Los (otros) peajes de Vigo

Siempre he rehuido las fotos. No salgo bien: o cierro los ojos, o no miro a la cámara, o me sale una mueca que no me hace justicia (nótese la ironía). Y me gustan aún menos las instantáneas que me saca la Dirección General de Tráfico cuando excedo la velocidad permitida al volante. Hace tiempo que no caigo en la tentación, es cierto, pero cada vez instalan más radares en esta bendita área de Vigo.

Si ya es difícil llegar a la ciudad por carretera —con viales que dejan mucho que desear, trazados imposibles y servicios propios del siglo XIX (como la A-55, con diferencia la peor autovía, si es que se le puede llamar así, de Galicia)— ahora, además de complejo, es caro. Porque, por mucho cuidado que lleves, más tarde o más temprano acabarás pagando el peaje en la sombra. Y no solo el de la AP-9.

De hecho, empiezo a pensar que el Gobierno ha aparcado aquella idea de implantar el pago por kilómetro recorrido en autovía —sí, eso que tanto reclama la patronal de grandes constructoras, por su propio interés, obvio— porque no le hace falta. ¡Para eso ya están los radares! Porque son más que cuestionables los lugares donde los señores de la DGT colocan los nuevos cinemómetros. Cualquiera podría pensar que no están ahí para mejorar la seguridad vial, sino para sacar tajada.

En el caso concreto de Vigo, hay una densa malla de radares fijos, de tramo, incluso alguno de estos nuevos indestructibles y antipintadas, que son el terror de los conductores imprudentes... y de los despistados. En el fondo, son cabinas de peaje encubiertas.

Me gustaría que la Subdelegación del Gobierno hiciese pública la recaudación anual de la red que rodea Vigo. No me atrevo a dar una cifra, pero apuesto a que son millones de euros. A los dos últimos radares fijos que se han instalado, para más inri, no les veo el más mínimo sentido.

El de tramo en sentido Puxeiros de la AP-9, entre la salida del túnel de Candeán y el empalme con la A-55, además de que al principio jugaron al despiste con la velocidad máxima permitida (por error, anunciaron 100 km/h, para luego corregir a 120 km/h, porque una señal de fin de prohibiciones desbarataba sus planes), es del todo innecesario. Llevo más de veinte años circulando a diario por ahí, y pocos accidentes he visto. Así que no sé qué estudios han hecho para justificar su puesta en marcha. Si no confiase en la profesionalidad de los funcionarios del Estado, diría que compraron radares de más y ahora no saben dónde meterlos.

El otro, en plena bajada de la VG-20 hacia Valadares, en un tramo ahora limitado a 70 km/h —y que pronto bajará a 60 por las obras que se avecinan en el viaducto de Porto—, pues ya me dirán. Parece más afán recaudatorio que otra cosa.

Claro que hay que vigilar la velocidad. Y sancionar al que corre de más. Pero si de verdad el objetivo es salvar vidas, y no cuadrar balances, ¿no sería más útil invertir en viales en condiciones, con firmes decentes y trazados racionales, en lugar de sembrar nuestras carreteras de cajas recaudadoras? ¿No ganaría más la seguridad si se apostase, de una vez por todas, por una educación vial seria desde la escuela?

Porque, por muchas fotos que me saquen, lo que no quiero es acabar saliendo en una de esas que ilustran las crónicas de sucesos. Esas sí que no tienen vuelta atrás.

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