Suscríbete

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

VUELVA USTED MAÑANA

Indultos y sumisión a la ley

Las opiniones son solo opiniones y, normalmente, reflejan una posición personal condicionada por la mayor o menor sintonía con lo opinado y el sujeto afectado. La opinión de quien no es técnico en una materia no debe confundirse, cual sucede con frecuencia, con la propia de quien es perito en cada ciencia o saber, pues esto último requiere de conocimientos que solo se adquieren tras procesos de aprendizaje sólidos prolongados.

El posible indulto a Griñán está siendo objeto de comentarios, que no análisis, de lo más variado y algunos de ellos fruto del desconocimiento jurídico; incluso, me atrevería a afirmar, peligrosos para el sistema democrático por afectar a sus instituciones más elementales. En ocasiones hay opiniones que, sin quererlo, pueden provocar profundas crisis sistémicas.

Se debe partir de un hecho cuya ignorancia abre la puerta a consecuencias que se omite valorar, pues afrontarlas exigiría aportar una alternativa que no se ofrece por su evidente riesgo. Lo juzgado es y debe ser tomado como verdad, pues no hay más verdad, a efectos jurídicos, que la que resulta de una sentencia. Esa es la verdad oficial y la que produce plenos efectos jurídicos, siendo obligado cumplir las sentencias y prohibido actuar contra las mismas, especialmente por parte de los poderes públicos. No estar de acuerdo con una sentencia solo tiene valor para el debate, pero lo dicho en sentencia no puede ser desatendido en caso alguno y no cumplido. Un concepto este elemental en derecho. De no ser así, habría que establecer otra verdad sustitutiva y que ofreciera seguridad jurídica y ésta, obviamente, no puede ser la de cada partido, medio de comunicación o persona, pues cada una de ellas tendría igual legitimidad y fuerza de obligar. Un caos.

La sentencia que condenó a Griñán por delitos de malversación y prevaricación puede ser discutida, analizada y criticada, pero nunca desatendida o no ejecutada por vía directa o indirecta. Y el indulto, sobre la base de las razones que se ofrecen por quienes lo apoyan, no es otra cosa que incumplimiento de la sentencia por rechazo a sus conclusiones y fallo. Contrario a la Constitución y arbitrario.

Es cierto que la condena afirma que Griñán no se benefició directamente de la malversación y que su intervención consistió en consentir ésta por parte de terceros y en favor de su partido. Pero también lo es que su conducta fue delictiva, pues es delito lo que el TS afirma, aunque a algunos les parezca que deban prevalecer sus argumentos de justicia contrarios a lo que el Código Penal establece. Igualmente que la sentencia contó con votos particulares, muy razonados. Pero este hecho, normal y frecuente en los máximos tribunales, no implica deslegitimación del fallo. Es la mayoría la que imprime el carácter a la sentencia, no la unanimidad. De ser así se podría afirmar que las leyes que se aprueban con escaso margen serían también ilegítimas.

Pues bien, los apoyos al indulto hasta el momento ofrecidos se basan en estos razonamientos, que parten de la idea de “injusticia”, de rechazo al fallo sobre argumentos que descalifican la sentencia, de error judicial y que, en definitiva, persiguen no tanto el perdón, como no ejecutar un fallo que, siendo legal, es visto como ilegítimo desde posicionamientos carentes de valor jurídico. Y argumentos de naturaleza estrictamente política y contrarios a los fundamentos de nuestro sistema constitucional. El Poder Ejecutivo, por tanto, con base en las razones que se ofrecen, no indultaría por las causas que la ley de indulto permite, sino que se adentraría en el peligroso terreno de ignorar las resoluciones judiciales al considerar que las mismas, siendo legales, no son justas. Es decir, suplantaría al Poder Judicial.

La ley de 1870 posibilita el indulto por razones de justicia, equidad o utilidad pública, pero tales conceptos nunca coinciden, ni pueden coincidir con el rechazo a la sentencia, con la atribución al fallo de un carácter injusto. Esa no es la interpretación de la norma, ni jamás el Poder Ejecutivo ha actuado en este sentido en democracia. Indultar por considerar que el fallo no se adecuó a la ley es convertir al gobierno en juzgador por encima de los tribunales y postular un indulto afirmando que la sentencia fue errónea. Propio de las dictaduras aunque, de nuevo, la precipitación y la parcialidad fomenten el debilitamiento de las instituciones.

De concederse el indulto por los motivos que la opinión próxima ofrece, podría suceder que el mismo se revocara por su manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad en tanto incurriría en arbitrariedad, lo que el TS ha afirmado puede valorar al punto de controlar el derecho de gracia. Injusticia, en el ámbito del indulto, se refiere a los efectos del fallo en la persona, por ejemplo, una condena a prisión a un toxicómano ya rehabilitado, pero no, naturalmente, al mismo fallo judicial que convertiría, se repite, al gobierno en la última instancia judicial. Un desatino que algunos opinantes no llegan a ver al adentrarse en terrenos que les son ajenos.

Pero los tiempos parece que no están para finuras jurídicas y que lo político mal entendido es la razón de todo, olvidando, como decía Séneca, que la ambición desmesurada de poder es imposible de saciar. Ante ésta, las instituciones son el único freno y la democracia y la división de poderes, el único límite eficaz. Bien lo saben, por lo que atacar aquellas y éste es el objetivo de los que anteponen su ambición a toda otra consideración. Y con el apoyo muchas veces irresponsable de quienes deberían meditar sus palabras antes de exponerlas.

*Catedrático de Derecho procesal de la UA

Compartir el artículo

stats