Resultan esperanzadores tanto el mensaje que la Portavoz Nacional del BNG lanzó desde Vigo pidiendo un “frente común” para defender la pesca, como lo que puede considerarse respuesta del presidente de la Xunta, afirmando la urgencia de trabajar juntos, y con otras comunidades afectadas así como con el Gobierno de España. Subrayando, además, don Alfonso, que “Galicia non vai a por unha liorta política con este tema”. Y lo es por razones que, además, se conectan entre sí y permiten que lo que durante mucho, demasiado tiempo, pareció quimera, pueda concretarse de una vez: que esta tierra piense como país y que actúe como tal. Y no hay modo mejor que mediante un esfuerzo parlamentario, porque ahí está representada la sociedad entera.

Pero se necesita otro, en la calle, para –de forma pacífica y rotunda–, demostrar a quien tenga dudas o no quiera verlo que es el antiguo Reino, en su totalidad y no sólo los políticos, el que rechaza lo que supone una prohibición de trabajar. Y además basada en informes parciales, sectarios e incompletos, en algunos casos manipulados por los lobbies, más poderosos sobre el papel de lo que aparentan, pero con fuerza electoral que, sin ser demasiada, sí alcanzaría para la formación de gobiernos de coalición en algunos de los países más importantes de Europa. Y esa presión de los grupos, a través también de organizaciones que, en defensa de sus propios intereses, organizan “cruzadas” ecologistas cuyos ecos sirven para limitar derechos.

(Conviene detenerse en ese concepto: el de los derechos de pesca. Que son históricos y reconocidos, y que no excluyen en modo alguno el general, la obligación de limitar las capturas en determinadas especies en peligro. Algo que los pescadores saben mejor que nadie, porque en ello les van las vidas y haciendas, lo que obliga no sólo a cumplir las normas, sino muchas veces a vigilar de que otros hagan lo mismo. De forma especial, los países terceros que no atienden a ninguna, pese a lo cual la Unión sigue aparentando ignorar que buena parte del pescado que consume su mercado procede de esas otras floras, incumplidoras tanto de leyes como de reglamentos. reglamentos. C´est la vie).

En ese escenario, el honrado consejo de la pesca gallega, que acaba de reunirse con el presidente Rueda y la conselleira Quintana para analizar la situación, constata que lleva las de perder si no se hace algo de inmediato: acudir a los tribunales. Y solicitar, individualmente o desde el Estado, la suspensión de la disparatada normativa que entrará en vigor en una semana, más o menos. Eso daría tiempo a buscar la entrada en razón del comisario europeo y su adosada directora general, que llevan adelante un esquema de “protección” que ni siquiera establece con rigor las medidas de profundidad de algunos caladeros y contra la voluntad expresa de España e Irlanda y la abstención de casi todos los demás: lo nunca visto en la UE. Hasta ahora.

Así las cosas, la llamada de la señora Pontón no sólo merece ser escuchada por lo que representa: también porque puede significar, si las cosas se hacen como deben, una posibilidad de que Galicia, por fin, piense y actúe como país. Y tiene incluso una importancia mayor porque el Bloque, que durante muchos años fue conocido –no siempre con justicia– como el “partido do non”, ahora impulsa un “sí” al que parece unirse el presidente de la Xunta –lo que quiere decir el PPdeG– y ojalá que otros. La semilla de un acuerdo está sembrada: ahora sólo falta que los que han de propiciar que dé fruto no la estropeen. Como otras veces.