Crónica Política
El ridículo
Pocas veces hubo, y probablemente habrá –aunque nunca se sabe, eso es verdad– descalificativo mejor aplicado que el “ridículo” con el que los sindicatos policiales definieron la adjudicación de plazas dispuesta por el Ministerio del Interior para Galicia. Porque, en principio, lo fue la asignación de 26 profesionales a una comunidad como esta, en la que, –oficialmente– ha crecido la delincuencia el último año más de un treinta por ciento. Y aunque es cierto que el Ministerio del Interior han rectificado, en era ocasión no parece cumplirse el refrán que endosa sabiduría a los que tal hacen.
El motivo es simple: ni la rectificación resulta suficiente para zanjar el problema. Pasar de 26 a 52 agentes más queda muy lejos de lo que este antiguo Reino necesita, ni el aumento fue iniciativa del departamento, sino de la presión que los sindicatos profesionales hicieron para lograr deshacer un entuerto que realmente no solo les perjudicaba directamente, sino también a los/as ciudadanos/as cuya seguridad les está encomendada, y precisamente en los puntos más “calientes”, que son las ciudades y núcleos urbanos de mayor población. Y ese dato ratifica la opinión que del Ministerio –y el ministro– tienen no pocos miembros de los Cuerpos y Fuerzas que se dedican a la protección del orden público.
(Así lo han dicho, y reiterado, en la práctica, todos los sindicatos que ahora han logrado modificar una decisión tomada contra el sentido común. Y lo han hecho muy probablemente hartos de otras (decisiones) anteriores –o no tomadas, como las reivindicaciones salariales de las policías autonómicas vasca y catalana– o la compra de armas defectuosas que, en este caso, se entregaron a la Guardia Civil y reparadas por sus especialistas a pesar de las garantías fijadas en los contratos. Y, citada la Benemérita, el malestar es aún mayor por el déficit de recursos materiales y humanos, además de casos en los que el ministro cesó a mandos del Cuerpo por motivos discutibles.)
Sea como fuerte, los problemas de fondo afectan a la seguridad ciudadana. Un capítulo cuyos presupuestos son escasos, lo que contribuye a que sus tareas resulten más complicadas y peligrosas. Y en tiempos como estos, así como dadas las dificultades económicas que se anuncian, garantizar aquella seguridad exigirá más agentes. De ahí que quizá resulte conveniente recordar que existe otro cuerpo policial, el local, cuyas funciones están bien delimitadas pero que podrían modificarse en cierto modo, para convertirse en un cuerpo de proximidad con prácticamente las mismas competencias, pero planteadas de otro modo.
Eso proporcionaría un complemento de seguridad a la población en base a las cercanías y conocimiento del terreno y sus habitantes y liberaría recursos por ejemplo para facilitar la tarea de la Guardia Civil allí donde ejerce sus funciones y a la Policía Nacional en los núcleos urbanos. Y, en definitiva, se lograr desde la cooperación y coordinación, reducir la tasa de delincuencia. Que, por cierto, es de lo que realmente se trata. Y más de un prócer no caería en el ridículo, situación que nadie desea porque las consecuencias las pagaría, en primer lugar, la gente del común.
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