Es de agradecer que la directora de DG Mare haya visitado Vigo y que haya concedido una entrevista a este diario, mediante la cual hemos podido apreciar mejor el alto grado de desconocimiento real sobre lo que significa la pesca y las implicaciones económicas que tiene la reciente medida de prohibir esta actividad en un área muy amplia de Gran Sol, supuestamente en aras a respetar unos ecosistemas que no han acabado de definir muy bien.
Tampoco está claro que esta prohibición vaya en el sentido de lo dispuesto en los objetivos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, referentes a aumentar la productividad y el bienestar de las poblaciones que dependen de esta actividad que a gritos le están diciendo que la adopción de esta medida va en sentido absolutamente contrario a lo que pretenden los objetivos establecidos en el Tratado.
Pero en cualquier caso la insistencia de la directora general que piensa que esta es una medida “revolucionaria” y que representa el “state of the art” del conservacionismo, dejan entrever que este personaje y quizá la CE, que es la que ha aprobado esta normativa, actúan con ligereza. Al parecer, y en respuesta a una de las quejas sobre esa medida pretendidamente revolucionaria, la directora general de DG Mare espetó un rotundo “fíese de mí que no soy una política”.
Yo creo en el papel de la CE como guardiana de los Tratados, pero precisamente por el hecho de que la UE es una construcción de derecho, es necesario el respeto escrupuloso de lo dispuesto en nuestros Tratados. Me empieza a preocupar como demócrata europeo que creo que soy y pretendo ejercer como tal, esa deriva de la CE de creerse en posesión de la verdad absoluta, en lanzar eslóganes como falsos principios a obtener y que no están especificados en los Tratados e imponerlos de manera expeditiva.
La CE parece haberse aficionado a emplear una táctica de minorizar a los Estados miembros afectados por la normativa para conseguir sus objetivos. En referencia al caso de Gran Sol que nos ocupa es fácil minorizar a los países implicados porque la mayoría de los países europeos no pescan allí y no les afecta la medida.
Pero un abuso de esta práctica puede llevar a infringir serios principios de funcionamiento democrático de la UE y esto no es tolerable, porque creer que un burócrata debe de tener más credibilidad que un político por el hecho de ser burócrata es una barbaridad porque las democracias se basan en la participación política de sus ciudadanos, principalmente a través de los partidos políticos y otras instituciones, que no pueden ser sustituidas por consultas a través de Twitter u otros medios semejantes. Esta actitud soberbia de la CE le lleva a incurrir en errores de bulto y voy a señalar un ejemplo concreto en el caso de las restricciones a la pesca en estas áreas de Gran Sol.
La CE no ha cumplido en este caso con lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la legislación comunitaria, que en el tercero de sus principios generales dice que “La redacción de los actos tendrá en cuenta a las personas a las que el acto esté destinado a aplicarse, para que éstas puedan conocer sin ambigüedades sus derechos y obligaciones. También se tendrá en cuenta a las personas encargadas de aplicar el acto en cuestión”. No parece haber sido el caso y no se puede justificar que esto se ha realizado mediante una consulta abierta por medio de las redes sociales.
La Comisión tampoco ha respetado el Principio de Proporcionalidad contemplado en un Protocolo anexo al Tratado CE que establece que “ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado”. Pues bien, para analizar si el acto propuesto es o no proporcional, “la Comisión debería haber analizado cuantitativamente, como exige el citado Protocolo, las repercusiones de la medida propuesta”, y en este caso es evidente que se trata de una medida desproporcionada, cosa que no ha hecho y al no haber consultado o solicitado dictamen a los Comités correspondientes, es muy dudoso que haya tenido los conocimientos o haya hecho el esfuerzo para ver si este disparate que propone se ajusta o no al Principio de Proporcionalidad.
Pues esto no se puede permitir y parece que solo ahora y ante la contundencia de las protestas la DG Mare está procediendo a realizar dicho estudio. Esto es un ejemplo de muy mala calidad legislativa y el resto de los sectores económicos han de tomar nota de esta especie de despotismo ilustrado que parece haberse apoderado de la CE. Esperemos que el Parlamento Europeo a través de esos políticos, que no parecen gustarle a la señora Vitcheva, sean capaces de parar este y futuros despropósitos en otros sectores de la economía europea.
*Exconselleiro de Pesca
