Estos últimos días hemos asistido al debate sobre el reglamento de ejecución de la Comisión europea por el que prohíbe la pesca de fondo en 87 zonas del cantil europeo donde existen ecosistemas vulnerables o probabilidad de que los haya. El asunto ha merecido, entre otros, un claro pronunciamiento por parte de la Conselleira do Mar, publicado en este diario el 18 de septiembre pasado.
El citado reglamento nos cogió a casi todos por sorpresa, pero no debería haber sido así. El reglamento de ejecución estaba previsto en un mandato del Consejo y el Parlamento europeo en el marco de un reglamento sobre especies profundas de 2016. A partir de ahí, la gran cuestión es si la Comisión ha ejecutado su mandato de manera proporcionada o si, por el contrario, lo ha hecho sobre la base de la opción más extrema y radical.
Pero si escribo estas líneas es porque el reglamento en cuestión no es un hecho aislado, ni será el último. Veamos: en 2020, la Comisión publicó su “Estrategia europea por la biodiversidad” (documento (COM) 2020/380) en la que establecía el objetivo de proteger, a más tardar en 2030, el 30% de la superficie europea, tanto terrestre como marítima, con objeto de preservar su biodiversidad. Este objetivo, de hecho, anticipa el que posiblemente adopte a nivel internacional la Convención por la Diversidad Biológica (CBD en su acrónimo inglés). El documento en cuestión es político, no jurídico, pero la propia Comisión baraja la posibilidad de convertir el objetivo del 30% en jurídicamente vinculante.
Aunque el objetivo del 30% se aplica tanto al mar como a la tierra, sus consecuencias en los próximos años se dejarán sentir mucho más en el mar. Según la Comisión, en el momento de publicar su estrategia, el 26% del territorio ya estaba protegido de alguna forma, de manera que la estrategia preveía un incremento de las zonas protegidas terrestres de solo un 4% adicional hasta 2030. En el mar, por el contrario, la Comisión estimaba que solo un 11% de nuestros mares estaban protegidos, por lo que sería necesario un esfuerzo adicional para proteger otro 19% de nuestros mares en los próximos años.
La estrategia se basa en la filosofía de los llamados “servicios de ecosistema”, que tratan de dotar a la conservación de los ecosistemas de un valor económico, que se pueda comparar con el de los sectores productivos. En la estrategia citada, la Comisión defiende que la conservación de la biodiversidad traerá consigo no solo beneficios ecológicos, sino también económicos. No aclara, sin embargo, cuales serán dichos beneficios y, sobre todo, quienes los obtendrán.
La puesta en práctica de esa estrategia, que al parecer cuenta con amplio apoyo por parte de los ministerios de medio ambiente de los Estados miembros, representa un reto existencial para la pesca europea. Que, por cierto, se suma al que también representa el desarrollo de otras iniciativas de alto valor económico y prioridad política, tales como los parques eólicos marinos, por no hablar de la explotación mineral del subsuelo marino.
La pesca, que proporciona al consumidor la proteína animal más sana y nutritiva, y lo hace con una huella de carbono generalmente menor que la de la proteína animal de origen terrestre, tiene un papel esencial que jugar en la alimentación europea y mundial. Mucho se habla de los famosos Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, cuyo logo lucen con orgullo en la solapa muchos representantes políticos. Es el momento de recordar que el primero de dichos objetivos es el de erradicar el hambre y la pobreza. Y para ello, la pesca y la acuicultura pueden y deben jugar un papel esencial, que justificaría su desarrollo sostenible, y no su arrinconamiento en aras de la conservación ambiental. Recordemos también que el Tratado de la UE establece como objetivo de la política medioambiental el desarrollo sostenible (artículo 11 TFUE), y aclara que la protección de los ecosistemas debe ser compatible con “la utilización prudente y racional de los recursos naturales” (artículo 191 TFUE).
Por supuesto, la preservación de la biodiversidad es un objetivo importante, y es razonable pedir a los sectores económicos una contribución proporcionada a dicho objetivo. Pero la exclusión pura y simple de la actividad pesquera de grandes zonas de nuestros mares no es ni la única ni necesariamente la mejor opción. Sirva como ejemplo el caso de Noruega, que dio cumplimiento al anterior objetivo internacional de conservación de biodiversidad establecido por la CBD (el 10% antes de 2020, los llamados “objetivos de Aichi”) mediante una combinación de algunos cierres a la pesca y de otras medidas de gestión acordadas con la industria pesquera.
Estamos avisados. Las próximas iniciativas no deberían pillarnos por sorpresa. La guerra en Ucrania nos recuerda cada día la importancia del autoabastecimiento para nuestra seguridad alimentaria. La conservación ambiental puede y debe hacerse sin arrinconar a los sectores que nos dan de comer. Si nos olvidamos de la pesca como sector estratégico para nuestra alimentación presente y futura, lo acabaremos pagando muy caro.
*Experto en gestión pesquera
