¿Precios regulados?

Una de las excepciones que justifica topar los precios que pueden cobrar las empresas es cuando nos hallamos ante escenarios especulativos, como el que vivimos con las mascarillas en la pandemia. Aunque la necesidad de intervención fue transitoria. Al poco tiempo, la oferta se expandió enormemente, la especulación cesó y los precios se situaron muy por debajo de los límites fijados. Otras excepciones tienen que ver con productos y servicios muy concretos y conocidos, como la energía, o las llamadas telefónicas a números especiales, para proteger al consumidor de abusos.

Sería una mala idea intentar imponer precios máximos a los alimentos. En cambio, tiene todo el sentido que el Gobierno anime a que, voluntariamente, las grandes cadenas de distribución se comprometan a ofrecer cestas de productos básicos de sus marcas blancas, con precios muy ajustados, que permiten que los hogares más vulnerables puedan seguir accediendo a ellos en un escenario de inflación y desaceleración económica.

Sin duda, esa venta, a precios por debajo de lo que dictaría un ejercicio razonable de contabilidad de costes, es un ejercicio de solidaridad y compromiso, de patriotismo, en un momento difícil, en un momento de guerra en Europa. Y, como tal, debería ser reconocido y valorado por los ciudadanos que no afrontamos esas estrecheces; y recordarlo a la hora de decidir dónde hacemos nuestras compras.

La lógica es similar a la de la producción medioambientalmente sostenible; a la clara apuesta por productos del territorio como la que despliega la principal empresa de distribución gallega, Gadisa; o a la asunción voluntaria de un código de conducta de fabricantes y proveedores, como hace, por ejemplo, Inditex. La empresa de Arteixo podría fabricar más barato y ganar más. Pero opta por un comportamiento ético que no le impide tener un negocio de éxito y que hace que muchos la admiremos por muchos motivos. Y lo anterior acaba pesando a la hora de decidir dónde compramos la ropa o la comida.