Tambores lejanos

Sí, los oigo, lejos, algo amortiguados por la distancia y la duda mediática, pero su sonido me llega. Andan PSOE y PP –¡todavía!– enredados con la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Decían por los mentideros de la villa y corte que entraban ya en la recta final cuando, de pronto, el PP ha dado un nuevo parón a la negociación pretextando esta vez su disconformidad con la reforma a la baja –y a la catalana– de la tipificación del delito de sedición. A este paso, para cuando se haga efectiva la renovación –¿ad calendas graecas?–, aquellos candidatos que, pactados hace cuatro años, se mantengan todavía en el concierto, andarán ya próximos a la jubilación o se habrán jubilado ya, vaya usted a saber. Pero este episodio estomagante y tedioso, esta historia para no dormir pero que al final nos duerme, esta vergüenza nacional de la desvergüenza, se animaba ahora con alguna novedad. Parece que los partidos –¡dichosa oligarquía!– están negociando también el que sería futuro presidente del CGPJ. Al menos así resultaría de informaciones leídas en prensa, las que, sin embargo, recibo con la cautela que me merecen estas noticias de circulación subterránea. Algunas hablan de una llamada “vía Garrigues”, según la cual la presidencia sería desempeñada por alguien ajeno a la judicatura; no sería la primera vez; otras informaciones aluden a negociaciones que podrían cuajar en un candidato “sorprendente”. Para mí, lo verdaderamente sorprendente es que todo esto se diga con naturalidad y desenfado, sin escándalo, sin reprobación alguna; y me pasma la reincidencia de los dos partidos mayoritarios que quitan y ponen rey, o sea, presidente del órgano de gobierno de los jueces, haciendo gala de una impudorosa injerencia indebida por ilegal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara en su artículo 586; en su sesión constitutiva, los vocales –repito, los vocales– presentarán y harán públicos sus candidatos a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo, no más de uno por vocal, y en sesión que se celebra entre tres y siete días después se procede a su elección (por mayoría de tres quintos).

"Quisiera creer que en esta ocasión los vocales que resulten electos no consentirán sugerencias ni mangoneos oficiosos"

Sin embargo, desde hace años, se ha venido incumpliendo el sistema legalmente establecido. El candidato venía ya designado de fuera, por el Ejecutivo o por un pacto entre partidos, que, con amable y limpio afán de colaborar al bien de España, del que se daba traslado a los vocales electos –en versión actualizada del motorista de El Pardo– que, sin disputa, se allanaban pacíficamente a confirmar la siempre acertada y luminosa designación hecha por otros y no por ellos como la ley dice. Es decir, los vocales electos abdicaban de su competencia y hacían dejación de su obligación legal para que, en régimen de “externalización”, se llevase a cabo por otros un nombramiento que era de su exclusiva incumbencia; o sea, dicho en román paladino, se dejaban mangonear. Excepcionalmente, no ocurrió así en el último Consejo, donde, por la rebeldía de cuatro vocales, hubieron de decidir entre Lesmes y la magistrada Teso. Venció el primero, que era el patrocinado por el Ministerio de Justicia, el cual, por su parte, debió quedar muy complacido con la docilidad de la mayoría de vocales. Esta práctica contra legem tuvo su expresión más escandalosa y descarada –lo he contado alguna vez– con el nombramiento de Carlos Dívar, aupado a tan alta dignidad –de la que luego tuvo que apearse en condiciones poco dignas– por un gesto de unánime mansedumbre, con el que se retrataron aquellos recios y augustos vocales que, como era obvio, no podían renunciar ni al “sillón de sus entretelas” –que decía Forges– ni a sus expectativas de futuro por los inigualables servicios prestados a la patria.

Quisiera creer que en esta ocasión los vocales que resulten electos no consentirán sugerencias, recomendaciones ni mangoneos oficiosos por muy pactados que vengan. Que su primer gesto sea el de salvaguardar y defender su independencia y la del poder judicial porque para eso son puestos ahí, aunque sea de aquella manera. Si no ocurre así, si no hay, además de la personal, una renovación ética y no se impone un rearme de seriedad y decoro, tendremos que empezar a preguntarnos ¿para qué sirve el Consejo?

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