Explotación laboral en Vigo

Muchas conciencias sacudidas esta semana —y con razón— por la noticia del casi centenar de inmigrantes explotados en una plantación de arándanos en Baamonde (Lugo). Las imágenes de dron tomadas por la Guardia Civil de estos trabajadores —reclutados en África por una ETT radicada en Sevilla— afanados en la recolección de frutos rojos y sobreviviendo en condiciones «extremadamente precarias», según los investigadores, aún perduran en la retina de muchos gallegos que pensaban que este tipo de situaciones «aquí no pasan». Pero sí que ocurren. Lo difícil es ponerles rostro.

Es el drama que se esconde tras estadísticas como la analizada hace unas semanas, con su habitual maestría, por nuestro compañero Julio Pérez, titulada: «La Inspección de Trabajo aflora cada día un contrato irregular a extranjeros en Galicia». Los datos de 2023 reflejan 332 irregularidades relacionadas con permisos de trabajo a foráneos, la cifra más alta en catorce años, lo que derivó en multas por valor de 3,7 millones de euros para los empresarios —si es que se les puede llamar así— responsables de estas prácticas. En el conjunto del país, la Inspección identificó 12.187 empleos sumergidos de extranjeros sin permiso, un 41% más. ¿Casos aislados? En absoluto.

«¿Y en Vigo?», se preguntarán tras leer el encabezado de este artículo. Aquí también se explota a los inmigrantes. Un caso sonado hace años fue la desarticulación de un taller textil clandestino en Valadares, donde más de una docena de trabajadores chinos malvivían hacinados en un garaje. El drama salió a la luz cuando la Policía Nacional trató de identificar a un ciudadano chino sin documentación y éste acabó revelando que estaba secuestrado, obligado a trabajar sin descanso junto a otros compatriotas para pagar una deuda.

Pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo. Desde la pandemia se han sucedido los golpes policiales contra redes de prostitución en chalés de lujo en los que se obliga a mujeres extranjeras a vender sus cuerpos. No se me ocurre una forma más cruel de explotar a un ser humano, y esto ocurría —ocurre— delante de nuestras narices. Y ya el último caso desvelado ayer por Lara Graña: el del capitán de un pesquero con base en Vigo, detenido por esclavitud a bordo. Obligaba, según las autoridades argentinas, a un marinero de origen senegalés a trabajar 22 horas diarias de «lunes a lunes», lo que a punto estuvo de costarle la vida.

Quizá el caso de Baamonde llama la atención por el número de afectados —más de 80 subsaharianos— y porque ha salido a la luz en el rural, donde creíamos imposible este tipo de maldad. Pero la explotación laboral está en todas partes. En tierra y en alta mar. Y, sin embargo, seguimos oyendo frases como «los inmigrantes nos quitan el trabajo». En fin, tontos también hay en todas partes.

Como hijo de emigrante, creo que lo primero que debemos hacer con quienes llegan a nuestras fronteras es tratarlos como lo que son: personas. No esclavos ni mano de obra barata. Buscan una vida mejor, como nuestros padres y abuelos antes que ellos. La explotación laboral no es un problema lejano ni aislado. No ocurre solo en otros países ni en negocios clandestinos: está aquí, en Galicia, en Vigo, en el campo, en las empresas, en las casas. La pregunta es si vamos a seguir escandalizándonos unos días y luego olvidar, o si de una vez por todas vamos a hacer algo para que esto no se repita. Porque, al final, la verdadera medida de una sociedad no es solo cómo trata a los suyos, sino cómo trata a los que llegan buscando un futuro mejor. Y Galicia debe dar ejemplo.