Automoción y eólica encienden las luces rojas

Las señales de alarma se han encendido hace meses, pero en las últimas semanas el sonido de los avisos ha incrementado sus decibelios de forma notable. Dos sectores muy diferentes, que incluso podrían parecer incompatibles, pero claves en el desarrollo y el bienestar de Galicia han advertido de las nubes negras que se avecinan. La economía gallega se juega muchísimo en ellos y de momento no se perciben señales de un cambio de rumbo.

Como hemos señalado en repetidas ocasiones en este mismo espacio editorial, Galicia libra parte de su futuro en el campo de la energía. La invasión de Rusia de Ucrania mostró la extrema fragilidad de la Unión Europea, un territorio que se creía a salvo de factores externos que pusiesen contra las cuerdas su modelo industrial y el bienestar de los ciudadanos, confortablemente instalados en la idea de que, en líneas generales, su estabilidad estaba garantizada. Y no.

La guerra emprendida por Putin —que está muy viva como nos cuenta hoy el periodista gallego Miguel de la Fuente en Estela+— ha evidenciado las costuras de un modelo económico extremadamente vinculado a lo que otros producían o suministraban, en particular las fuentes energéticas. De repente, la energía, un concepto abstruso para la mayoría de los ciudadanos que solo es consciente de ella cuando recibe la factura del gas o de la electricidad, se convirtió en la máxima prioridad. El principal desafío pasó a ser garantizar la autonomía energética. Y ahí Galicia se encontraba, y lo sigue estando, en unas condiciones indudablemente ventajosas, en particular en la producción de energías verdes, una fuente que además permitía cumplir con el compromiso, mejor sería decir mandato, de sostenibilidad y reducción de emisión de gases que propugnaba la Unión Europea. Y, por si eso fuese poco rédito, una fuente más barata.

La oportunidad era extraordinaria. Y decimos era porque lo que se prometía como una formidable puerta abierta a la industrialización, creación de empleo, maná de inversiones y fortalecimiento de las políticas verdes se ha encontrado un inopinado y, hasta ahora, insalvable obstáculo: las sentencias judiciales.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está paralizando de forma sistemática la estrategia de expansión de la eólica en nuestra comunidad. Por diferentes razones, como nuestros lectores ya saben. Algunas sostenibles desde el punto de vista técnico, hasta el punto que llevó al Gobierno gallego a realizar cambios, y otras más oscuras y difíciles de entender, salvo por cuestiones que se acercan más a la esfera de la ideología que a la de la estricta legalidad. La Xunta tuvo que recurrir en su momento a instancias europeas en busca de un amparo que finalmente recibió. Cuando parecía que el camino estaba expedito, nuevas sentencias han vuelto a minar los proyectos eólicos.

La conclusión es que mientras otras comunidades avanzan sin escollos en las energías eólicas, en la nuestra la paralización es casi total. Una circunstancia que es especialmente gravosa en un territorio que reúne las mejores condiciones para desarrollar una industria limpia que ofrece enormes posibilidades de crecimiento y riqueza, de bienestar, que, en buena lógica, debe extenderse al conjunto de los ciudadanos, no solamente a los promotores de los proyectos. Con la eólica deben ganar los empresarios, que invierten, los ciudadanos, en especial aquellos que ceden su territorio a las instalaciones, y el medio ambiente.

El clima conservador que se ha instalado en el mundo, sobre todo después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, aviva los recelos hacia unas políticas verdes que parecían hace no tanto incontestables. Hoy las voces discrepantes, unidas a otras que actúan movidas por intereses de difícil digestión, están ganando terreno. Mientras Galicia no avanza, otras comunidades corren. Ya se sabe que el dinero no espera y va allí en donde encuentra más facilidades y comprensión. La Xunta se ha movido para intentar desencallar un problema de formidable dimensión. Su obligación es no cejar en su empeño, con pedagogía social pero también utilizando todas las herramientas políticas y legales que tenga a su alcance y buscando todos los aliados posibles —el Gobierno de España debería dar un paso al frente y dejar de comportarse como un mero observador— para hacer ver a quien hasta ahora no lo ha visto que el futuro es verde o no será.

Simultáneamente, la industria del motor está ejerciendo una extraordinaria presión sobre las autoridades comunitarias para que retrase el veto al motor de combustión a 2045, diez años más tarde de lo acordado. El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, está aprovechando sus últimas intervenciones para exigir la UE ese aplazamiento. Las razones que esgrime son de peso. En primer lugar, advierte que el plazo pactado es inviable y que no tiene sentido mantenerlo a sabiendas de que no se va cumplir. Además, alerta del impacto que tendrá esa prohibición sobre los puestos de trabajo, o sea sobre su destrucción, sobre el mercado y los consumidores.

Filosa no está solo en su demanda, cuenta con el respaldo del conjunto de los fabricantes y también de importantes gobiernos como el de Alemania. Frente a ellos, otros países como Francia y España se aferran a la fecha de 2035. La división en el gobierno de la Unión Europea, dominado no lo olvidemos por fuerzas conservadoras, es el mejor caldo de cultivo para que la exigencia de Filosa pueda cuajar en un continente que muestra una fractura política alarmante. Los consensos han pasado a la historia y cada país, ya sea de forma individual o articulado en bloques, defiende intereses opuestos.

Más allá de la petición del CEO de Stellantis, la realidad palmaria es que el coche eléctrico sigue al ralentí. Los precios son prohibitivos, salvo los ofertados por los fabricantes chinos, que se han adelantado unos cuantos años a la lenta maquinaria europea. La instalación de electrolineras que suministren energía son rarezas en el paisaje urbano, y las que funcionan ofrecen una recarga extremadamente lenta, o sea no cumplen su función.

La advertencia de Filosa, que urge cambios sustanciales en los planes de la Unión Europea, podría amenazar la estabilidad de la planta de Balaídos, la más eficiente de la marca en el mundo, y todo el ecosistema industrial que la nutre en el área metropolitana. Sus excelentes resultados, por desgracia, no son una garantía de nada. La experiencia nos enseña que las transnacionales no trabajan en el hoy, sino con la vista en el medio y el largo plazo. Y el horizonte que dibujan los fabricantes anima a cualquier cosa menos al optimismo.

La Comisión Europea, por boca de su vicepresidente Stéphane Séjourné, ha adelantado que problablemente excluya a los vehículos comerciales de ese veto, por una cuestión de «pragmatismo». Si es así, las furgonetas de Balaídos, el principal activo de la fábrica, quedarían exentas, la mejor de las noticias. Porque de ellas no solo dependen miles de puestos de trabajo directos, sino todo un ecosistema industrial de Vigo y su área metropolitana que ya está sufriendo la asfixiante presión de las fábricas low cost instaladas en países del Este de Europa o del norte de África. Pero estemos prevenidos, porque la experiencia nos enseña que de las promesas bruselenses a los hechos muchas cosas se pueden torcer por el camino.

En todo caso, haría bien la Unión Europea, en estos tiempos que vive con el corazón partido entre los que impulsan un cambio a cualquier precio y los que defienden posiciones ultramontanas, en encontrar una tercera vía cimentada en el sentido común. No se trata ahora de caer en las garras de las posiciones negacionistas medioambientales, pero eso no empece para valorar la situación, evaluar los pros y los contras, las amenazas y los riesgos, y reorientar un rumbo que no conduce a nada bueno. No se le pide rectificar, sino revisar un calendario que, como indican todas las señales, además de ser incumplible es extremadamente gravoso para un sector clave en una economía europea, y española, que no vive su mejor momento, atenazada entre la política patriótica/arancelaria de Trump y el rodillo chino.

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