Opinión | Crónica Política

Solo son niños (y niñas)

Hace tan solo unas semanas, FARO DE VIGO publicaba una noticia especialmente significativa acerca del fenómeno –problemático y creciente– de la migración en Galicia. Una de las deducciones básicas del trabajo era la de que este Antiguo Reino necesitaría en un futuro no demasiado lejano, más de 20 millones de trabajadores/as para combatir con eficacia la crisis demográfica. Y recordó la urgencia de combatir esa crisis lo antes posible, para lo cual insistía en que la migración sería indispensable para cubrir los objetivos. De lo que no se aportaron detalles fue de la cuestión de la integración de una masa poblacional semejante y los efectos negativos que podría producir.

Ahora, y con motivo de la reunión que ayer mantuvieron el Gobierno central y las comunidades autónomas para distribuir a migrantes menores de edad no acompañados, no solo se abrió una nueva disputa entre uno y otras, sino que también amenaza con romper la coalición entre PP y Vox en varias regiones.

En algunos sectores parecen empeñados en reducir el problema al ámbito político-partidario como si se tratase de votos, de obligaciones y, en fin, de líos que amenazarían a la seguridad pública de este país. No pocos sectores se han apuntado a la denuncia de una especie de “Armagedón” en la que se jugaría poco menos que la estabilidad y se incrementaría la estadística de los delitos. O sea, una actitud –en opinión de quien escribe– que se parece demasiado a las tesis que defienden hoy en Europa los países más radicalizados.

Se olvida, pues, no ya el factor de necesidad de futura mano de obra extranjera, sino los de humanidad y solidaridad que debiera mantener el mundo desarrollado hacia quienes no disponen de esa condición. Sobre todo cuando se trata de niños y niñas desamparados que llegan a costas españolas solos. Seguramente a causa, esa soledad, de que sus padres y/o familia han dedicado sus pocos recursos a pagar a las mafias que se dedican al transporte –y a veces al asesinato– de los que, engañados, solo aspiraban a mejorar sus vidas y su futuro. La costa canaria y la del Sol son testigos mudos de esa auténtica masacre.

Para evitar malos entendidos conviene especificar que no se defiende aquí ni respaldar el “efecto llamada”, sino más bien recordar lo que la migración, legalmente establecidas las condiciones de amparo, mediante una ley que considere a quienes vienen simplemente seres humanos, puede aportar al país receptor. Es cierto que parte de la corriente humana que llega crea problemas severos de integración e incluso de criminalidad. Y también que eso repercute negativamente en buena parte de la opinión española. Sin embargo, esa faceta puede resolverse mediante unas normas que se apoyen en las citadas humanidad y solidaridad, sobre todo si se piensa despacio en que no se trata de delincuencia o de inadaptación: se trata solo de niños y niñas.

Dicho de otra manera la polémica –como casi siempre– se refiere sobre todo a los gastos que la migración produce en las arcas del Estado y, a veces, de lo que en apariencia son ventajas a los extranjeros de las que no gozan los nacidos aquí. En ambos casos y sin restar razón a quienes tal puedan pensar procede insistir en que se trata del sector más desprotegido que ahora mismo existe en el panorama global. Por eso se entiende que por muchos problemas que se generen, niños y niñas tienen derecho a que la sociedad opulenta, y Europa lo es, sustituya parte al menos de actitudes de rechazo y apueste por compartir su abundancia. A eso se la llama humanidad.