Es posible que ese refrán según el cual “no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que quien no quiere escuchar” resulte clave para entender qué es lo que pasa con el asunto, ya muy analizado, pero nunca resuelto, de la crisis demográfica. Que hace de Galicia una de las regiones europeas más afectadas en la media de edad y en otro factor básico del problema, que es la despoblación. Pero lo peor es que los avisos se repiten desde diferentes perspectivas, pero las advertencias para que el asunto se tome en serio no sólo son desatendidas, sino que, en el mejor de los casos, se limitan a declaraciones de intención y algunas medidas parciales que, como las de la Xunta, no pasan de parches.

Por lo que al Gobierno central respecta, ni siquiera eso: hay un fantasmagórico proyecto bautizado con la fecha de 2050 pero es muy cierto que “para entonces todos calvos”, y aún más: sin que exista garantía alguna de que lo que contiene ese proyecto genérico sea siquiera viable, todo muy en la línea de lo que suele ocurrir con los planes del señor Sánchez. En definitiva, Galicia, España y Europa, que tiene esa crisis en un horizonte relativamente próximo, aunque no castigará a la vez y del mismo modo a todos los países continentales, son los sordos que no quieren escuchar y los ciegos que no desean ver. Y para colmo, nadie tiene planes serios ni comunes para atajar el problema.

Pero hay cifra, y cada vez son más preocupantes. FARO DE VIGO acaba de publicar varias que deberían haber sido motivo de algo más que literatura hace ya mucho tiempo. Aunque sólo fuese por su resumen: “los ancianos superan en número a los jóvenes en el 99% del territorio gallego”. El ritmo de envejecimiento en la comunidad es de los más intensos de Europa y cada vez a mayor ritmo: el número de mayores de 65 años ya supone el 26% de la población, y en menos de quince años superarán el 32%. Una estadística frente a la que no hay ni políticas concretas ni prevención digna de tal nombre. Cierto que existen ayudas para natalidad y algunas normas para facilitar la conciliación laboral, pero la óptica en materia de derechos, obligaciones y en general a los asuntos de las familias ha cambiado radicalmente con este Gobierno, si bien los anteriores y los actuales autonómicos tampoco puede decirse que hayan gastado demasiado tiempo en la tarea.

Esa tarea es cosa de gobernantes, por supuesto, pero también de sus opositores en cuanto que posible relevo de sus rivales durante el tiempo en que comiencen a llegar los resultados de lo que haya que hacer para remediar esa crisis. Porque el plazo se medirá en generaciones y necesitará acuerdos a pesar de que el clima político no suavice las tensiones. Habrá que resolver el problema del empleo de la vivienda, elevar los salarios para permitir un horizonte económico digno y estable. Algo que es mucho más fácil de decir que de hacer, pero resolverlo va a exigir como mínimo, atender los avisos, porque el problema seguirá si quienes deben hacerle frente simulan ser sordos o ciegos.