Avanzar en el frente de la desigualdad de rentas

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

La pandemia y la crisis inflacionaria del último bienio han puesto a la desigualdad de rentas en el centro de debates y actuaciones públicas. También nos han ayudado a detectar carencias y déficits en nuestro sistema de bienestar y a ensayar fórmulas diversas. Todo lo anterior debería servirnos para reformular decisiones en todos los niveles de la administración en los próximos años, teniendo en cuenta tres cosas. La primera es que vamos a tener que ajustar el déficit. Vienen años de más austeridad que los pasados y eso nos va a exigir mayor inteligencia en el uso de los recursos públicos. La segunda, es que no debemos engañarnos. España no se ha comportado de forma manirrota ni ha hecho cosas muy diferentes a otros países, con la excepción quizá de la muy oportuna “excepción ibérica”. Hay muchos países europeos que han gastado y han aplicado rebajas impositivas más intensas que las nuestras. La tercera es que en España la desigualdad de rentas supera la media europea y, en su conjunto, gastos e ingresos públicos se hallan entre los menos redistributivos por euro invertido.

Por tanto, es el momento de evaluar y reformar, de hacer muchas cosas de manera diferente; teniendo presentes todas las dimensiones relevantes de los problemas y sin dejarse engañar por el sentido común. Dos ejemplos bastarán para entender a qué me refiero.

Hacer que los individuos paguen en función de la renta por el acceso a sanidad o educación puede provocar que las familias de ingresos medios y altos acaben optando por llevar a sus hijos a universidades privadas u optar por la atención sanitaria privada. Y ese abandono es el camino hacia la degradación de servicios públicos que pueden acabar siendo percibidos y prestados para ciudadanos pobres. Si queremos que los que más tienen paguen más, utilicemos los impuestos.

Las desgravaciones fiscales en el IRPF por la compra de vivienda eran, supuestamente, una fórmula para ayudar a las familias a acceder a una vivienda. En la práctica lo que se consiguió fue inflar los precios y que esos recursos acabasen en manos de propietarios de los solares y promotores inmobiliarios. Con el dinero que invertimos en esta mala medida podíamos haber construido, literalmente, millones (en plural) de viviendas de promoción pública para alquilar. Eso hubiese sido mucho más inteligente y positivo.

Toca ser ambiciosos e inteligentes, dejarse asesorar por quienes estudian los efectos no intencionados de las políticas y optimizar los recursos públicos

Suscríbete para seguir leyendo