Sofico fue el primer fraude inmobiliario de grandes proporciones en la historia de España, que estalló precisamente en las postrimerías del franquismo. La gran estafa salió a la luz a finales de 1974 y puso al descubierto unas cuantas vergüenzas del negocio turístico.
A pesar de que el cuerpo del delito por así decirlo se encontraba en la Costa del Sol, a muchos kilómetros de Pontevedra, su repercusión se dejó sentir en esta ciudad cuando Sofico presentó la suspensión de pagos. El agujero patrimonial se estimó en unos 10.000 millones de pesetas.
Sociedad Financiera Internacional de Construcciones (Sofico) echó a andar en 1962 por iniciativa de Eugenio Peydró Salmeron. La construcción, venta y alquiler de apartamentos turísticos figuró como principal objeto social. Durante los primeros diez años, el negocio marchó como un tiro, en buena medida gracias al goloso interés que ofrecía y siempre pagaba a sus inversores: primero un 10% neto anual, que luego elevó hasta el 12%. Al principio, vendía una vez terminados los apartamentos; al final, no disponía siquiera de los solares.
Cumplida una década sin sufrir ningún contratiempo, el holding salió de sus cuarteles de invierno y en 1973 inició una política que calificó de “puertas abiertas”. Entonces comenzó a organizar presentaciones por toda España para mostrar “el maravilloso mundo de Sofico” a unos invitados cuidadosamente escogidos en cada localidad con arreglo a su relevancia profesional y social.
Así fue como llegó aquel año a esta ciudad y ofreció un coctel a media tarde en el Hotel Rías Bajas. La presentación contó con la asistencia de la primera autoridad local, el alcalde Augusto García Sánchez, persona de honorabilidad reconocida, entre otros invitados distinguidos.
Sofico desembarcó en Pontevedra con un nutrido equipo encabezado por el jefe de zona, José Luís Fraga, y su adjunto Ignacio Elorza, acompañados del personal asesor y comercial, los señores Pombar, Alameda, García de la Peña, Abejón y Castillo. Tras la proyección de una película que mostraba los edificios de apartamentos en Marbella, Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola, se abrió un coloquio para disipar cualquier duda entre los potenciales inversores locales.
“No hay secretos en nuestra organización -dijo Fraga con rotundidad en aquella ocasión-, ni sobre proyectos, ni sobre realizaciones. Llevamos diez años cumpliendo siempre lo que prometemos”. La impresión causada parece que fue más que buena entre los pontevedreses asistentes.
A principios del año siguiente, la prensa catalana se hizo eco de un rumor callejero, según el cual Sofico pasaba por dificultades económicas, e incluso llegó a apuntar una posible suspensión de pagos nunca presentada.
El presidente del grupo reacción enseguida y negó con rotundidad su falta de solvencia. Todo iba bien; no había motivo de preocupación. Ante el nerviosismo mostrado por algunos inversores, el holding tuvo capacidad para devolver su dinero y acallar cualquier voz incómoda. Una gran campaña publicitaria hizo el resto y zanjó el incómodo asunto.
Sofico siguió adelante con su estrategia comercial de cercanía y transparencia, y eligió A Coruña para celebrar su primer consejo de administración fuera de Madrid. Hasta allí se desplazaron sus principales directivos, con la finalidad de inaugurar una nueva oficina encargada de atender todas sus operaciones en el Noroeste de España. El mismísimo capitán general de la Octava Región, Carlos Fernández Vallespín, asistió al ágape que reunió a la flor y nata de la capital herculina.
Pocas semanas después, Sofico repitió visita comercial a Pontevedra a finales de marzo de 1974 y ofreció un coctel en el Liceo Casino, con el mismo formato que el año anterior. José Luís Fraga seguía como responsable de zona, en tanto que Teodoro Pombar Cendón mantenía su condición de representante en la provincia de Pontevedra.
Cuando Sofico hizo crac en diciembre de aquel año, muchas víctimas de la estafa piramidal no podían creérselo; habrían puesto la mano en el fuego por su solvencia financiera.
Los damnificados pontevedreses enseguida organizaron una reunión, en donde estuvo presente el “hombre de Sofico” como un perjudicado más, porque no había percibido sus últimos honorarios y desconocía por completo la realidad del holding. Entre todos ellos se estimó de 30 a 40 el número de personas afectadas en esta ciudad.
Un grupo de médicos relacionados entre sí habrían invertido conjuntamente catorce millones; un propietario y financiero habría comprado hasta siete apartamentos; un conocido industrial también habría puesto una parte de sus ahorros en manos de Sofico…. Sus nombres nunca aparecieron en los periódicos porque trataron de ocultar sus vergüenzas y reclamaron una cierta misericordia para sobrellevar su doloroso calvario.
