Reminiscencias del siglo pasado

Unos días después de ganar la oposición de profesor universitario, aparecieron por mi despacho unas personas que, con una carpeta bajo el brazo, trataban de instruirme sobre mi nuevo estado funcionarial. Al parecer, a partir de ese momento mi cobertura médica venía asociada a la adscripción a Muface. La Mutua de Funcionarios Civiles del Estado.

Hasta aquel momento no tenía ni idea de que existiera algo así. Había trabajado durante toda mi vida laboral en diferentes ocupaciones y pensaba que el único régimen posible de cobertura sanitaria para un empleado de nuestro país era el de la Seguridad Social. Por ello, imaginé que en el nuevo puesto de trabajo iba a suceder lo mismo, es decir, continuar con mi cartilla/tarjeta sanitaria de toda la vida. Pero no, aquellas personas eran visitadoras de las diferentes aseguradoras que, con interés y puntualidad, me informaron de que, por obra y gracia de ser profesor funcionario, dependiente del Ministerio de Educación, tenía el privilegio de escoger mi cobertura sanitaria entre la privada y la pública.

Al desconocer el escenario y las costumbres, ya se sabe: «allá donde fueres haz lo que vieres», accedí casi de forma inconsciente a firmar una de aquellas pólizas. Pero como la cabeza no para, pasado un tiempo comencé a rumiar el tema y a cuestionarme la situación. La primera pregunta que me hice fue: ¿Cómo siendo funcionario público, al que le pagan su salario con los impuestos de los ciudadanos, tenía el privilegio de poder escoger el tipo de cobertura sanitaria entre pública o privada, mientras que a ellos, la mayoría de los pagadores, es decir, al resto de los asalariados, no se les daba esa opción? No fui capaz de obtener respuesta, así que tan pronto como pude, me di de baja de la cobertura privada y opté por entrar en el universo de la mayoría de los mortales, es decir, coger de nuevo la fórmula de cobertura sanitaria de la Seguridad Social, con la que continué hasta el día de hoy.

Ahora, aprovechando que el tema de Muface ha salido a la palestra mediática y se han puesto al descubierto los problemas que acarrea esa fórmula, he vuelto a confirmar mi apreciación inicial, ya que, a pesar de todo tipo de argumentaciones que he escuchado a lo largo de estos años, siempre me ha parecido que disponer de esta discriminación positiva consistía en una especie de privilegio sui géneris que permitía a algunos ciudadanos disfrutar de un servicio médico diferente, cuando la asistencia que emana de lo público debería ser universal y en las mismas condiciones para todos los ciudadanos.

No se cuál puede ser la solución para no saturar la sanidad pública con los funcionarios que disponen de una cobertura médica privada asociada a Muface y que, si las aseguradoras no llegan a un acuerdo, se tendrían que incorporar al sistema general. En realidad parece que se trata de una asignatura pendiente con reminiscencias del siglo pasado a la que, antes o después, habrá que darle solución, pues por principio, la cobertura sanitaria pública debería tener un carácter igualitario y, en pleno siglo veintiuno, quizá se vuelvan obsoletas o desfasadas algunas fórmulas pretéritas. En cualquier caso, el que a mayores de la cobertura universal se quiera hacer un seguro privado está en su derecho de contratarlo, pero no debería ser a costa del erario, sobre todo si ese derecho exclusivo se abona a partir de las cotizaciones de toda la ciudadanía y no todos los mortales tienen la opción de disfrutarlo por no pertenecer a uno de los sectores agraciados.

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