Es muy probable, a la vista de los acontecimientos –y de su relato– que con el caso del “Villa de Pitanxo” –veintiún muertos en una tragedia marítima cuando el buque faenaba en el mar de Terranova– acabe como la catástrofe de Angrois, con más de medio centenar de fallecidos y numerosos heridos. Dos historias al parecer interminables, en las que alguien –o en plural– parece interesado en que nunca se sepa la verdad. O, de saberse, que sea cuando los responsables, penales y/o políticos, estén fuera del alcance de la Ley. Lo que supone ya hoy una vergüenza, pero que si se prolongasen, o tuviesen segunda parte, sería una iniquidad.
Por lo que respecta al naufragio del pesquero gallego, la Asociación de familiares de las víctimas hizo pública una denuncia –que el diputado del BNG llevó al Congreso– acerca de la salida del buque encargado de localizar el pecio y recoger todos los datos posibles sobre el suceso. Parece que el juez instructor del caso envió un escrito al Ministerio correspondiente para que no zarpase sin llevar a bordo peritos, oficiales y de parte, sin que la Administración lo atendiese. El buque hundido partió en su momento hacia la zona llevando a un tripulante más de los que había declarado, de modo que no sería precisamente una novedad la presunta infracción de normas. Y la aparente falta de control.
La subdelegación del Gobierno afirma que se han cumplido todos los requisitos administrativos, tanto en el concurso de adjudicación de las tareas de rescate como en las condiciones. Aunque no ha habido, hasta el momento, una explicación ni del extraño retraso del concurso en cuestión ni la desatención a las continuas peticiones de los familiares. Y ahora, con el aparente incumplimiento de la solicitud judicial, el asunto no sólo se complica, sino que crecen las dudas acerca de la investigación y su desenlace. Y las familias, como quedó dicho, temen no sólo que la cuestión nunca quede aclarada del todo. Además, expresaron su malestar por el “plantón” del nuevo delegado del Gobierno, señor Besteiro, algo que acrecienta su malestar y su decepción.
Y es que, hasta ahora, todo invita a pensar en que, tanto en un caso como en otro y aun del todo distinto, los familiares de las víctimas van a resultar protagonistas inocentes de dos catástrofes diferentes, pero unidas por el lazo inexplicable de la burocracia y sus tramitaciones, además de la falta de respeto para con las personas en los dos casos, como también aparenta extrema lentitud en la Justicia. Cuyos actores principales se están encargando estos días de demostrar que su independencia es relativa, cuando no inexistente. Fiscales y jueces admiten, y hasta proclaman, su condición de “conservadores” y “progresistas”, lo que –por cierto– coincide con el rechazo y aceptación de la oferta del Gobierno para evitar una huelga discutible por muchas razones.
Resulta bien cierta esa tan pesimista afirmación de que “es lo que hay”. Pero por más que insistan algunos, nunca será de recibo que en una democracia el juicio para averiguar una tragedia ferroviaria transcurra sin que se haya llamado siquiera a declarar durante la instrucción –que duró más de ocho años– a ministros que eran responsables de Adif y Renfe, cuyos representantes en la vista oral se acusaron mutuamente de errores que rozan la responsabilidad penal. Y el juicio de Angrois, que rematará en el décimo aniversario de la tragedia, ni puede ni debe ser el modelo del futuro sobre el naufragio del “Pitanxo”: dos historias interminables en apariencia, cuyo remate está lejos de divisarse. Algo que debería causar tanta vergüenza propia en el sistema, como la ajena que siente la sociedad misma.
