Es de alabar, sin duda, la rápida reacción de la Xunta al anunciar importantes ayudas para todos aquellos que, como consecuencia del azote de los incendios forestales en Galicia, hayan visto destruidas sus viviendas. Reacción, por cierto, que recuerda a la que en su momento tuvo otro gobierno gallego tras el naufragio del Prestige, aunque aquella fue algo más compleja y sobre todo, envuelta en la polémica abierta por la tardía respuesta del gobierno de Aznar y la absurda e incomprensible actitud de este a viajar a Galicia hasta que la crispación se hubiese amortiguado. Fueron, aquellos, días difíciles sobre todo por la sensación de abandono que esta tierra padeció demasiado tiempo.
(Por cierto que, aún sin establecer pautas de comparación, en cierto modo extraña la reaparición, estos días, de una plataforma que se hizo famosa en medio mundo tras el episodio del petrolero: la que se bautizó como “Nunca Máis”, con éxito notable tanto mediático como social. Una reaparición que, en opinión personal, no tiene mayor sentido –aparte del partidario e incluso preelectoral– ni provecho, salvo que algunos puedan buscarlo en lo que daña a la riqueza del país. Solo lo tendría (sentido), quizá, en el caso de que se añadiese al eslogan algo positivo como, por ejemplo, la exigencia del tantas veces reclamado y nunca conseguido “pacto social por el monte”, como remedio. Pero eso no interesa, parece.)
Así las cosas, y tras insistir, porque es de justicia, en destacar la rapidez del Gobierno gallego en la elaboración de un plan de ayudas, proceden un par de observaciones. Sin otra intención que colaborar, desde la lealtad que se supone a cualquier habitante de este Reino, en la salida de una situación que daña lo común. La primera para reclamar de la Xunta agilidad en la distribución y adjudicación de esas ayudas para su aplicación inmediata, que es lo que los damnificados esperan. No puede repetirse aquí de ningún modo el espectáculo vivido por los damnificados de la isla canaria de La Palma, que recibieron –y no todos aún– lo que se les prometió con meses de retraso. O lo de la “renta mínima”.
Para lograr la rapidez y agilidad que se reclama, y que son condiciones claves para cumplir como se debe el objetivo y la promesa, es condición sine qua non que se apliquen medidas para simplificar trámites y eliminar trabas administrativas. Porque, con la supuesta intención de reforzar las garantías, no hacen sino estorbar. Dicho de otro modo, no sería malo aprovechar la tragedia forestal para iniciar en serio la tantas veces prometida y nunca lograda reforma de la Administración, que no es otra cosa que la reducción de la burocracia hasta sus límites imprescindibles. Algo tan difícil que diríase hazaña.
Ya puestos, y hablando de la burocracia, cabe otra reflexión. Y es que en estos días de calor y fuego no han sido pocos los comentarios de gentes del rural que, en referencia a la limpieza de los montes y eso de que el combate contra los incendios debe comenzar en invierno, señalaron que para llevar a cabo esa limpieza hay demasiadas prohibiciones supuestamente protectoras del medio ambiente pero que, de facto, impiden o recortan la eficacia real de esa tarea preventiva. Y sería positivo tener en cuenta ese punto de vista porque podría darse la paradoja de que un exceso de protección. aún bien intencionado, acabe perjudicando casi tanto como el descuido.
