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Opinión | EDITORIAL

Adaptar Medicina al siglo XXI

Consello de Goberno extraordinario de la Universidad de Vigo, convocado por Medicina.

Consello de Goberno extraordinario de la Universidad de Vigo, convocado por Medicina. / Pedro Mina

El pasado 28 de mayo el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, provocaba una suerte de seísmo en el sistema universitario gallego al anunciar la puesta en marcha de la facultad de Medicina en el curso 2027/28. Dos fueron las razones esgrimidas para justificar la implantación del nuevo título: la falta de médicos en Galicia y el fracaso del modelo de docencia clínica compartida, es decir, buscaba dar respuesta a una demanda social y formativa. Su anuncio sería ratificado el 16 de julio por el Consello de Goberno de la Universidad, que lo aprobó por unanimidad. Rápidamente la alcaldesa de la ciudad, la socialista Inés Rey, y el Partido Popular coruñés —el mismo que gobierna la Xunta—se sumaron entusiásticamente a la iniciativa. El anuncio ha provocado desde entonces toda una serie de movimientos auspiciados por el Gobierno gallego que ha perseguido dos objetivos: desactivar la bomba coruñesa y buscar una distribución más equitativa y realista de una titulación que controla con mano de hierro la Universidad de Santiago, en una suerte de monopolio imposible de entender. Cuatro meses y numerosas reuniones más tarde, la situación sigue bloqueada.

La exigencia de A Coruña ha tenido otro efecto colateral, por otra parte esperado. La ciudad de Vigo —en realidad sus fuerzas vivas más que la propia Universidad— ha exigido la apertura de su propia Facultad de Medicina, una demanda por otra parte histórica. Porque la primera vez que se planteó la creación de la titulación fue el 1 de octubre de 1991, hace la friolera de 34 años. Tras un ejercicio notable de paciencia, que el rector Manuel Reigosa califica de lealtad, el Consello de Goberno de la UVigo decidió el pasado viernes sumarse al órdago coruñés y aprobar la solicitud de la facultad. Su decisión está, sin embargo, condicionada por un plazo: si en un mes la Xunta y las tres universidades cierran la descentralización de 4º, 5º y 6º cursos, la petición de la UVigo quedará en suspenso.

Desde la primera solicitud de la UVigo en 1991, aunque con diferente intensidad, esa exigencia ha estado siempre viva, pero hoy los argumentos para solicitarla son todavía más poderosos que hace casi medio siglo. Porque la Galicia del siglo XXI en poco se parece a la que Galicia de principios de los 90. Y la adecuación del mapa de titulaciones a la nueva realidad no solo es conveniente, sino obligada, pero para ello hay que vencer de una vez reticencias históricas que responden más a la obsesión por preservar privilegios que a la de prestar una formación académica de calidad. Frente a las pertinaces acusaciones de localismo que suelen recibir las peticiones que no emanan de Santiago de Compostela, ya es hora de denunciar las posiciones irracionalmente centralistas que defienden algunos sectores políticos, profesionales y sociales desde la capital gallega. Si el supuesto localismo es malo para la comunidad, qué decir del centralismo que niega el legítimo derecho de otros territorios a crecer.

Pese a las promesas de la Xunta de alcanzar una solución intermedia (no habría nuevas facultades, pero sí se profundizaría en una descentralización de la docencia clínica), el reloj sigue corriendo y las posiciones se mantienen en el mismo punto que en el arranque del verano. La Universidad de A Coruña se ratifica en que la creación de un nuevo grado es irrenunciable (aun en el caso de esa descentralización, que no sería más que un paso intermedio hacia el destino final); y la de Santiago, aherrojada por los jefes de servicio del Hospital Clínico Universitario, no está dispuesta a ceder y se mantiene en el discurso de que lo mejor no es que todo siga igual, sino que lo ideal es potenciar todavía más el campus compostelano en la idea, difícilmente defendible, de que lo que es bueno para Santiago es bueno para Galicia. Pero a ese silogismo siempre se le puede dar la vuelta: lo que es bueno para Vigo y A Coruña también sería bueno para Galicia.

