Con togas y a lo loco

Hay tal alboroto ahí fuera, tal disloque y desparramo, que más de una vez me he sentido tentado de cerrar la ventana para alejarme de todo vocerío babélico y recluirme en la placidez de la portentosa vista que sobre la ría y las Cíes tengo desde mi rincón de trabajo. Pero luego reparo en que si lo hago, si me aparto e incomunico corro el riesgo de volverme idiota en el sentido originario que los griegos daban a esta palabra; era «idiotes» el que se desentendía de lo público y se limitaba al reducto de lo privado, lo que más tarde se convirtió en signo de egocentrismo y ajenidad a las necesidades comunitarias; luego, con el tiempo, el término fue impregnándose de las connotaciones negativas que hoy conocemos.

De un tiempo a esta parte me veo repetidamente sobresaltado por las acciones y manifestaciones de algunos colegas jueces que me mantienen en estado de permanente asombro. Se trata de injerencias impropias de jueces en activo —y activismo—, que de palabra o de obra fustigan a otros poderes del Estado o vomitan exabruptos cargados de ideología, incompatibles con la templanza que de los jueces se espera. Hay veces en que la pasión política se impone allí donde solo ha de haber espacio para la razón jurídica.

Hay quizá, como en su día señaló Tomás y Valiente, un mal entendimiento o desnaturalización del juez constitucional transmutado ahora en juez político; este tipo de juez que baja a la arena del debate político olvida que muchas de sus manifestaciones vertidas públicamente comprometen o pueden comprometer su imparcialidad a ojos de los ciudadanos.

Por razones de espacio, dejo a un lado las salidas de tono que algunos jueces llevan a las redes sociales o las suben a la grupa de solemnes discursos inaugurales pronunciados en sedes judiciales. A veces, la imprudencia es colectiva. Así, con ocasión de entrar en el Congreso la proposición de ley de amnistía, varios jueces expresaron su protesta manifestándose a la puerta de algunos palacios de justicia, con la toga puesta, esto es, revestidos de los distintivos que los identifican como poder del Estado. Grave error, inaceptable intromisión. No era el momento de los jueces, sino del legislador, al que, en el ejercicio de su función, correspondía la palabra. La posterior tarea del juez es bien distinta: aplicar las leyes que aprueba el Parlamento, le gusten o no. Dispone de mecanismos para, en su caso y en su momento, plantear cuestión de inconstitucionalidad una vez promulgada la ley. Cierto es que la Comisión de Ética Judicial sostuvo que este tipo de manifestaciones no son necesariamente contrarias a la ética judicial, siempre que concurran determinadas circunstancias que, en mi opinión, no se daban en este caso. Por añadidura, no puede desconocerse el riesgo que tal modo de proceder puede suponer para la percepción pública de la imparcialidad de los jueces en un tema que era objeto de abierta polémica política.

Otro ejemplo. El magistrado del Tribunal Supremo, instructor del procés, en el ejercicio de su función jurisdiccional, es decir, con ocasión del dictado de una resolución, censura la labor del legislador —poder legislativo— en abierto debate con él, lo que no es sino una extralimitación en el cometido estricto de aplicación de la ley. La crítica, el reproche o censura han de quedar para el trabajo doctrinal o científico, pero no debe llevarse al seno de la resolución judicial que no es espacio para la polémica.

«Hay veces en que la pasión política se impone allí donde solo ha de haber espacio para la razón jurídica»

Y llega el esperpento inesperado protagonizado recientemente por Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. En el curso de una conferencia, se mete en harina de otro costal para tachar de ilegítimo al Gobierno de la nación con un pedestre y manido argumento, descalificación política de todo punto impertinente para ser expresada en un foro público por un miembro del Poder Judicial. Pero no acabó ahí el desbordamiento de su osadía; impulsivamente arremete contra Irene Montero para decir que nada tienen que enseñar «a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás». Adelanto que discrepo de muchas de las ideas de esta mujer, pero no puedo sino desaprobar severamente el insólito gesto de soberbia clasista, incontinencia verbal condensada en un exabrupto despectivo.

Defiendo la libertad de expresión de los jueces; pero conviene tener presente la recomendación del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, según la cual en el ejercicio de tal derecho, a la hora de expresar sus puntos de vista y opiniones, deben los jueces actuar con moderación de modo que no comprometan su independencia, su imparcialidad o la dignidad de su cargo, o cuando puedan poner en peligro la autoridad del poder judicial.

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