Es septiembre y se acerca ya el momento en que la Comisión va a decretar una medida de prohibición de la pesca en ciertas áreas, que constituye a mi juicio una absurda agresión a una más que necesaria actividad y con muchas connotaciones sociales negativas. En artículos anteriores argumentábamos que a nuestro juicio la Comisión había incumplido lo dispuesto por el principio de proporcionalidad. Pero queremos insistir ahora en otro hecho significativo: esta medida que se pretende adoptar no es que esté en línea por los objetivos estipulados con toda claridad para la Política Pesquera Común en los Tratados, sino que va en contra de manera clamorosa contra ellos. Nadie está legitimado para adoptar decisiones que incumplan lo dispuesto en los Tratados, ni tampoco ninguna medida basada en otra política puede justificar tal agresión.
La medida de prohibición propuesta es restrictiva de la producción y nadie puede demostrar lo contrario. Recordemos que los objetivos de la PPC están claramente definidos en el artículo 398 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El apartado 398(1.a) persigue el aumento de la producción agrícola y del empleo y esta medida va radicalmente en contra de este objetivo, así como del resto de los objetivos ya que: ni va a garantizar un nivel de vida equitativo a la población pesquera (Artículo 39 1-b), ni ayudará a estabilizar los mercados (Artículo 39 1-c), ni garantizará la seguridad en los abastecimientos (Artículo 39 1-d), ni tampoco asegurará al consumidor suministros a precios razonables (Artículo 39 1-e), y todo ello ¡en un período inflacionista y con el trasfondo de la guerra en Ucrania y la crisis general de suministros de todo tipo!
Pero esta medida de prohibición de pesca en una zona muy amplia también va en sentido contrario al artículo 32.2 del Tratado, que establece que al tratar de alcanzar estos objetivos hay que tener en cuenta las características de las poblaciones concernidas, la necesidad de adoptar las medidas gradualmente y el hecho de que la actividad agrícola y pesquera constituyen un sector estrechamente vinculado a la economía. O sea que con la propuesta de los iluminados expertos (si es que los hubiera) de la Comisión, se pretende adoptar una medida que va radicalmente en contra de los objetivos legales de la PPC y de la crisis global en la que estamos inmersos. Como diría Obélix : ¡están locos estos romanos!
"Preocupa mucho que no se consulte a los órganos consultivos previstos en los Tratados y se dé prioridad a otras consultas esotéricas en las redes sociales"
Me preocupa el caso no solo porque creo que va a tener una repercusión muy negativa en la pesca europea, sino que mi preocupación va más allá. ¿Qué tipo de Unión Europea estamos construyendo, donde la Comisión que es la guardiana de los Tratados parece ser la primera en desviarse de lo que disponen los Tratados? ¿Se está convirtiendo la Unión Europea en una burocracia, donde lo que piensen los ciudadanos se supedita a una supuesta “ilustración” del Colegio de Comisarios y de una DGMARE que cada vez es menos MARE? ¿Cómo se puede justificar una medida que también va en sentido contrario del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que tiene como objetivo el promover el progreso social y un alto nivel de empleo? ¿Cómo se puede tolerar que se pretenda substituir al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones por consultas en las redes sociales, cuando estos Comités son los órganos consultivos a los que habría que solicitar dictamen si de verdad se quisiera evaluar las repercusiones económicas y sociales de esta disparatada y desproporcionada medida? Preocupa mucho que no se consulte a los órganos consultivos previstos en los Tratados y se dé prioridad a otras consultas esotéricas en las redes sociales que pueden convertir a la Unión Europea en una tiktokracia.
Pero me preocupa también la pasividad política general que parece observarse en torno a esta cuestión. Hay dos ministras gallegas en el Gobierno español y no parecen preocupadas por esta circunstancia. La Unión Europea debe de ser un ejemplo de democracia, ejercicio que comienza por un respeto escrupuloso al ordenamiento jurídico de los Tratados y no se debe de tratar de introducir objetivos que no están contemplados en ellos. Alguien debería, y con urgencia, comenzar a pensar en interponer un recurso de anulación cuando se publique esta medida de forma definitiva. Parece que el más indicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sería el Gobierno español, pero no parece por la pasividad que se observa que esta acción legítima y democrática esté dentro de sus prioridades. Pero eso no excluye que no puedan hacerlo otros actores legitimados para ello. Pero además y en paralelo los parlamentarios de todos los colores deberían de estar achicharrando en el Parlamento Europeo a la Comisión con todo tipo de iniciativas parlamentarias y ¡enseñar la gumía! La tibieza política no lleva a ninguna parte más que a la derrota segura.