El caso más conocido entre la clase médica y farmacéutica -los más afectados- fue Adelaida Herreros Corrales, mujer muy querida por su clientela, que habría comprado tres apartamentos. Su inversión aproximada rozaría los doce millones, pero nunca recibió las escrituras a su nombre, igual que el resto de los estafados. Todo era papel mojado.
Víctor Lorenzo Filgueira, letrado del Ayuntamiento, publicó aquellos días un controvertido artículo en la prensa local poniendo en solfa a los inversores pontevedreses en Sofico. El respetado abogado lamentó que se hubieran dejado llevar por los cantos de sirena de aquel caballito de mar -el logo del grupo- y hubieran preferido invertir sus ahorros fuera de Pontevedra y no en su ciudad por mero lucro económico, con un resultado “digno de compasión”. Más de un afectado parece que encajo el reproche con bastante dolor.
Los perjudicados pontevedreses decidieron contratar un abogado para defender sus intereses y tratar de recuperar sus inversiones. Hasta la conclusión definitiva del proceso concursal pasaron muchos, muchos años; tantos que el caso Sofico cayó en el olvido general, y nunca trascendió si recuperaron una parte mínima de aquellos ahorros o si desistieron de tan larga espera.
Si Sofico fue la última gran estafa registrada antes de la muerte de Franco, Fidecaya fue la primera que saltó después, en plena Democracia. Más tarde, surgieron los fraudes de Forum Filatélico y Afinsa, las firmas de sellos. Al igual que la primera, también los otros tres casos provocaron un serio descalabro en los ahorros de unos cuantos pontevedreses.
No se hizo justicia y todo quedó en nada
Los números hablaban por si solos: 47 edificios repartidos por la Costa del Sol, entre Málaga y Marbella, que agrupaban 5.129 apartamentos y sumaban 16.489 camas. Esto era Sofico al estallar su crac financiero. Sorprendentemente, el impago de 15.000 pesetas por un problema de falta de liquidez desencadenó el escándalo El accionista Francisco Borreguero Gil, que había invertido un total de 500.000 pesetas, no quiso esperar un solo día para cobrar los intereses adeudados y presentó una demanda judicial el 28 de noviembre de 1974. A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron a una velocidad endiablada Sofico Renta pidió la suspensión de pagos el 2 de diciembre, y el mismo camino siguieron en días sucesivos Soficio Inversiones, Sofico Vacaciones y Sofico Servicios Turísticos. Aquel poderoso holding se vino abajo como un castillo de naipes. La oficina de A Coruña cerró sus puertas el día 9 sin dar respuestas a unos accionistas estafados y con sus trabajadores desolados. Ante la envergadura del caso, la maquinaria judicial designó dos jueces: Daniel Ferrer, juez decano de Madrid, para la parte penal, y José Ignacio Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial, para la parte civil. Sofico puso siempre por delante para avalar su solvencia el buen nombre de los integrantes de su consejo de administración. Cuando estalló el escándalo, el presidente Eugenio Peydró Salmerón y su hijo Eugenio Peydró Brillas, consejero delegado, contaban como vicepresidente con el teniente general Rafael Cabanillas Prosper, ex presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Hasta dos años antes había ocupado otra vicepresidencia el teniente general Rafael García Valiño, pero su muerte en 1972 le evitó aquel mal trago. El resto del consejo estaba compuesto por el coronel de la Guardia Civil Juan Losada Pérez, ex jefe de seguridad de Franco; el teniente coronel del Aire, Juan Martínez Pariente, y el abogado Hipólito Jiménez. El magistrado Segismundo Martín, presidente de la Audiencia de Albacete, y José Mª López Pelegrín, intendente de Hacienda, solicitaron su baja como consejeros unos meses antes y también se libraron de aquel escarnio público. El fiscal que investigó la estafa, José Antonio Martín Pallín, solicitó infructuosamente el procesamiento de todos; sin embargo, el juez consideró que nunca participaron en las decisiones ejecutivas de Sofico. “Eran hombres de paja que daban imagen de solvencia. El presidente hacía y deshacía a su antojo”. Solo Eugenio Peydro y su hijo fueron procesados y pasaron algunas semanas en prisión, pero enseguida salieron en libertad. El juicio en la Audiencia Nacional se celebró en 1987, trece años después de estallar el escándalo. Peydró padre fue condenado a nueve años de cárcel por los delitos de falsedad y estafa, pero falleció a los pocos meses, mientras que Peydró hijo fue condenado a dos años y cuatro meses como cómplice. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó en 1991 la sentencia de la Audiencia Nacional.
