Ha dicho, el señor presidente de la Xunta, que en la Administración autonómica hay “experiencia y capacidad de gestión” para garantizar el éxito, y la puntualidad, en el desarrollo y aplicación de los planes de ayuda social que anunciaba, más que probablemente, antes de llevarlos al Consello de pasado mañana. Y no habría nada que matizar, y mucho menos que replicar, al anuncio de don Alfonso, ya que se trata de algo muy concreto, con cifras y plazos de ejecución, requisitos todos ellos que convienen no por duda o sospecha de incumplimiento, sino más bien –con la venia de su señoría– porque se habla de la Administración, lo que equivale a hacerlo de la burocracia.
Es cierto que con el mero hecho de citarla (la burocracia), a más de un administrado se le ponen los pelos como escarpias. Y, en ese terreno, aunque no sirva de consuelo, aporta dolores de cabeza tanto la Administración gallega como la española o la europea. Por eso está bien lo que el señor presidente hace, porque hay que dar moral a la tropa, pero su experiencia tras cuatro legislaturas, primero muy cerca y ahora en la cúspide, le ha demostrado –aunque su prudencia le empuja a disimularlo mientras trata de ir corrigiéndolo– que el problema principal, al menos para los administrados, es que la “capacidad de gestión” que cita es bastante más que dudosa. Con perdón.
Conste que las dudas no surgen por el funcionariado, sino a causa de la selva normativa y documental que la gente del común tiene que soportar para ir sorteando los obstáculos que esa selva la separa de los resultados que demanda. El señor Rueda Valenzuela sabe tan bien como el que más que el “aparato” necesita no ya un engrase o una reparación de las piezas que de tanto uso se han vuelto inservibles sino, expuesto con franqueza, un cambio radical. Que no pasa por la sustitución masiva –al menos no por ahora– de los trabajadores humanos por robots mecánicos, aunque algunos puedan necesitarse, sino por la radical liquidación de trámites que en la práctica se demuestran inútiles.
Item más. La modernización de la “maquinaria” requiere también una reducción drástica de los procedimientos, aunque sin mermar las garantías que el sistema ordena para todas las partes implicadas. O sea, una revolución administrativa que, por cierto, no es la única históricamente pendiente, pero desde luego sí la que más trabajo dará a quienes lo intenten y mayores –quizá– ingentes cantidades de dinero supondrá. Y en este punto podrían citarse de nuevo los precedentes como elemento argumental del escepticismo de quien expone esta opinión. El motivo es claro: siempre que se toca lo económico, quien lo intente debe disponer de un seguro político a todo riesgo. Por si acaso.
Hay ejemplos que dejan claro. Uno de ellos habla de que la lista de dependientes a la espera del pago de las ayudas a las que tienen derecho es ya de un año: lo que puede tener varias razones, pero pocas convincentes. Sobre todo si cuando llegue el momento de pagar, el beneficiario ya hubiese fallecido, lo que no es descartable. Por todo lo expuesto, desde una óptica personal procede concluir que el anuncio del jefe del ejecutivo autonómico será tanto más positivo cuanto más ágilmente se cumpla y eso requiere embridar a la burocracia. Don Alfonso lo sabe, tiene la capacidad política y el apoyo parlamentario que precisa y, de hacerlo, sin duda dejaría huella en la historia. Aunque eso sería lo de menos: mejor es el beneficio a la sociedad gallega.
