Parece probable que entre los mayores disgustos de los gobernantes –al menos de los serios, que no abundan demasiado en esta época– sea comprobar cómo fracasan sus medidas para mejorar la vida de los gobernados. Sobre todo, claro, en lo que se refiere a la economía, y de forma específica a la doméstica, ya que es la que se ocupa de los asuntos primarios pero vitales, como el comer, vestir o, en fin, el vivir cotidiano que incluye los gastos que supone llegar a fin de mes cada uno de los que forman el año. Y que ahora mismo, y más que probablemente con mayor evidencia en un próximo futuro, es una auténtica hazaña para una parte considerable de la gente del común.

Todos los que piensan mal, que constituyen un cada vez más alto porcentaje de la población, comparten la sospecha de que el disgusto de que se habla tiene sobre todo un contenido electoral. En el sentido de que los malos datos puedan influir en los resultados de las primeras elecciones que “toquen”, y estos en las siguientes. Y es más que probable que sea así, lo que no impide que sus políticas sigan la ortodoxia de la ciencia económica, aunque existan dudas fundadas de su eficacia. Y así lo manifiestan especialistas en la materia, entre ellos el profesor universitario don Xesús Veiga Buxán al referirse a la situación actual y sus efectos en un futuro inmediato.

El también exdiputado en el Parlamento gallego, cuando tras afirmar que encarecer el precio del dinero es un instrumento teóricamente eficaz contra un mal tan grave como la inflación, advierte que “puede haber algún matiz”. Y concreta que subir los tipos de interés cuando influyen no tanto causas específicamente económicas –que, como la pandemia, la guerra en Ucrania con sus efectos directos y colaterales– es arriesgado. Entre otras razones, porque en este momento, hacer más caros los préstamos al subir los intereses y reducir la circulación de dinero quizá cause más daño que beneficio, sobre todo a la gente del común con hipotecas o a la mediana y pequeña industria, comercio –o cualquier negocio de ese tamaño–, que serán los primeros afectados.

En este aspecto, hay también quienes creen que la decisión de subir los tipos de interés, adoptada –como corresponde– por el Banco Central Europeo es “de manual” pero, quizá, influida por otros factores. Entre ellos, uno que, en lenguaje coloquial, podría definirse como un motivo de “mala conciencia”: en la crisis del 2009-2012. la UE mantuvo casi a toda costa su norma de límite del déficit público, aun con ayudas, y eso provocó grandes problemas en varios socios. Ahora, tras el COVID-19, la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania, “abrió la mano y aflojó las riendas”, con prórrogas en el asunto del déficit.

Hay otro daño para Galicia: a partir del hecho de que España es el peor de los países de la Unión –según una información de Bruselas– en la gestión de los Fondos Europeos, y de que este Gobierno mide selectivamente la información sobre las cuantías recibidas, y oculta los criterios de reparto, se abre un territorio fácil para las desigualdades, de las que este Reino sabe bien. Por eso, dado que la Xunta no ha elaborado una estrategia –dentro de sus competencias– para afrontar lo que viene, puede sorprender poco que sus cifras causen un disgusto adicional: la inflación aquí en agosto fue del 11%, frente al 10,5% –tres décimas menos que en julio– la media española. Es obvio que hay que ponerse a pensar, y rápido, en qué hacer para corregir esto, porque quiere decir que en Galicia se vive peor, y “cunde” menos el dinero.