El desprecio

Habrá, sin duda, quien alabará el criterio del Gobierno a la hora de repartir sus prebendas, no pocas de ellas disfrazadas de “ayudas”, aunque a cualquiera con un criterio mínimamente objetivo le resulte difícil de hallar un motivo, siquiera superficial. Aunque todos habrán de esperar casi un milagro: que el concesionario explique, siquiera de forma general, cuál es el criterio en cuestión. Por ejemplo, en lo que se refiere al trato que aplica en el sector de la pesca: en apenas una semana de lo que va de año ya ha incurrido en decisiones que solo pueden entenderse como desprecio o desconocimiento, aunque siempre quepa la posibilidad de que se den ambas a la vez.

Sin intención de relatar una causa general, es sintomática la relación de hechos que desde el Ministerio –o lo que es lo mismo, el Gobierno– se han producido y que afectan a un sector que es clave para los intereses de Galicia, como tantas veces se ha puesto de manifiesto frente a la escasa atención real de diferentes gobernanzas. El último, la negativa a aplicar a los buques españoles de altura que lleven pabellón extranjero aunque pertenezcan a propietarios españoles. Un motivo en apariencia lógico, pero que omite el dato citado, además de que los barcos, en no pocas ocasiones, necesitan ese distintivo simplemente para poder faenar allí donde la UE, por ejemplo, no los defiende.

Es cierto que parece cansino insistir en el trato, discriminatorio, que se produce en el sector pesquero, pero aún así, necesario. Primero porque la crítica de los datos objetivos, medibles, que la merecen no debe confundirse con la opinión, subjetiva, que a veces no los refleja con exactitud. Y denunciar los hechos relacionados con el sector pesquero es obligación, en un sistema democrático, sobre todo cuando, como ahora, son tan reiterados que obligarían a pensar mal, lo que –aunque el refrán lo recomiende para acertar– no siempre es aconsejable. En todo caso, el segundo ejemplo de lo que se denuncia es claro: el pescado tampoco ha sido objeto de las “ayudas” gubernamentales. Y no es casualidad.

Dado que se dejó dicho que no se trataba de relatar una causa general, bastaría con otro ejemplo: el que se refiere a la ausencia de petición para la suspensión provisional del veto a un número considerable de caladeros de fondo, suspensión que favorecería a la pesca gallega y española, al menos a la espera de un reglamento definitivo debidamente respaldo por los científicos. Es decir, algo muy parecido a lo que, con reiteración, solicitó la Xunta, a través de doña Rosa Quintana, sin que el ministerio se tomase otra molestia que reproducir excusas de mal pagador. Y no se discute la capacidad del ministro: solo la duda de que sus responsabilidades puedan ser mayores de las que su equipo es capaz de abordar.

Con todo lo expuesto parece existir materia suficiente como para reclamar, al menos de las fuerzas parlamentarias gallegas –del color y disciplina que sean– que se muestren activos al menos para exigir explicaciones plausibles. Las soluciones son asunto de otro cantar, porque necesitarían el coraje que sus señorías no tienen para reclamar lo que beneficiaría a quienes los pusieron donde están no para limpiarle las babas a sus jefes sino para defender los intereses de la gente del común. Quizá dentro de otros cuarenta años, si es que las cosas no cambian, se acostumbren a modificar su orden de prioridades, al menos para combatir los desprecios que se hacen a sus representados.