Parece interesante, la verdad, el anuncio del señor presidente de la Xunta de explicar al Parlamento las líneas generales de los presupuestos de la comunidad para 2023. Y lo es –interesante– no solo porque supone una novedad, un cambio con respecto a lo que hacían sus predecesores, si no algunas otras razones, entre las que no es menor la posibilidad que se ofrece a la oposición de disponer de un margen temporal mayor para analizar algo que a veces no se tiene muy en consideración pero que, en el fondo, tendría que ser objeto de atención prioritaria: el espíritu de las cuentas. Ell, en principio, habría también de propiciar situar los debates en un nivel algo más elevado que hasta ahora.

No es que se reclame la cuadratura del círculo, conste. Solo evitar que las casi siempre acaloradas discusiones entre los grupos parlamentarios, y que nunca llevan a parte alguna, se conviertan en algo que va de suyo con el oficio. Aunque exista una razón básica para el desacuerdo, y es que al fin y al cabo se trata del programa económico de un Gobierno que ganó las elecciones y por tanto tiene un compromiso con quienes le dieron la victoria. Por ello a oposición, aún votando en contra, debería procurar algún tipo de acuerdo, siquiera mínimo para atender los intereses de quienes la respaldaron. Es por eso por lo que todo cauce que sirva para entenderse en vez de abroncarse, ha de ser bienvenido, aunque el modus en que aquí se hace política lo pone difícil.

Algo parecido a lo que se deja expuesto, que naturalmente es opinión personal, podría aplicarse al debate sobre el Plan Estratégico que hasta 2030 la Xunta sometió a la Cámara y que se aprobó con solo los votos del PPdeG. Un balance extraño, puesto que el Partido Socialista obtuvo un buen puñado de iniciativas aprobadas por la mayoría absoluta de sus rivales y sin amargo votó en contra: el BNG también, pero sus propuestas son en su gran mayoría negadas de entrada. Y se manifiesta extrañeza por lo que subyace que cuando menos aparenta que la minoría pretende imponer su propio criterio a la mayoría y, cuando no lo consigue, que es lo natural, denuncia “rodillos” y, si logra algún resultado, incluso parcial, luego de facto lo rechaza al dar un “no” al total.

En este punto procede dejar claro que no se pretende defender la conversión del Parlamento de Galicia en una institución en la que prevalezca la sumisión a la mayoría pero tampoco el absurdo de que la minoría imponga sus programas bajo el pretexto de que la aritmética no da la razón. Que es una verdad, pero más propia de la filosofía que de la política y que, en un escenario imaginario, se convertiría quizá en regla –según los argumentos, claro– pero que en la vida parlamentaria no funciona. Aunque conviene no olvidar que el Tribunal Constitucional, en un caso procedente de la Cámara gallega –sobre el Prestige–, se pronunció en favor de que las mayorías deben respetar el derecho de las minorías.

La moraleja podría ser que todos los que creen en una democracia seria, seguramente compartirán la opinión de que la máxima representación de ese sistema de libertades es el Parlamento, de donde emanan las leyes que garantizan su ejercicio. Y, expuesto con todo respeto, la propuesta del señor Rueda Valenzuela que se comenta, va en la buena línea de fortalecer el diálogo mediante su mejor valedora: la información no solo de la letra, sino para evitar dudas o malas interpretaciones, también su espíritu. En ese sentido, la novedad anunciada por don Alfonso merece la pena y debería estudiarse con la misma generosidad con la que se ofrece.