Democratizar a la fuerza

Bernard Duran

Bernard Duran

El golpe de estado en Níger y la propuesta de la presidencia nigeriana de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) de realizar una intervención armada para restablecer la democracia en ese país, ha vuelto a avivar la polémica. ¿Es lícito, desde el punto de vista del derecho internacional, el uso de la fuerza para promover la democratización de un Estado? Por el momento no existe consenso para una intervención de esas características, pero si existiese, ¿sería lícita? ¿Y en aquellos casos que la misma se produce por graves vulneraciones de derechos humanos por parte de un régimen opresor?

Según el artículo 2.4 de la carta de la ONU los estados deben abstenerse del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Este principio general tendría algunas contadas excepciones como el derecho a la legítima defensa (que no es el caso que aquí se plantea) o si existe una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sí podría autorizar una intervención armada. ¿Cuál es el problema en este segundo caso? Pues que el derecho a veto para las 5 grandes potencias y miembros permanentes del Consejo ha venido generando bloqueos en el organismo debido a las visiones contrapuestas, en la mayor parte de controversias internacionales, entre los países occidentales, la URSS, actualmente la Federación Rusa, y China.

En consecuencia, estas intervenciones, incluso aquellas que podrían contar con cierta simpatía por parte de la opinión pública occidental, son ilícitas. De hecho, muchas de ellas han supuesto un tremendo fiasco, como han sido los casos de Afganistán, la segunda guerra del golfo o la intervención en Somalia. En el caso de la intervención de la OTAN en Serbia, los bombarderos causaron un número mayor de fallecidos entre civiles y militares que los desaparecidos que se atribuían al Gobierno serbio de la época, aparte de los miles de desplazados que provocó el conflicto y las cuantiosas pérdidas económicas. También se podría considerar muy polémica la intervención en Libia. Por supuesto el régimen de Gadafi no despertaba en occidente ninguna simpatía y, de hecho, ya había sufrido bombardeos estadounidenses en Trípoli por su apoyo a actividades terroristas. Tras dichos bombardeos, Gadafi se cuidó muy mucho de volver a tontear con el terrorismo y su régimen se volvió más pragmático, por supuesto seguía siendo una férrea dictadura con poco respeto hacia los derechos humanos, pero era un país estable y rico que absorbía numerosa mano de obra proveniente de Egipto y del Sahel. La intervención dejó en herencia una guerra civil, un estado fallido y que pasase de ser un foco de atracción de mano de obra a un país emisor de emigrantes ilegales y en donde las mafias de la emigración campan a sus anchas.

Es cierto que desde la perspectiva occidental algunas de estas actuaciones nos pueden parecer moralmente defendibles. El caso de Afganistán, con el régimen talibán, su apoyo al terrorismo yihadista y el tratamiento de dicho régimen hacia la mujer sería un caso claro. El resultado final, sin embargo, ha sido muy decepcionante tras tantos años de esfuerzo, energía y coste en vidas humanas, para volver al lugar de partida.

En definitiva, el democratizar a la fuerza no solo es un ilícito internacional si no se tiene el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que además se corre el riesgo de empeorar la situación. La democracia es efectivamente el mejor de los sistemas políticos posibles, pero no se debe imponer por las armas ni se puede pretender que otros países, con otras culturas y tradiciones políticas muy distintas, hagan esa transición de la noche a la mañana. Quizás las sociedades más avanzadas del siglo XXI, que en el campo de las intervenciones armadas siguen en cierta medida ancladas en dinámicas más propias de la Guerra Fría, tendrían que empezar a plantearse los dramas humanitarios que subyacen tras cualquier guerra y dedicar más energía a los procesos de paz. Siempre existen otras fórmulas de presión internacional para luchar contra regímenes no democráticos y que no respetan los derechos humanos. Merece la pena explorarlos antes que recurrir a la violencia.

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