Las bajas laborales urgen un plan

En el catálogo de las amplias y clásicas demandas de los empresarios, los gallegos a la cabeza, ha cobrado en los últimos tiempos inusitado protagonismo un asunto estrictamente laboral: las bajas. Los datos alimentan los motivos de preocupación ante un problema que ha adquirido una dimensión extraordinaria: la tasa de absentismo en Galicia roza ya el 8% (la cuarta comunidad española con el porcentaje más elevado); en 2024 se iniciaron casi 238.000 bajas, con un aumento del 6,3% respecto al año anterior, una cifra que se traduce en 975 ausencias diarias; la duración media de las bajas se sitúa en 76 días (33 más que la media nacional); Galicia es la segunda región con una mayor duración media (solo superada por Extremadura); las bajas de larga duración (más de doce meses) se han duplicado en el último lustro; estos procesos largos representan el 34% de los días perdidos; el coste para las empresas se acerca a los 800 millones y el de la Seguridad social suma 850 millones; la comunidad registra el segundo mayor gasto por afiliado (67 euros por mes); el coste en bajas laborales ya representa el 14% de la partida destinada a pagar la pensiones y equivale a u n7% del PIB gallego (5.700 millones)...

Como se aprecia, la cuestión es más que relevante, tanto por el impacto económico en las arcas de las empresas y del Estado, como por el formidable desafío que supone suplir tal sangría de puestos de trabajo y al mismo tiempo mantener la productividad imprescindible de cualquier actividad económica.

Los asuntos complejos, en los que intervienen tantos y tan diferentes factores, no tienen por definición, soluciones sencillas. Sin embargo, es evidente, a la luz de las cifras, que no se está actuando de forma diligente para, sino atajar, sino encauzar un fenómeno que, año a año, va a más. Los instrumentos adoptados hasta ahora no son eficaces y se hace necesario poner el foco en las bajas laborales, buscar sus causas —porque no todas son iguales, aunque en los informes de la Seguridad Social no se discriminen— e implementar los instrumentos que permitan acotar y reducir el fenómeno.

En el caso de Galicia, el envejecimiento poblacional y la prevalencia de los trabajos físicos, el incremento de las patologías mentales (una secuela del covid) y las dolencias crónicas ayudan a entender parte del problema. Pero solo una parte. Porque a estos factores habría que añadir necesariamente la tramitación excesivamente lenta, una cierta laxitud de los agentes controladores y la enmarañada burocracia como otros tres elementos que permiten entender por qué en no pocas ocasiones asistimos a una prolongación innecesaria de los periodos de baja.

Consciente del problema, la Xunta lanzó el pasado año un plan integral para diagnosticar las causas y al mismo tiempo analizar y separar el absentismo justificado del irregular. Las inspecciones sanitarias, con mayores controles médicos y administrativos, forman una parte central de ese plan. Los primeros resultados conocidos de ese plan son, cuando menos, llamativos: desde el pasado junio se revisaron 67.963 incapacidades temporales, con citación presencial de 28.748 personas. Los técnicos obligaron a volver a su puesto a 20.681 personas, lo que supone un 30% del total de personas investigadas. En resumen: uno de cada tres trabajadores de baja no debería estarlo.

«Las bajas laborales exigen un enfoque integral, multidisciplinar, de amplio espectro, valiente, que no prejuzgue ni criminalice, pero que tampoco tenga temor a aplicar medidas y decisiones ante una realidad cada día más preocupante»

El plan de la Xunta pasa también por agilizar las pruebas diagnósticas para adelantar plazos de regreso. Según los últimos datos, en el pasado enero se logró reducir un 14% los procesos que duraron un mes y otro 14% los que se prolongaron 10 meses. Ahora las mutuas pueden realizar pruebas diagnósticas para evitar las listas de espera en la sanidad pública.

El fraude, como se ve, es considerable. Un fraude que entorpece la productividad de las empresas, provoca una carga administrativa adicional innecesaria y, lo más importante, genera desconfianza en el sistema de incapacidades y supone una enorme carga financiera sobre la sostenibilidad del modelo de prestaciones, que ya está en situación límite (la Seguridad Social, el pasado ejercicio, tuvo que poner unos 2.000 millones suplementarios respecto a lo calculado a principios de curso). Además de una mayor agilidad burocrática es clave el uso de las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, para cruzar datos y reforzar los mecanismos de control.

Las revisiones médicas en tiempo y forma, la fiscalización de las bajas recurrentes, la activación de equipos multidisciplinares (que incluya a facultativos, psicólogos y administrativos), la dotación de recursos humanos suficientes (en especial en Atención Primaria) o la mayor implicación y coordinación entre inspección de trabajo y mutuas también forman parte de las herramientas que podrían mejorar la eficiencia. El uso que han empezado a hacer las mutuas de los detectives privados en busca del fraude puede resultar una medida tan sorprendente como insuficiente destinada a destapar la picaresca. Y un parche de dudosa legalidad que podría enfrentarse con la vulneración de derechos fundamentales.

La compatibilidad de la baja con el trabajo parcial es otra de las opciones que ha barajado el Gobierno, sin mucho éxito, por cierto. En España o estás de baja o estás activo, no hay término medio.

Es una obviedad que vincular absentismo y fraude sería establecer una relación injusta, pero también que el fraude forma parte del absentismo. La picaresca existe y se hace imprescindible erradicarla por el bien de todos, en especial por el de quienes sí se ausenta por razones objetivas. Los planes de prevención de las empresas deben ser mejorados y actualizados. Los sindicatos apuntan especialmente en este terreno a los riesgos psicosociales y de salud mental, que son las patologías —en ocasiones invisibles— que tienen una más larga duración.

Aunque no es consuelo, el absentismo laboral no es un fenómeno español. Es más, países con un nivel de bienestar mucho más elevado, como el caso de Noruega, quintuplican la tasa española. España, en este sentido, se está europeizando.

Las bajas laborales exigen un enfoque integral, multidisciplinar, de amplio espectro, valiente, que no prejuzgue ni criminalice, pero que tampoco tenga temor a aplicar medidas y decisiones ante una realidad cada día más preocupante. Hasta ahora nadie ha sabido, podido o querido tomarse el problema con la suficiente seriedad y el rigor que merecen. El tiempo corre y la factura es cada vez mayor, hasta el punto de acercarse a la insostenibilidad. Porque, aunque pudiese parecer lo contrario, esa factura la estamos pagando todos.