La sombra del «procés» es alargada

La histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a los principales responsables de la declaración unilateral de independencia en 2017, produjo efectos varios cuyos ecos aún resuenan.

Desde sus primeros compases en 2012, el procés –movimiento político que persigue el objetivo de la independencia de Cataluña– ha dejado una huella profunda en la política y en la sociedad catalana y extiende su influjo radial sobre el resto de España.

Descalificación y desinflamación

La «descalificación, por parte del Gobierno y su mayoría de investidura», del fallo del Supremo, dio pie a un giro político –como gesto a favor de la «convivencia y la concordia»– que incluyó indultos, excarcelaciones y, más recientemente, la ley de amnistía. Con irónica sagacidad, el Ejecutivo lo presentó como una estrategia de «desinflamación» del independentismo, empeño pendiente tan discutido como discutible.

Los datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat reflejan que, en 2024, el 54% de los catalanes se oponía a la independencia, frente a un 30% que la respaldaba. Más allá de los porcentajes, estas cifras evidencian una ciudadanía dividida y compleja, donde los matices superan los eslóganes.

En el ámbito funcional que le es propio, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía; el Tribunal de Justicia de la UE es previsible que lo haga sobre la viabilidad de la ley, a la luz de su grado de acomodo con los principios consagrados en el Tratado de la Unión.

Cambio del ancho de vías

Al margen del peso creciente que tienen las exigencias del separatismo, catalán y vasco, para convalidar leyes y decretos en el Congreso, el pertinaz envite del Ejecutivo condiciona la economía, la convivencia social y el debate sobre el futuro del Estado.

Asimismo, sigue favoreciendo el goteo de nuevos actores en la estructura del poder. La M30 se ha visto poblada de meritorios con apellido evidente, que han hallado acomodo en cargos relevantes, sin necesidad de haber profesado lealtad previa.

Vuelta a casa, «refriega» sucesoria, insólita consulta

Entre los detonantes más recientes: el regreso a Barcelona de la sede de la fundación catalana que controla Criteria –primer grupo industrial español, con activos por 30.000 millones– y CaixaBank, el mayor banco minorista del país.

A añadir, una «refriega» sucesoria, que ya se ha cobrado las primeras defenestraciones, y el anuncio de una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell.

Desde el anuncio hace un año de la oferta pública de adquisición, el Ejecutivo ha manifestado su rechazo, mientras que el Banco de España y el Banco Central Europeo se han pronunciado a favor. Esto apunta a que el Gobierno podría oponerse a la operación, imponiendo condiciones inasumibles.

Se obvia que los bancos afectados podrían recurrir a instancias europeas para reclamar daños a los accionistas, así como potenciales responsabilidades patrimoniales del Estado ante fondos e inversores.

Voces críticas recuerdan que cuando CaixaBank absorbió Bankia, no se alzaron tantas objeciones ni se apeló a la falta de competencia o al coste laboral. ¿Acaso la equidad constitucional brilla por su ausencia y no todos los ciudadanos parecen iguales ante la ley?

En un foro selecto, el propio presidente del Gobierno dejó entrever esta lógica, al referirse a España y Cataluña como «dos naciones distintas y extraordinarias».

La «tercera Cataluña»

Este entramado permite identificar un nuevo actor político, la llamada «tercera Cataluña». Su proyecto no pasa necesariamente por la independencia formal, pero tampoco se reconoce en la identidad española.

Su estrategia, que remonta al «entrismo», consiste en influir, sin estridencias, desde dentro del sistema, a través de la ocupación de cargos en ministerios y consejos de administración de empresas públicas y privadas.

Ejemplo de ello, el descabezamiento de Telefónica, donde van proliferando perfiles cercanos al catalanismo o al sanchismo, incluso con vínculos familiares cuestionables, mientras los consejos de administración guardan silencio y los selenófilos accionistas permanecen inertes.

Buena parte de ese poder, integrado por élites políticas y empresariales, ha acogido –primero con alivio, después sin miramientos– la consulta no vinculante sobre la OPA, que ha tomado por sorpresa a mercados y supervisores como el Banco de España o la CNMV.

Y como a los argumentos hay que ponerles nombre, dos cándidas preguntas: ¿por qué se somete a consulta un asunto privado y no el gasto en defensa? ¿Por qué un banco español no puede ocupar un banco catalán?

Recordando a Miguel Delibes, la sombra del procés es alargada.

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