Comisiones de la verdad

Justicia y verdad van de la mano; sin verdad no hay justicia. No es preciso entrar en hondas disquisiciones filosóficas acerca de lo que es la verdad. Nos basta ahora con lo que el hombre común entiende por tal, porque sabe diferenciarla de la mentira, de la opacidad, de la ocultación.

Toda víctima de un desafuero tiene derecho a la verdad. No se trata solo del que se entiende subsumible en el derecho al debido proceso, tal como se concibió por la Corte Interiberoamericana de Derechos Humanos; hoy se va más allá y se concibe como un derecho fundamental de carácter autónomo. Tanto jurisprudencia como doctrina se abren camino en esa dirección.

En nombre de este derecho se han ido constituyendo en diversos países las llamadas comisiones de la verdad para la averiguación de lo ocurrido en los casos de desapariciones forzadas y otros atentados contra los derechos humanos. Su objetivo es, como su propia denominación expresa, la búsqueda y alumbramiento de una verdad ensombrecida, oculta entre hojarasca de silencios y ocultaciones, resistencia e inacción de las autoridades. Son aquellas comisiones organismos temporales, no judiciales, creados para la investigación y documentación de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos. Y puesto que no son de índole judicial, no juzgan, sino que simplemente tratan de averiguar lo que ocurrió, con objeto de que las víctimas y sus familiares vean satisfecho el derecho a saber la verdad, que es una forma de hacer justicia y de obtener una satisfacción reparadora. A la vez, la labor de estas comisiones refuerza la confianza de la sociedad que también tiene derecho a la verdad.

La Resolución nº 9/11 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recuerda la importancia del reconocimiento del derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a sus familias y a la sociedad, de conocer la verdad sobre esas violaciones, los hechos, sus causas y la identidad de los autores. Para ello alienta a los Estados a la aplicación de las recomendaciones formuladas por mecanismos no judiciales como las comisiones de la verdad, y anima a estudiar la posibilidad de crear mecanismos judiciales específicos y, según proceda, comisiones de la verdad que complementen el sistema judicial para investigar y castigar aquellas violaciones.

Lógicamente, el reconocimiento de este derecho a la verdad implica la libertad de búsqueda, sin condicionamientos ni cortapisas por parte del Estado. Este no puede interferir en la satisfacción del que hoy se concibe como un derecho fundamental de las víctimas y sus parientes.

“No juzgan, simplemente tratan de averiguar lo que ocurrió, con objeto de que las víctimas y sus familiares vean satisfecho el derecho a saber la verdad”

Según información de los medios, 7.291 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid en el curso de la primera ola de la pandemia sin ser trasladadas a un hospital. Los familiares de las víctimas no se dan por satisfechos con las respuestas de la Fiscalía Superior de Madrid. Creen que en ellas no está toda la verdad; afirman que todavía no saben qué ocurrió en estos centros en el curso de aquellos meses de la primavera de 2020, y como en su opinión ha habido pasividad judicial y mentiras políticas, las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia, en el ejercicio de ese derecho a la verdad, han decidido crear una Comisión ciudadana por la verdad de la que forman parte una doctora en epidemiología por la Universidad de California, un médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria, una escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, profesor también de Derecho Constitucional, una socióloga, politóloga y columnista de infoLibre y un abogado especialista en memoria histórica. Para presidir esta comisión, han acudido a persona de encumbrado prestigio como es José Antonio Martín Pallín, que fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, y hoy abogado y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

La posición de las familias afectadas es respaldada por Amnistía Internacional; según esta ni se ha escuchado a las víctimas ni se han investigado lo suficiente los protocolos que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales en los momentos más duros de la pandemia, en suma, que las investigaciones llevadas a cabo tanto por la Fiscalía como por la Comunidad Autónoma de Madrid son “deficientes” e incapaces de aclarar lo que realmente ha ocurrido, por ello aboga por la constitución de la correspondiente comisión de la verdad.

En palabras del nombrado presidente de la comisión constituida, no podrán hacer justicia porque eso corresponde a los jueces, pero sí quieren ofrecer “la posibilidad de reparación y, sobre todo, el derecho de no repetición”. Como he dicho más arriba, ya el conocimiento de la verdad es una forma de reparación.

La comisión empezará su andadura después de las elecciones. Hagamos votos porque lleguen a ese puerto de venturoso abrigo que es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

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