El Reino de Trapisonda

La política española, algunas veces trágica en el pasado, carece hoy de la más mínima seriedad, dignidad y sentido del interés público. Todo es embrollo, enredo y confusión. Los partidos políticos de relevancia sistémica, PSOE y PP, no tienen, ni jamás han tenido en realidad, el menor respeto por sus electores, de cuyo sufragio, ardua y ferozmente perseguido, se olvidan nada más alcanzar el poder. Véase en tal sentido, para documentar esta tesis, el excelente libro del catedrático de Sociología Juan Jesús González, “Las razones del voto en la España democrática, 1977-2023” (Catarata, 2024).

Ahora bien, hay un sujeto listísimo, de ética dudosa cuando no inequívoca, capaz de alcanzar la presidencia del Gobierno nacional sin necesidad de ganar por goleada las elecciones generales, o incluso quedando segundo en número de escaños: Pedro Sánchez. Primero realizó, en junio de 2018, la impensable hazaña de destituir a Mariano Rajoy a través de una moción de censura “constructiva” (en realidad, meramente destructiva), al lograr el apoyo de la más variopinta fauna de ese Arca de Noé en que se ha convertido el Congreso de los Diputados. Naturalmente, el nuevo presidente llegó a La Moncloa ayuno de un auténtico programa gubernamental que concitase el apoyo duradero de tal número de especies zoológicas (socialistas, podemistas, comunistas, indepes de todos los pelajes y nacionalistas o regionalistas de diversas taifas). Y es que se trataba a la sazón, pura y simplemente, de echar a Rajoy y luego ya se vería, aunque, por supuesto, todos los acreedores cobraron. Sobre todo el aprovechategui PNV, maestro en el arte de obtener sustanciosos réditos ya de populares, ya de socialistas, en una suerte de admirable poligamia sucesiva (acababa de votar a favor de los Presupuestos de Rajoy poco antes de sumarse a su descabezamiento), cuando no de poligamia simultánea en Vitoria y en Madrid.

Sucedió así que hubo, al poco, que convocar nuevas elecciones y estas dar paso rápidamente a otras tras la muy efímera legislatura de 2019 (apenas cuatro meses). La siguiente duró hasta 2023, cuando otros comicios otorgaron al PP 137 escaños y al PSOE solo 120, a pesar de lo cual Pedro Sánchez volvió a obtener la confianza del Congreso. En el transcurso de la XIV legislatura, el Gobierno “largo” de Sánchez hizo cosas tremendas, como propiciar la reforma del Código Penal para desarmar al Estado frente a nuevos intentos secesionistas e indultar a quienes habían pretendido lograr unilateralmente la independencia de Cataluña en octubre de 2017, sin que ninguno manifestara el menor arrepentimiento y sí, en cambio, su público propósito de reintentarlo en el futuro. A decir verdad, lo que ocurrió fue más bien un autoindulto, ya que los diputados catalanes indepes en el Congreso condicionaron, en nombre y representación de los delincuentes, la política criminal del Ejecutivo de Sánchez.

"La soberanía fiscal de Cataluza es algo afín a los conciertos vasco y navarro, residuos intolerables de una foralidad incompatible con un Estado moderno"

Ahora bien, ya no se trata de que París bien valga una misa, según el primeramente hugonote Enrique IV de Francia, sino de que vale toda una Semana Santa en caso de necesidad. En efecto, la legislatura actual es, en primer lugar, la de la aprobación de la Ley de Amnistía, negociada con el prófugo del maletero, Carles Puigdemont. Pedro Sánchez había declarado, durante la última campaña electoral, que rechazaba la amnistía por considerarla opuesta a la Constitución. Pero... a fin de obtener otra investidura presidencial precisaba justamente ¡los 7 votos de los diputados de Junts, el partido del ocupante de Waterloo House! De pronto, pues, la amnistía se convirtió a ojos de Sánchez y sus coaligados en un instrumento de pacificación del “conflicto” con Cataluña, que debía resolverse por vías de diálogo político y no de represión judicial. Lo mismo habían sostenido siempre los ideólogos afines a ETA en los muchos años de plomo de la pesadilla terrorista.

Esta amnistía resulta inconstitucional, como mínimo, porque vulnera el principio de igualdad de los españoles ante la ley (art. 14 CE) al dispensar un trato penal favorable (una verdadera inmunidad) a un grupo de personas vinculadas a los sucesos del “procés”, sin que ello obedezca a una justificación objetiva y razonable, sino, exclusivamente, al puro interés de la investidura de Pedro Sánchez. La negociación de la amnistía con Puigdemont fue pública y notoria y el júbilo victorioso del ex President completamente exultante: ¡acababa de derrotar al odiado Estado español!

Ahora, en nuestro Reino de Trapisonda, el siguiente paso es obtener la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad catalana y, en carambola, la estabilidad del Gobierno central por toda la legislatura, hasta 2027. Para ello se ha pactado con ERC lo que este partido denomina “la soberanía fiscal” de Cataluña, es decir (y hasta donde se sabe), la gestión por esta comunidad autónoma de la totalidad de los impuestos, incluidos los de titularidad estatal. ¡Fuera, pues, la Hacienda española! Algo afín, en suma, al Concierto Económico vasco y al Convenio Económico navarro, residuos intolerables de una foralidad incompatible con un Estado moderno y cuya supervivencia habría que cuestionar de una puñetera vez mediante la oportuna reforma constitucional. Veremos, mientras tanto, en qué acaba este sueño de beodos que amenaza con despeñarnos por el precipicio confederal. Las bases de ERC tienen la última palabra. Demencial.

Hay que combatir decididamente los múltiples chantajes nacionalistas. ¿Sería buena idea a tal efecto que el Presidente del Gobierno se eligiera por sufragio universal directo en todo el territorio nacional, como están ideando los italianos en este momento? La lista electoral del candidato triunfante obtendría como premio la mayoría de escaños en cada una de las Cámaras. Sigo con el máximo interés esta reforma, ya aprobada en primera lectura por el Senado de la República italiana.

*Catedrático emérito de Derecho Constitucional

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