Ya en 2015 la Xunta impulsó un proceso de descentralización de la formación clínica que una década después se ha demostrado un absoluto fracaso. Los incumplimientos reiterados son el mejor alimento de la desconfianza actual hacia otro proceso de reparto de docencia. En la sociedad viguesa se ha instalado el escepticismo, incluso el hartazgo, y la reivindicación de una facultad propia ha cobrado una inusitada fuerza, empezando por el alcalde Abel Caballero y desde el viernes con el apoyo, siempre matizado, de la UVigo. Junto al regidor, reputados profesionales de la sanidad viguesa, colectivos profesionales y sociales defienden que es el momento de que Vigo tenga su propia titulación. Su reivindicación tiene múltiples fundamentos: el peso demográfico (es la única ciudad de su tamaño en España sin la titulación); la infraestructura sanitaria y docente existentes (el Cunqueiro es un hospital de altísimo nivel tecnológico y con profesionales de vanguardia); una comunidad científica y académica de primer orden; una demanda constante de alumnado procedente de Vigo, del sur de Galicia y del norte de Portugal; la exponencial necesidad de contratar más médicos que mantengan el sistema sanitario operativo... En FARO también la hemos defendido con convicción, la hemeroteca es testigo de ello.

El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha apostado por una tercera vía: ni mantener el status quo actual ni nueva facultad. Su prioridad es que se implemente una descentralización completa del segundo ciclo (4º, 5º y 6º), una demanda que no cuenta ni con el respaldo unánime de la comunidad universitaria, ni del colectivo sanitario ni de las fuerzas políticas y sociales, que se barruntan que esa opción sería un parche. Solo en caso de que esa descentralización no se aplicase, la UVigo formalizaría su petición de una facultad. Es decir, sería la segunda opción. La Xunta tiene, según el acuerdo del Consello de Goberno del pasado viernes, el plazo de un mes para mover ficha. Ese es el nuevo paso dado por el rector Reigosa. En A Coruña, sin embargo, la descentralización solo sería una fase intermedia hacia el grado propio.

Hasta ahora, como les hemos venido contando puntualmente en las páginas de FARO, y pese al intento del Gobierno autonómico de desbloquear el asunto, las negociaciones permanecen encalladas. A cada supuesto avance le sigue un retroceso al punto de partida. Las posiciones están enrocadas (con Santiago y A Coruña en los extremos). Y no se atisba en el horizonte inmediato algún indicio de una solución que satisfaga demandas tan contrapuestas. La presión política de la Xunta, que existe, no ha logrado doblar el brazo de la corriente inmovilista de los responsables médicos del hospital compostelano —más que de la propia universidad— ni de las fuerzas independentistas de A Coruña.

El tiempo es, además, un factor que juega en contra. Mientras el sistema universitario gallego sufre una parálisis sobre qué hacer con Medicina, otras comunidades están anunciado la apertura de facultades. Es más, en A Coruña existe la convicción de que en su ciudad habrá al menos una nueva facultad promovida por una universidad privada. Por ello consideran urgente e imperioso poner un cortafuego a esa oferta con una propuesta desde el ámbito público. Vigo tampoco está vacunada contra esa amenaza. Porque en la educación superior, pese a que algunos intenten transmitir la idea contraria, no hay fronteras físicas, y los alumnos buscarán fuera, como ya está ocurriendo, lo que no se les ofrece en casa.

La única realidad irrebatible es que el actual modelo, que gira exclusivamente en torno a la Universidad de Santiago, está caduco, no responde en absoluto a las necesidades ni a los nuevos tiempos. Mantenerlo es un error. Sería prorrogar una situación a todas luces anómala. Pero, además de una equivocación, es injusto, discriminatorio e ineficaz. En otras comunidades lo han sabido resolver sin dramatismos. Solo aplicando el sentido común. Analizando las necesidades de su territorio, viendo qué estaban haciendo otras autonomías vecinas y dotando de los recursos necesarios para satisfacer una demanda creciente. En lugar de cerrar las ventanas a cal y canto, han abierto las puertas. Han desterrado las visiones monopolísticas, sustentadas en posiciones que solo aspiran a prolongar unos privilegios históricos que por su propia naturaleza son anacrónicos, y han apostado por el bien común.

El futuro de la docencia de Medicina pasa por poner en el centro de la acción a los alumnos y al mejor servicio que ofrecer a la sociedad. Y con ese norte como única ruta posible, lo único cierto es que el actual modelo no responde a lo que Galicia quiere, necesita y se merece. Y si es así, como es, lo urgente es cambiarlo.

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