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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

Luz y Justicia

Hay veces, o eso dicen algunos analistas, en que los hechos dejan desnudas a las palabras y las vuelven inútiles. Y de cuando en cuando ocurre lo contrario, y aquellas se vuelve indispensable no ya para conocer sino para entender los segundos. Es el caso de la organización de familiares de las víctimas de la catástrofe ferroviaria de Angrois que reclamaban, un año más y van nueve, algo tan elemental como “Luz y Justicia”. Luz para conocer toda la verdad acerca de lo ocurrido y justicia no sólo para los fallecidos –ochenta– y los heridos –más de cien–, sino para sosiego de una ciudadanía que tiene derecho a un sosiego que ha de derivar de la atención y solución válida para esas peticiones.

Conste que ambas son inseparables, pero al mismo tiempo difíciles de alcanzar, al menos para plena satisfacción de quienes las reclaman. El tiempo transcurrido, la enorme gravedad del suceso y la complejidad de las consecuencias, incluido el largo proceso judicial y sus vicisitudes no contribuyen a la confianza en que la reparación del daño sea suficiente –aquí no cabe la palabra “satisfactoria” –, pero aún así es obligado que se superen ésas y otras dificultades que puedan aparecer para que ese ruego, que es ya una reivindicación inaplazable, sea atendido. Sobre todo por la Justicia pero también por la Política, que de momento es la que ha frustrado a una sociedad entera, que esperaba una seriedad mayor.

Y es que, dicho desde la confianza plena en que la vista del juicio, que comenzará en otoño, eliminará algunas incógnitas, resulta difícil de asumir que una tragedia de aquellas dimensiones tenga sólo dos responsables, el maquinista y un cargo de ADIF que, por cierto, fue cesado antes de la tragedia. Que en principio se consideró un accidente por la gran mayoría –incluido quien esto escribe– pero que a medida que se iban conociendo algunos detalles, y contradicciones, pareció otra cosa. Tanto que la duda llegó hasta las instituciones europeas, que encargaron un informe cuyas conclusiones no fueron precisamente favorables al sistema ferroviario español. Pero sin resultado, que se sepa.

Quedó citada la más que considerable duración del procedimiento, que provoca la vieja tentación de repetir aquello de que una Justicia lenta es muchas veces injusta. Sin embargo, desde una opinión personal y teniendo en cuenta la endémica escasez de recursos –a pesar de las reiteradas advertencias de sus profesionales– en el mundo judicial, jueces y magistrados merecen la confianza que la sociedad tiene en el único poder independiente que una democracia tiene y que cuando falla, o peligra, pone en cuestión el sistema entero. No es el caso de España, si bien no pocos añadirían un “por ahora”, visto como está el patio tras algunas decisiones anunciadas desde los otros dos poderes.

Sea como fuere, conviene insistir en que el juicio oral ha de aportar luz y justicia. Esto es cosa de la Ley y su aplicación: lo otro, del propio desarrollo de tan compleja vista. Porque hay varias incógnitas básicas que permanecen: por qué se modificaron las condiciones de licitación del tramo; de quién fue la responsabilidad de las medidas de seguridad; qué inspecciones previas a su apertura se hicieron o, finalmente –pero. sin agotar el catálogo– si la inauguración de lo que se llamó “AVE” fue precipitada, tuvo que ver con la relativa proximidad de unas elecciones generales y la supuesta ventaja que para algún candidato tendría anticipar la puesta en marcha. Que la luz, y la justicia, lleguen al fin sosegará al menos a los familiares de las víctimas. Y a la sociedad gallega, que asiste, asombrada, a cómo se le da la espalda a un segundo colectivo de familias afectadas por una catástrofe: el naufragio del “Villa de Pitanxo”.

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