Las chapuzas

Uno de los datos que, seguramente, quedan por conocer es el número de los agresores sexuales beneficiados en Galicia por la chapuza a la que algunos siguen llamando “ley del sí es sí”. No se trata de que ese dato rebaje en algo el desprestigio de quien la propuso y quienes la aprobaron, pero ayudaría seguramente a poner en guardia a quienes pudieran resultar víctimas de nuevo; y como aquí, en esta tierra, ha habido –como por desgracia recuerda buena parte del país– varios delitos de ese tipo, y alguno aún más terrible, esa advertencia pondría aún más alerta a los cuerpos de seguridad que deben proteger a gallegas de las represalias de quienes están en libertad o esperan hacerlo antes de lo previsto.

Y todo ello, procede repetirlo, “gracias” a doña Irene Montero, de una especie política que, afortunadamente, no tiene demasiadas criaturas en la fauna pública. Bien es cierto que las actuales ya son suficientes para dañar no solo directamente a muchas mujeres, sino también de modo indirecto a la imagen de España como Estado de Derecho. Y a todas sus comunidades, incluyendo Galicia, porque resulta muy difícil de explicar, y aún más de entender, que en una democracia seria se pueda legislar desde la inepcia y la impudicia sin que ese “modelo” pase factura. Por ejemplo en el terreno de la inversión: si el dinero teme a algo más que al desorden es a la inseguridad jurídica que lo genera.

Y es que es eso –el dinero– lo que hace a cualquiera que piense en ubicarse aquí para hacer negocios –lícitos, por supuesto– han de echarle hacia atrás las decisiones de grupos como Podemos, que además es Gobierno, partidos como Bildu, ERC o Vox, y residuos como el que capitanea Puigdemont. Y alguno más que parece “civilizado” hasta que se rasca y estropea el camuflaje. Pero, volviendo a Galicia y a las peores hipótesis que se vuelven verosímiles con las decisiones de Montero y sus afines, no estorbará que se recuerde que existe también en Galicia un número elevado de mujeres amenazadas y por tanto muy vulnerables a pesar de los esfuerzos de Policía y Guardia Civil.

Por cierto: ambos cuerpos carecen de recursos materiales, personales y ahora legales mientras doña Victoria Rosell, que parece la encargada de su protección, dedicada alabanzas a la “protección” que proporcionan las pulseras magnéticas a las amenazadas y la “garantía de control que supone el que se las coloquen a los beneficiados por la ley Montero. Pero lo medible no es opinable: una alta proporción de las casi cincuenta mujeres asesinadas en 2022 –una estadística superior a las de los últimos años del terrorismo de ETA– demuestran el tremendo error que comete la casi elegida miembro del Tribunal Constitucional.

Afortunadamente, hay elecciones pronto y parece que el señor Sánchez y su equipo, por razones que nada tienen que ver con la Justicia sino con el riesgo que corren sus candidatos en mayo, están dispuestos ahora a atender las exigencias de casi todo un país y modificar la ley Montero. Pero eso es una chapuza sobre otra: el daño ya está hecho, pero a don Pedro eso no le importa demasiado, ya que se trata solo de que él pueda disimular el desastre y seguir como hasta ahora.

Lástima: en su momento, el presidente del Gobierno debió haber recordado aquello, tan suyo, del “no es no” para anular el “solo el sí es sí” de la ley de su ministra, a la que –por cierto– cualquier dirigente serio cesaría sin remilgos. El no, pero no porque no quiera, sino porque no puede, por si acaso. Porca miseria.

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