Tiene razón, sin duda, la señora comisaria europea de la Energía cuando dice que las empresas eléctricas, “con enormes beneficios inesperados”, deben participar en el esfuerzo común durante esta crisis. Y la tendría todavía más si hubiese añadido que, en realidad, ellas, como otras enormes multinacionales, incrementasen su solidaridad –por extraño que parezca aplicar ese concepto al mundo mercantil de tan altísimo nivel– de haber reducido motu propio sus tarifas durante la pandemia vírica e incluso ahora por causa de la inflación. Es opinión personal, como siempre, expuesta desde el respeto al derecho de las empresas a obtener beneficios.

Dicho eso, procede reconocer que también a ellas la circunstancia les imponen mayores gastos de producción. Pero sus márgenes de ganancias “dan” para tener en cuenta que la generosidad –otro concepto raro, aún con excepciones– es una virtud que no debiera excluirse de lo comercial. Pero el introito resultaría incompleto de no incluir una reflexión necesaria. Los “esfuerzos” que la señora comisaria admite en la entrevista con FARO DE VIGO no debieran limitarse, como sugiere, a la población y a as eléctricas, las gasísticas o, aun, a las farmacéuticas: aquí, en estos tiempos turbulentos, los que de verdad deberían dar ejemplo son los políticos.

(Y de forma especial quienes gobiernan, no sólo los países más ricos, sino los que se encargan de la res pública en los menos favorecidos. Porque si la ciudadanía ha de apretarse el cinturón a veces hasta con la lengua fuera de la boca, no se debe ni se puede admitir privilegios justificándolos por la “dignidad” del cargo. Como para muestra basta un botón, póngase por ejemplo España, a pesar de que la mera mención de favores a los políticos les sirva a los citados para hablar de “demagogia” y cosas por el estilo. Las preguntas, una vez que se les pase el sofoco, no debieran resultar difíciles de contestar a personas tan ilustradas y capaces como buena parte de los representantes carpetovetónicos.)

Sea como fuere, con enfado o sin él, conviene tener en cuenta a la gente del común, que quiere saber. La primera –pregunta– obviamente, debe referirse al gasto, que de discutir de ingresos –fiscales, sobre todo– el personal está más que harto. Así que la primera (pregunta) es si alguien considera coherente que se pida sacrificios en medio de una crisis tras otra mientras aquí hay veintitrés puestos de Gobierno central –sólo por la conveniencia de apañar una coalición que no tiene más sentido que el aritmético– con más de un millar de asesores, y millones de funcionarios. La segunda, si alguien entiende que partidos, sindicatos y patronal, deben recibir dinero público.

Eso, aparte de las cuotas de sus afiliados, por ejercer trabajo que, en el caso de los parlamentarios de todo tipo, ya se retribuye individualmente, y reciban dietas, kilometrajes y, de propina, un plus por Grupo Parlamentario, y así hasta diecisiete Cámaras y dos ciudades autónomas. Para no aburrir, o enfadar, al público en general, más vale no seguir con la relación de asuntos que necesitan respuesta, desde los viajes a cuenta del Presupuesto y unos cuantos más que no se citan para no convertir la relación en un tomo de enciclopedia. Y quien menciona a España lo hace a la UE, a la que gobierna en su parcela el comisario entrevistado; una Europa cuya burocracia es tan desesperante como la que más y en cuyo Parlamento los sueldos son estratosféricos y, para colmo, con pensiones de jubilación compatibles, además de opíparas, con las españolas. Puede que se enfaden cuando se le recuerde todo esto, pero conviene que se calmen: no sólo porque hay unas cuantas canonjías más, sino porque buena parte de ellas no tienen explicación. Y, si quede algo de pudor, puede que se le caiga la cara de vergüenza a unos cuantos.