La “policrisis”

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, don, Juan Manuel Vieites, acaba de definir, ayer mismo, la situación económica española como una “policrisis” que, con las líneas económicas que marca el Gobierno actual, no solo no podrá resolverse sino que empeorará aún más en este 2023. La primera reacción que, sin duda, la gente del común habrá tenido ante la noticia que acaba de publicar este periódico –la mitad de las pequeñas empresas que se abrieron en Galicia cerraron al cabo de un año, y el treinta por ciento de los autónomos se ha ido– es de alarma y, la segunda, preguntar qué significa esto, o puede significar, en el equilibrio económico de esta tierra.

Cierto que no se pretende que esté a punto de llegar el Apocalipsis, ni mucho menos, pero sí afirmar que la sociedad tiene derecho a inquietarse ante esa y otras señales de riesgo. Lo segundo, la explicación, es más difícil de ofrecer, sobre todo porque el oficio político ha perdido la virtud, si es que en algún momento la tuvo, de utilizar la didáctica sobre todo en asuntos complicados. Y en los delicados, como por ejemplo es el trato discriminatorio y mendaz que el Ministerio de Trabajo da a los autónomos, cuya indignación hace apenas unas horas, al percatarse del aumento de sus cuotas, es más que notoria, sin que los sindicatos “cortesanos” se molesten en tenerlos en cuenta.

(No es una novedad esa desatención. Existió desde hace mucho tiempo, hasta que Aznar mejoró algunas prestaciones de protección social y después Zapatero impulsó un Estatuto del Trabajador autónomo cuya aplicación se quedó a medias. Ahora, y a pesar de las grandilocuentes afirmaciones procedentes de la coalición PSOE/Podemos, permanece la discusión en las centrales para negar lo evidente: que los autónomos, en su gran mayoría, son a la vez trabajadores y empresarios. Pequeños o medianos, pero no “ricos”, como parecen creer y así actuaban, antes de su cómoda siesta actual, mecidos por la cálida afluencia de ayudas, que hacen innecesarias las subvenciones por cursos inexistentes.)

En cualquier caso, los datos que publicaba FARO DE VIGO llevan a una observación quizá compartida por no pocos especialistas: la economía gallega parece, al menos, frenada por una serie de circunstancias que la mantienen casi inmóvil, como en estado de catalepsia. Y fuentes poco sospechosas de partidismo, como el Foro Económico de Galicia, coinciden en advertir de un parón significativo. Cierto que parte importante de su causa es la situación general, pero aún así, y a pesar de los esfuerzos a desarrollados desde la Xunta, los resultados aún no se aprecian. Y no es un problema tanto de gestión cuanto de lo que la Constitución define como clave: la solidaridad interterritorial.

Esa parálisis que al menos en apariencia se padece, resulta favorecida por la policrisis, pero a la vez por la falta de claridad, la confusión y las sospechas sobre el criterio de reparto de los Fondos Europeos. Cuya credibilidad, la de quienes los distribuyen, está más que cuestionada. Algo que resulta especialmente dañino porque afecta a quienes más necesitan esa solidaridad. Y Galicia es, a día de hoy y aunque cueste reconocerlo, apenas uno de los actores secundarios y peor tratados de la escena en que se mueve la política económica estatal. Y no solo por ella: tampoco la UE parece generosa, si se juzga por ejemplo en el asunto del Corredor Atlántico de mercancías y sus demoras. Y asegurar que “es lo que hay” no consuela. Por lo menos aquí.