Más y mejor autogobierno

En el reciente debate del estado de la autonomía, el presidente Alfonso Rueda, además de desgranar las principales propuestas de su Gobierno para los próximos meses y una batería de medidas para acometerlas, dedicó una parte de su intervención a defender el «autonomismo útil», un concepto que, a su juicio, pasa por no solo gestionar mejor, sino gestionar más. De ahí que aprovechase su discurso en el Pazo do Hórreo para adelantar que la Xunta reclamará la transferencia de cuatro competencias. Se trata, en sus palabras, de profundizar en el autogobierno.

La reclamación de más competencias y servicios —siempre aparejados con la imprescindible dotación de recursos económicos y humanos— es un mantra habitual en el escenario político autonómico. Pero las voces que las enarbolan solían provenir de otros territorios en donde el poder está casi de forma permanente en manos de partidos nacionalistas, y por supuesto independentistas, es decir País Vasco y Cataluña. Es más, los momentos en los que los gobiernos de España no han gozado de una mayoría suficiente —Aznar, Rajoy, Zapatero...— o cuando, como es el caso actual, su posición es de absoluta fragilidad han sido los más propicios para que las fuerzas nacionalistas obtuviesen un botín más jugoso. La transferencia de competencias siempre ha estado encima de la mesa de cualquier negociación parlamentaria. El País Vasco, por ejemplo, ha obtenido 16 traspasos en los últimos años, cinco de ellos en 2024. Se podría decir, de forma cruda, que los votos en el Congreso de los Diputados tienen un precio. La estabilidad de un Gobierno siempre ha implicado contrapartidas a los territorios, aunque, como decimos, a unos más que a otros. Y cuanto mayor fuese la necesidad, más grande la recompensa.

Después de 17 años, Galicia ha obtenido una nueva transferencia, la de la gestión del litoral. Era una vieja demanda que se ha acelerado después de que el País Vasco la obtuviese. El presidente Rueda ha mostrado su satisfacción —hasta calificar el acuerdo de histórico—, porque le permitirá dar seguridad jurídica a más de 4.000 edificaciones y empresas de la cadena mar-frío que operan en la costa. Sin duda, no es un logro menor. Recordemos que Galicia posee el litoral más extenso de España. Pero también es importante subrayar los 17 años que llevaba esperando nuestra comunidad por una nueva transferencia. La primera desde 2008. Eso significa que durante los siete años que presidió Mariano Rajoy el Gobierno de España, y los últimos de Aznar, no se produjo ninguna, entre otras razones porque desde la Xunta —entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo— no se consideraba una prioridad o, al menos, no se reclamó ni con intensidad ni con convicción. Pero, como se ve, las cosas han cambiado. Y mucho.

Galicia gestionará la costa para equilibrar respeto al medio ambiente y la economía

Porque Alfonso Rueda quiere más. En cierta medida esa sed de mayor autogobierno entronca con la manifestada por el presidente Manuel Fraga, quien en su día levantó la voz para dotar a nuestro territorio de más herramientas, hasta el punto de que una de sus teimas —nunca satisfecha por el PP nacional— era lograr las competencias en tráfico y seguridad vial, por cierto hoy desechadas por la Xunta al considerar que las «circunstancias son otras» y que esas competencias «no le convienen a Galicia». Y también se acerca a posiciones del nacionalismo catalán y vasco, aunque vestido de galleguismo.

Tras la gestión del litoral, ahora la Xunta pone el foco en cuatro nuevos objetivos: el rescate y el traspaso de la autopista AP-9 (un clamor que choca con la cerrazón de los gobiernos, de este y de los predecesores), la gestión compartida de las alertas meteorológicas (cuestión que ha cobrado una inusitada relevancia tras la tragedia humana y el desastre en la gestión de la dana en Valencia), la transferencia del ingreso mínimo vital y la gestión de los permisos de trabajo a los extranjeros (para agilizar la tramitación de los papeles a inmigrantes y retornados, aspecto clave dada la imperiosa necesidad de mano de obra). Por cierto, no estaría de más que añadiese a este grupo la delegación de competencias en el ámbito digital, incluidas infraestructuras, un elemento estratégico en el desarrollo económico y social de un territorio.

«El Estado de las autonomías, un modelo exitoso de respeto a la pluralidad, debe terminar de cerrar su desarrollo territorial y competencial»

Hace bien la Xunta en no caer en la autocomplacencia y mantener la tensión con el Estado, siempre desde la lealtad y la cooperación institucional. Y acierta cuando lanza nuevos desafíos —dentro del orden constitucional— para dotar a Galicia de mayor musculatura. Frente a las corrientes recentralizadoras y centrípetas que en los últimos años cobran fuerza —en Vox son palmarias, pero en los sectores más refractarios del PP asoman de vez en cuando con el consabido «España se rompe»—, el Estado de las autonomías, un modelo exitoso de respeto a la pluralidad, debe terminar de cerrar su desarrollo territorial y competencial. La eficacia de la gestión está ligada casi siempre a la cercanía con los ciudadanos. Se gestiona mejor desde la proximidad. Los problemas y las necesidades se ven con mucha más claridad cuando los tienes cerca y no a cientos de quilómetros.

Esta concepción descentralizadora, casi con un espíritu seudofederalista, que recoge y alienta la Constitución no puede verse como amenaza, sino como una oportunidad. Las comunidades, y más Galicia como nación histórica, están en su derecho de completar su marco competencial, del mismo modo que los municipios también están en el suyo de reclamar más financiación para poder afrontar todos los servicios que ofrecen a los ciudadanos y que les llegan rebotados desde otras administraciones. Y es que los alcaldes y alcaldesas siguen siendo los hermanitos pobres de la arquitectura político-territorial de España.

Rueda acierta en aprovechar el momento —veremos si ese pulso se mantiene con el mismo vigor el día que un presidente no socialista resida en la Moncloa— y también en defender un mayor autogobierno, una palabra que al núcleo más recalcitrante del PP —ese cuya visión de España se circunscribe a lo que ocurre dentro de la M-30 madrileña— le pone los pelos de punta. Sin embargo, poseer más competencias —Galicia atesora ya más de 150, la tercera comunidad por detrás de Cataluña y Andalucía— no siempre es sinónimo de una mayor eficacia y una mejor gestión. En ese terreno, si se cuenta con la dotación presupuestaria necesaria, ya no caben los reproches ni las excusas. La responsabilidad plena está en casa. Y, a la espera de lo que pudiese venir para cerrar el círculo, la Xunta ya tiene sobre la mesa las competencias esenciales, las que conforman los pilares de la sociedad del bienestar, que permiten mejorar la vida de los ciudadanos. Y esta es una tarea en la que todavía queda mucho por hacer.