Los incendios forestales, la despoblación, el “invierno demográfico”, la falta de rentabilidad son fenómenos que se abaten como una plaga sobre nuestro sector agroforestal. Está en juego la mera supervivencia de una cultura, una tradición y un modelo de vida característico del conjunto del país y, de un modo acentuado, en el interior de las provincias de Lugo y Ourense. La disminución de población ocupada y desaparición de explotaciones son el corolario de las bajas rentabilidades, en muchos casos negativas, que desaniman a los jóvenes para tomar el relevo en las explotaciones familiares y desincentivan a otros que pudieran pensar en iniciar su andadura profesional en estos eidos.
Pese a todas las evidencias negativas, acentuadas desde nuestra entrada en la UE (1986), los efectos perversos de la globalización y el cambio climático, las administraciones públicas y en particular la Xunta de Galicia, con su panoplia de competencias y capacidad para gestionar los recursos de los Programas de Desarrollo Rural y otros fondos comunitarios, no acaban de ofrecer resultados convincentes de los efectos de su gestión. En una mirada quizá superficial, se detectan infinidad de microproyectos en estrategias locales sin capacidad tractora o vehiculados hacia los habituales captores de subvenciones, empresas ya consolidadas y capitalizadas. Los abundantes recursos disponibles, la amplia demanda de los mismos y su efectiva inversión deben estar fuera de duda, pero necesitaríamos conocer la evaluación de los resultados, los efectos que esta lluvia de millones –1.606,5 solo en el PDR 2014-2020 prorrogado hasta finales de 2022– tiene sobre la realidad socioeconómica a la que se dirigen.
El medio rural en Galicia se muere y los balances siempre optimistas y conclusiones autosatisfechas van a contracorriente del fracaso de las estrategias, su insuficiencia o su mala orientación, o ambas cosas a la vez. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el PDR de Galicia o la Ley 11/2021 de recuperación de la tierra agraria de Galicia son declaraciones e instrumentos bienintencionados que hacen hincapié en la necesidad de crear sociedades equilibradas y cohesionadas, en la importancia fundamental del reto demográfico. Si está definido el diagnóstico y orientados los instrumentos, falta –en Galicia al menos, por su dimensión social, económica y territorial–, situar en el centro de la agenda política de país la cuestión de nuestro sector agroforestal. Con más orientación profesional, más valor añadido neto y más social.
