Unidos contra una infamia: los peajes del Noroeste

En un contexto político y social tan radicalmente polarizado, en donde cualquier asunto —desde la política económica a la posición internacional o los asuntos sociales en donde se suponía que grandes diferencias se habían enterrado, como el caso del aborto— es materia para librar la batalla más encarnizada, es prácticamente imposible encontrar una cuestión en la vida pública que suscite el consenso, no digamos la unanimidad. La fractura, incluso la división más enconada, se impone a cualquier atisbo de sintonía. Acuerdo, pacto, alianza, cooperación son términos que hoy, por desgracia, han caído en el olvido. Por desuso.

Encontrar un asunto en el que todos, absolutamente todos, estén de acuerdo parece una quimera. Pero todavía los hay. El caso de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-66 es quizá el más sobresaliente. Gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular —en Galicia y Castilla y León— y el Partido Socialista —en Asturias—, el conjunto de las organizaciones empresariales y sindicatos, fuerzas políticas de extrema izquierda o independentistas y partidos de derecha centralistas, los más diversos colectivos gremiales y sobre todo los ciudadanos anónimos… todos van unidos de la mano contra la prórroga de sendas concesiones que castigan a los ciudadanos con una tasa que consideran ilegal, injusta y discriminatoria. El clamor por la eliminación de esas concesiones y, en consecuencia, la erradicación de los peajes es absoluto. Sin fisuras.

La exigencia de la abrogación de las concesiones no es nueva, como bien conocen los lectores de FARO. En el decano le hemos dedicado cientos y cientos de páginas —y nos tememos que vista la reacción, más apropiado sería decir inacción, gubernamental tendremos que seguir haciéndolo— a explicar que las prórrogas hasta 2048 de la AP-9 —y hasta 2050 en el caso de la vía que conecta Asturias con Castilla y León— concedidas por el Gobierno de José María Aznar vulneraron la ley. Bruselas ha tardado más de seis años en darnos la razón: la violación de la normativa europea es flagrante. Se hizo sin concurso público y se otorgó a dedo. Esa prórroga nunca se debió aprobar. Fue una chapuza. Y este es, sin duda, el pecado original, circunstancia que durante décadas ha tenido al Partido Popular aherrojado, rehén de una decisión injustificable. Por fortuna, su posición ha dado un giro de 180 grados, en sintonía con el hartazgo social.

También hemos explicado de forma incansable —y descuiden que no nos vamos a cansar— que la concesionaria de la autopista Audasa, hoy en manos de un fondo holandés y otro suizo, es un fabuloso negocio que no encuentra parangón en España. Porque opera en monopolio, sus beneficios son escandalosos y casi la mitad de sus ingresos procede de las arcas públicas. Además, sus ganancias crecen exponencialmente. Pero, lejos de sentirse satisfecha, su avaricia, es difícil calificarla de otro modo, le llevó en su día a reclamar una compensación por la caída de tráficos durante la fase más dura de la pandemia. Los ciudadanos aterrados pensando en cómo preservar sus vidas o cómo enterrar a sus muertos y Audasa con la calculadora.

La indignación ciudadana es absoluta ante una situación injusta y gravosa que provoca una sangría en sus bolsillos —por mucho que el Gobierno esté pagando una parte de los peajes; no nos engañemos, el dinero sigue siendo público, o sea de todos— y, entre otros impactos, hace mella en la competitividad de la economía del Noroeste. Otra consideración no menor tiene que ver con la seguridad de la circulación, pues la única alternativa es una carretera nacional anticuada y peligrosa.

Por no hablar del agravio comparativo con otros territorios. Porque la eliminación de peajes se extiende por el país. Los conductores de Andalucía, Cataluña o Comunidad Valenciana ya se han beneficiado de la liberalización de autopistas. Y País Vasco y Madrid serán los siguientes. Mientras Galicia, Asturias y Castilla y León deberán esperar 25 años, o más.

Los presidentes Alfonso Rueda, Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón han decidido imprimir una marcha más en sus reivindicaciones y han anunciado la creación de un frente común que aúna las demandas de las tres comunidades. Como decimos, en su exigencia no pueden estar más arropados. Dirigentes socialistas como el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, en clara sintonía con el Gobierno, han expresado en repetidas ocasiones que liberar el peaje de la AP-9 es apremiante. El precio, según algunos cálculos, rondaría los 2.400 millones de euros. El Ministerio de Movilidad, que dirige Óscar Puente, esgrime que la indemnización sería mucho mayor.

Hasta ahora el Gobierno ha adoptado una doble estrategia. Por un lado, ha querido calmar la irritación ciudadana potenciando las subvenciones de los trayectos. Por otro, evita entrar en el fondo de la cuestión —la ilegalidad de la prórroga y por tanto su extinción— y opta por seguir pleiteando en los tribunales —en este caso europeos— en una suerte de patada a seguir. Ganar tiempo se traduce en mantener el agravio y en alimentar un suculento, e ilegal según la UE, negocio, de Audasa.

Es difícil de entender —más allá de un dudoso coste económico— la estrategia de Puente, un ministro, por lo demás, que se caracteriza por su vehemencia, incluso osadía. La posición del ministerio, la de este pero también la de sus predecesores, ha destacado por la falta de transparencia y la cobardía. Los gallegos, como los asturianos y los castellano-leoneses, no se merecen ese comportamiento. Al contrario, durante décadas han demostrado una paciencia infinita, a la espera de que alguien —parece evidente que ese alguien tampoco será Puente- tomase la única decisión posible: eliminar los peajes y liberar las autopistas. Transferir la gestión de los viales a las comunidades sería el segundo paso lógico.

El frente común de los presidentes autonómicos es una buena noticia. La presión debe redoblarse, con este Gobierno y con los que puedan venir. Por eso, sería imperioso que el Partido Popular asumiese como un mandato irrenunciable en su próximo programa electoral acabar con la prórroga y suprimir el canon. Y que ese compromiso, negro sobre blanco, tuviese un calendario, por ejemplo en los primeros cien días de un supuesto Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Solo así, los ciudadanos podrían creer que ese frente común es de verdad común y permanente, y no está sujeto a las contingencias políticas del momento. Que, en definitiva, no es un frente constituido, en el caso de Galicia y Castilla y León, para erosionar la fragilísima presidencia de Pedro Sánchez, sino para abanderar una causa más que justa. Mientras eso no suceda, la sombra de la sospecha siempre estará viva. Ni qué decir tiene que ese mismo compromiso lo debería asumir el Partido Socialista. Basta ya de escurrir el bulto sobre la cuestión de fondo. Las subvenciones son bienvenidas, pero solo como un remedio temporal.

Sin embargo, no es el momento de anticipar acontecimientos, sino de alimentar el grito que nos une a todo el Noroeste: ¡Peajes, no!

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