La protección

Parece extraña, al menos a primera vista, la decisión de la Xunta al aceptar las alegaciones presentadas por el sector mar-industria a la ley autonómica del litoral. Y se califica de ese modo porque al menos desde la opinión personal, resulta contradictorio enfrentarse con el Gobierno central para proteger mejor la costa gallega, sobre todo una serie de edificaciones de interés económico general que algunas dudas acerca de la aplicación de la ley estatal podría afectar negativamente. La cuestión está, de acuerdo con lo publicado por FARO DE VIGO, en la prohibición para construir nuevas instalaciones, que el proyecto, en principio muy posiblemente pactarían aquí socialistas y populares, incluía en uno de sus artículos, se ha retirado.

Eso, al menos en apariencia, dificultaría el posible acuerdo –y desde luego aún más el ya de por sí complejo apoyo del BNG– y quizá aumente las complicaciones para lograr algún tipo de entendimiento con el ministerio correspondiente y/o el Gabinete del señor Sánchez a efectos de evitar un recurso de éste al Tribunal Constitucional, que y ahí están los antecedentes inmediatos en sus fallos desde que lo preside el señor Conde Pumpido, en los que se rechazan los recursos de la oposición a algunas de las leyes emanadas de este Gobierno: ya ni se diga si se trata de resolver un pleito que la coalición rechaza por invadir competencias del Estado, aparte otros argumentos “menores”.

Con todo, hay un dato clave: si la ley del litoral tiene algún sentido es el de la defensa de las costas gallegas de fenómenos urbanísticos como los que han como mínimo afeado extraordinariamente las de otras comunidades, con ejemplos que no parece necesario citar. Y en ese sentido, y con ese espíritu, las opiniones pública y publicada de este Antiguo Reino se han manifestado muy mayoritariamente en favor del proyecto de la Xunta. Pero la retirada de ese artículo aparenta, al menos de entrada, que aquella defensa puede tener ciertas debilidades, que afectarían a las garantías de defensa e incluso al espíritu de la propia ley, que es la defensa de costas y paisajes.

Procede insistir al menos en un sentido concreto: si se elimina la prohibición de levantar nuevas edificaciones, y se argumenta esa decisión en que el artículo “carece de sentido” se deja un margen por lo menos a la interpretación, que acaso resulte peligroso para el litoral, tanto en lo paisajístico como en la protección específica de ambientes concretos. Si la norma gallega se establece para defender sus costas, el artículo tendría sentido, aparte de que durante el debate será posible recuperarlo, modificándolo, explicándolo y especificando más, etcétera. Pero por mucho interés legítimo que puedan tener quienes alegaron, es superior el interés común y desde luego, no caer en errores.

Es cierto que los intereses de los que presentaron alegaciones son legítimos, del mismo modo que lo son los de quienes creen ver en la supresión del artículo en cuestión. Pero los legisladores, en este caso la mayoría absoluta con que cuenta el PPdeG en la Cámara autonómica habrán de sopesar lo que significa un riesgo de ruptura de un acuerdo –cierto que verbal y de algún modo condicionado a la lectura del texto final y a la aceptación de posibles enmiendas–, pero es cuestión a tener en cuenta. No sería la primera vez, además, en que aquí como en otras partes de España, hay quien se pasa las leyes de este tipo por el forro. Pero, en Galicia, no tiene por qué ocurrir: podría perderse incluso más de lo que la ley del litoral gallego pretende.

Parece extraña, al menos a primera vista, la decisión de la Xunta al aceptar las alegaciones presentadas por el sector mar-industria a la ley autonómica del litoral. Y se califica de ese modo porque al menos desde la opinión personal, resulta contradictorio enfrentarse con el Gobierno central para proteger mejor la costa gallega, sobre todo una serie de edificaciones de interés económico general que algunas dudas acerca de la aplicación de la ley estatal podría afectar negativamente. La cuestión está, de acuerdo con lo publicado por FARO DE VIGO, en la prohibición para construir nuevas instalaciones, que el proyecto, en principio muy posiblemente pactarían aquí socialistas y populares, incluía en uno de sus artículos, se ha retirado.

Eso, al menos en apariencia, dificultaría el posible acuerdo –y desde luego aún más el ya de por sí complejo apoyo del BNG– y quizá aumente las complicaciones para lograr algún tipo de entendimiento con el ministerio correspondiente y/o el Gabinete del señor Sánchez a efectos de evitar un recurso de éste al Tribunal Constitucional, que y ahí están los antecedentes inmediatos en sus fallos desde que lo preside el señor Conde Pumpido, en los que se rechazan los recursos de la oposición a algunas de las leyes emanadas de este Gobierno: ya ni se diga si se trata de resolver un pleito que la coalición rechaza por invadir competencias del Estado, aparte otros argumentos “menores”.

Con todo, hay un dato clave: si la ley del litoral tiene algún sentido es el de la defensa de las costas gallegas de fenómenos urbanísticos como los que han como mínimo afeado extraordinariamente las de otras comunidades, con ejemplos que no parece necesario citar. Y en ese sentido, y con ese espíritu, las opiniones pública y publicada de este Antiguo Reino se han manifestado muy mayoritariamente en favor del proyecto de la Xunta. Pero la retirada de ese artículo aparenta, al menos de entrada, que aquella defensa puede tener ciertas debilidades, que afectarían a las garantías de defensa e incluso al espíritu de la propia ley, que es la defensa de costas y paisajes.

Procede insistir al menos en un sentido concreto: si se elimina la prohibición de levantar nuevas edificaciones, y se argumenta esa decisión en que el artículo “carece de sentido” se deja un margen por lo menos a la interpretación, que acaso resulte peligroso para el litoral, tanto en lo paisajístico como en la protección específica de ambientes concretos. Si la norma gallega se establece para defender sus costas, el artículo tendría sentido, aparte de que durante el debate será posible recuperarlo, modificándolo, explicándolo y especificando más, etcétera. Pero por mucho interés legítimo que puedan tener quienes alegaron, es superior el interés común y desde luego, no caer en errores.

Es cierto que los intereses de los que presentaron alegaciones son legítimos, del mismo modo que lo son los de quienes creen ver en la supresión del artículo en cuestión. Pero los legisladores, en este caso la mayoría absoluta con que cuenta el PPdeG en la Cámara autonómica habrán de sopesar lo que significa un riesgo de ruptura de un acuerdo –cierto que verbal y de algún modo condicionado a la lectura del texto final y a la aceptación de posibles enmiendas–, pero es cuestión a tener en cuenta. No sería la primera vez, además, en que aquí como en otras partes de España, hay quien se pasa las leyes de este tipo por el forro. Pero, en Galicia, no tiene por qué ocurrir: podría perderse incluso más de lo que la ley del litoral gallego pretende.