La adopción de medidas legislativas necesita, cualquiera que sea su ámbito de aplicación, tres pilares: una motivación de necesidad, un estudio de su impacto social y económico y una hoja de ruta para su implementación. Es lo que distingue a las democracias consolidadas de las autarquías. Y debería ser, en teoría, lo que distingue a Europa de otros gobiernos con los que, a veces –como ahora con la oligarquía rusa--, confronta explícitamente. Y también es lo que nos aporta seguridad jurídica y garantías de que el esfuerzo o sacrificio que implican determinadas normativas son necesarios y merecen la pena por el bien común. El sector pesquero, una vez más, se ha topado en Bruselas con un gobierno comunitario que ejecuta decisiones inexplicables, propias de un régimen absolutista y caprichoso. Un gobierno europeo que envía al patíbulo a buena parte de la flota gallega sin más convencimiento que el de cumplir una hoja de ruta preconcebida por políticos de alto rango y funcionarios a los que nadie elige y que no rinden explicaciones. Burócratas alejados de la realidad, que deciden con los pies sobre la mesa de sus confortables despachos y no en la tierra.
El jueves 15 de septiembre, la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea anunció la puesta en marcha de un “acto de ejecución” con el que prohíbe la pesca de fondo a lo largo de más de 16.400 kilómetros cuadrados en aguas comunitarias, localizadas en el arco atlántico. Un enorme cinturón que abarca desde el Golfo de Cádiz, toda la costa lusa y gallega, el Cantábrico, Golfo de Vizcaya y Gran Sol. Lo comunicó a través de un comunicado de prensa, en el que defendía la necesidad de proteger los fondos marinos del –en sus palabras– duro perjuicio que causa la actividad pesquera. Es llamativo que, existiendo megaarrastreros de bandera comunitaria –ninguno de capital español o portugués–, se limite la pesca de fondo solo en aguas ibéricas y de Irlanda, como si las artes de pesca holandesas –país que sí opera barcos de este tipo– se desintegrasen al tocar las profundidades frente a Alemania, Reino Unido o Dinamarca. O que en las aguas de estos países el suelo del océano fuese un terreno yermo de vida que no merece la pena conservar. Sea como fuere, el veto es solo para buques españoles (sobre todo gallegos), de Portugal, Francia e Irlanda, que son los que trabajan en esos 16.400 kilómetros cuadrados.
Para la adopción de este reglamento, que entrará formalmente en vigor el 9 de octubre, el departamento que dirigen Virginijus Sinkevicius (comisario) y su número dos, Charlina Vitcheva, solicitó un informe al ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano), a fin de evaluar qué áreas marinas eran vulnerables o tenían posibilidades de serlo. Los expertos de esta institución aportaron información sobre la huella que dejan las artes móviles, como el arrastre, pero no de las fijas. En este grupo se encuadran el palangre, las almadrabas o las nasas, histórica y merecidamente calificadas de muy selectivas. Y tampoco desgranaron cómo estas últimas mellan el fondo del mar, si es que lo hacen, porque no existe ningún estudio que aporte luz al respecto. “La huella bentónica [en el fondo del mar] y los impactos de estas artes también se desconocen en gran medida”, dice de forma textual el estudio del ICES, como desveló este periódico.
Pero Bruselas no solo ha decretado el veto a la pesca de fondo aún a sabiendas de que carecen de datos científicos que lo avalen, sino que obvió deliberadamente realizar un estudio socioeconómico que había de fijar los motivos y eventuales medidas paliativas para la flota. “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”. Este es otro extracto del mismo documento, también desgranado por FARO, que evidencia el desprecio de nuestras más altas instituciones a una actividad estratégica en lo económico, lo social y demográfico. De nada sirve que Bruselas ponga en valor las bondades de la industria transformadora de pescado gallega, como acaba de hacer, si fuerza a las empresas a depender cada vez más de la materia prima de terceros países. ¿No era que teníamos que avanzar en la autosuficiencia alimentaria, tras comprobar nuestras carencias como resultado de la invasión de Ucrania?
"El sector pesquero, una vez más, se ha topado en Bruselas con un gobierno comunitario que ejecuta decisiones inexplicables, propias de un régimen absolutista y caprichoso"
De manera inmediata, nueve de cada diez pesqueros gallegos de Gran Sol tendrán que abandonar la actividad o trasladarse a otras zonas de pesca, lo que derivará en una previsible sobreexplotación de parte del caladero por la concentración de buques. Y, como Bruselas se reserva la opción de revisar cada año la dimensión de estos denominados ecosistemas marinos vulnerables (VME, por sus siglas en inglés), quedará a su criterio que la franja atlántica de Europa se convierta en un inmenso acuario por el que sí transcurran miles de buques peligrosos a la semana, que un vertido debe ser menos dañino que los anzuelos del palangre. La Xunta ha calculado que este reglamento afectará a dos de cada diez barcos en activo. Con el arrastre, el palangre y las artes menores, son más de un millar los efectivos que registrarán parte de daños.
De momento, las múltiples deficiencias de este “acto de ejecución”, destapadas por FARO, han derivado en al menos cinco preguntas por escrito a la Comisión Europea, a cargo de los eurodiputados Nicolás González Casares (PSOE), Ana Miranda (BNG) y Francisco Millán Mon (PP), amén de la comparecencia urgente del comisario Sinkevicius y la introducción de este tema en el orden del día en la próxima Comisión de Pesca. Los nacionalistas han solicitado ya la dimisión del lituano.
El hecho de pertenecer a la Unión Europea y de que ésta haya hecho un reparto solidario de los costes de la pandemia, no deben convertir de ningún modo a los gobiernos en títeres a su arbitrio. El Ejecutivo español tiene el deber de formular un recurso contra este acto de ejecución, así como de instar a una paralización temporal de su puesta en marcha, como han anunciado ya las organizaciones pesqueras española o francesa. De ningún modo este sector ha de sufrir las consecuencias de una acción con vicios de nulidad, por cuanto fue adoptada sin los necesarios datos científicos y sin haber evaluado su coste socioeconómico. Y de ninguna manera España puede permitir un mal precedente de estas características.
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