La Xunta dispara al viento

El mundo está abriendo paso a un sistema energético más limpio, sostenible y que en Europa nos permite recuperar autonomía energética y luchar contra el cambio climático. Las regiones con más facilidades para esta transición tendrán, tienen ya de hecho, una ventaja competitiva para atraer industria e innovación y generar empleo y bienestar. Para progresar.

Esta transición requerirá gran cantidad de energía renovable, en Galicia contamos con una gran riqueza en recursos energéticos naturales y renovables. Pero a este tren en marcha no nos subimos automáticamente por el mero hecho de tener potencial: las renovables deben ser desarrolladas de manera planificada, con el máximo respeto ambiental y contando con la participación y aceptación pública. Para atraer la inversión también se debe contar con seguridad y predictibilidad jurídica y regulatoria.

Lamentablemente, las anteriores premisas no se están dando. El tren no esperará por nosotros. Lo sucedido esta semana con la aprobación por parte del PP en solitario de la Ley de acompañamiento, donde se han incluido medidas que provocan, de facto, que Galicia se posicione como una región que pone trabas de mala manera a las energías renovables y, de paso, a su futuro. Además lo hace contrariando el espíritu de la reformada Directiva europea de renovables, de la que fui ponente socialista europeo.

Una de las medidas lógicas para facilitar la integración de más renovable con menor impacto es promover la repotenciación eólica. En la directiva europea esto se hace acortando plazos para tramitar la repotenciación. Sin embargo, la Xunta ha tomado el camino de la obligación de repotenciación a partir de los 25 años de antigüedad de un parque lo que va a provocar el efecto contrario; inseguridad jurídica para los inversores, litigiosidad y fuga de inversiones industriales.

La planificación y la aceptación pública son imprescindibles para un aprovechamiento ordenado. También, que la explotación de nuestros recursos debe hacerse de manera sostenible, en compatibilidad con las actividades previas y de manera que traiga beneficios para el lugar donde se implante. En la citada directiva, inspirado por la experiencia gallega, logré introducir un artículo específico para promover la participación y aceptación públicas mediante la participación de las comunidades locales. Un artículo que, por cierto, el PP español votó en contra. Ahora se sirven de él para retorcerlo y, de nuevo, poner una obligación de muy dudoso encaje en la regulación europea del mercado eléctrico.

Ya en el pasado, se tomaron medidas incompatibles con un planteamiento racional de ordenación territorial para un aprovechamiento responsable del recurso renovable. El resultado fue la pérdida de la cadena de valor que se estaba generando alrededor, la implantación desordenada y la preocupación y oposición en muchas comarcas ante el impacto de nuevos desarrollos. ¿De verdad la Xunta pretende obtener beneficios para los gallegos promoviendo la inseguridad y la litigiosidad?

Este no es el modelo para poder subirse al tren de la transición ecológica.