá el próximo curso hasta cuatro facultades de Medicina. A las de Salamanca y Valladolid se sumarán las de León y Burgos. Allí el presidente Alfonso Fernández Mañueco no percibe los mismos problemas sobre la coexistencia de varias facultades —hasta cuatro para una población de 2,4 millones de habitantes frente a una facultad para los casi tres millones de Galicia— que se han advertido aquí. A tenor de lo escuchado por los respectivos gobiernos autonómicos, estamos ante dos formas de afrontar un mismo problema, de entender y dar salida a las demandas de los territorios que conforman una autonomía. El tiempo dirá cuál es la más acertada.

Tras el acuerdo de los rectores, que vence el 31 de agosto de 2029, la cuestión no es si la Universidad de Vigo, y por extensión todo el territorio que la acoge y la nutre, tendrá más que antes. La respuesta es clara: tendrá más. La verdadera cuestión es, si después de este pacto alcanzado con fórceps y sin la convicción plena de sus firmantes, Vigo y sus ciudadanos reciben lo que se merecen. La clave es si la firma es el fin de la guerra de Medicina. Si, en definitiva, estamos ante una estación termini o ante una estación de paso.