Vigo, ciudad tensionada

Que el mercado residencial de Vigo está tensionado es casi una obviedad. No hacía falta contratar a una consultora para llegar a esa conclusión, como ha hecho el Concello. Basta con una simple búsqueda en Idealista o acudir a cualquier inmobiliaria para comprobar que el alquiler tradicional está por las nubes y que la oferta es cada vez más escasa. O, simplemente, leer las informaciones desalentadoras a las que ya nos tienen acostumbrados Carlos Ponce y Borja Melchor (no es culpa suya, obvio). Por eso no me sorprendió en absoluto el corolario al que llegó Seixas Invest, la asesoría que recibió el encargo del Ayuntamiento: que Vigo cumple uno de los requisitos establecidos por la ley de Vivienda para ser declarada zona tensionada, al haberse encarecido el alquiler siete puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Plan de choque

Otra cosa es que el Concello decida solicitar esa declaración, sobre todo teniendo en cuenta la mala relación con la Xunta, administración competente en materia de vivienda. En Galicia, ya están dando pasos en esa dirección A Coruña (gobernada por el PSOE) y Santiago (BNG), que han reconocido abiertamente su voluntad de limitar la escalada infinita de los alquileres. Vigo, intuyo, optará por otra vía, y prueba de ello es ese decálogo de medidas anunciado por el Concello, entre las que figuran la creación de un observatorio de la vivienda con la Universidad o el refuerzo de las acciones para que los pisos vacíos se incorporen al mercado. Esta última me parece especialmente acertada, sobre todo teniendo en cuenta que en una ciudad con tanta escasez hay cerca de 13.000 vacíos. El Ayuntamiento movilizará ayudas de hasta 8.000 euros para sufragar obras de acondicionamiento —muchos de esos inmuebles no están en condiciones de ser habitados— con el objetivo de alquilarlos a precios tasados. Chapeau.

Contener el alquiler

Aunque, sin duda, la gran apuesta —la palanca a la que se aferra el Gobierno municipal para contener la sangría del alquiler— es el nuevo Plan Xeral, que debería ver la luz en cuestión de días. Por dos motivos: porque liberará suelo para la construcción de viviendas, con la condición de que el 37% del total tenga algún tipo de protección; y porque pondrá freno a los pisos turísticos, que a la postre son los que están acelerando la inflación del alquiler, al reducir la oferta tradicional con la promesa de una mayor rentabilidad en menos tiempo y una aparente mayor seguridad jurídica. El propio estudio elaborado por Seixas Invest, basado en estadísticas oficiales, reconoce que aquellas calles y barrios con mayor presencia de viviendas vacacionales sufren los incrementos más acusados de precios.

Bienvenidas sean todas estas medidas para intentar corregir un mercado cada vez más prohibitivo para el común de los mortales. Confío en que den resultados más pronto que tarde, pero me pregunto si serán suficientes. Si no será más efectivo solicitar, como están haciendo A Coruña, Santiago y otras ciudades de Cataluña y el País Vasco, sin complejos, la declaración de zona tensionada para poner coto a unos precios que en nada se corresponden con el poder adquisitivo de las familias viguesas. Porque, al final, de poco sirve diagnosticar si no se está dispuesto a aplicar el tratamiento adecuado. Y si lo que necesita Vigo es una intervención quirúrgica para recuperar el equilibrio entre oferta y demanda, no podemos correr el riesgo de quedarnos a medias.