Cuando lo que importa es el titular

La política española atraviesa un momento de transformación profunda. La urgencia se ha impuesto a la planificación y lo inmediato pesa más que lo importante. La acción gana terreno frente al debate pausado y la reflexión a medio plazo.

Esta dinámica tiene efectos directos sobre la forma de gobernar. Las leyes y los reales decretos, que deberían servir para concretar políticas públicas estables, se utilizan con frecuencia para responder a coyunturas o enviar mensajes. Este modo de legislar puede ofrecer resultados electorales a corto plazo, pero no la solución que muchos problemas de nuestra sociedad requieren.

Los proyectos y proposiciones de ley o de real decreto se utilizan hoy, con frecuencia, más como herramientas de posicionamiento político que como instrumentos de gestión. Parece que no importa tanto si una medida se aprueba, si es eficaz o si resiste la revisión judicial. Lo importante es que exista, que se anuncie, que fije una postura en el debate público. Los proyectos se convierten en mensajes y declaraciones de intenciones.

En los últimos años se acumulan los ejemplos. La Ley de Movilidad Sostenible, que busca impulsar un modelo de transporte más eficiente, ha visto interrumpida su tramitación en varias ocasiones por razones ajenas a su contenido. Algo parecido ocurre con la Ley de Atención a la Clientela o con la Ley Orgánica de Protección de los Menores en Entornos Digitales, cuyo desarrollo se está viendo condicionado por la urgencia y la falta de consenso político. Son ejemplos de cómo la lógica del corto plazo acaba marcando el ritmo del proceso legislativo. En el ámbito sanitario, el proyecto por el que se pretende establecer nuevos límites a los vapeadores y a las bolsas de nicotina se está planteando mediante un real decreto, pese a que, por su alcance general y por las limitaciones que impone, debería abordarse mediante una ley. Se trata de una cuestión perfectamente conocida por el Gobierno, a quien se le ha puesto de manifiesto por los órganos consultivos en el transcurso del expediente. Sin embargo, lo importante es obtener el titular del anuncio y el efecto inmediato de su aprobación, sin importar la corrección jurídica de la medida ni su solidez futura. Ante la dificultad de aprobar leyes por los equilibrios parlamentarios existentes, se prioriza el gesto y la oportunidad política frente al debate y la corrección del procedimiento.

Esta forma de legislar tiene un coste. La regulación se ha convertido en una herramienta de visibilidad, en un medio para mantener la iniciativa política cuando faltan los apoyos para legislar con estabilidad, e incluso en un reclamo de respaldo social. La necesidad, la eficacia y la proporcionalidad de las iniciativas legislativas del Gobierno y de los grupos parlamentarios ceden terreno frente a la comunicación y la posición ideológica. Los procesos se declaran de urgencia con carácter estratégico, los análisis de impacto se aplazan y las normas se suceden sin una evaluación profunda de sus efectos. El resultado es mucho ruido, pero pocas nueces.

A la vista de este escenario, recuperar el valor del procedimiento y de los principios de buena regulación resulta esencial. No solo para garantizar la estabilidad de las normas, sino también para asegurar su acierto. La calidad de una ley depende tanto de su contenido como del modo en que se elabora. Solo a través de un diálogo real y transparente entre el ámbito público y el privado, y con una vocación genuina de incorporar al ordenamiento jurídico normas que respondan a las necesidades de la sociedad, será posible reforzar la confianza institucional y construir un marco regulatorio útil y duradero.